Pese a que hay varios elementos que permiten hacer un paralelo entre lo que vivió Venezuela en 2019 y lo que pasa ahora en 2024, habiendo en común sendas crisis de legitimidad, pienso que en esta ocasión Nicolás Maduro tiene más cartas de triunfo que antes. Partiendo porque Edmundo González no es Juan Guaidó.

Ayer viernes, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicitó a los candidatos que participaron en los recientes comicios y al Consejo Nacional Electoral (CNE) que entreguen “documentos legales de relevancia jurídica” para investigar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales realizadas el 28 de julio. En paralelo, nuevos países se sumaron a reconocer al opositor Edmundo González como el presidente electo. 

Pese a que Maduro anticipó que está "listo para entregar el 100% de las actas", a cinco días de las elecciones todavía se mantienen las suspicacias y las presiones internacionales a la espera de dicha documentación. En paralelo, en el consejo permanente de la OEA fracasó una resolución que exigía a Venezuela revelar la totalidad de las actas electorales. 

En un tenso ambiente de protestas donde se informó de muertos y heridos, la oposición se ha declarado como ganadora con un porcentaje de las actas, mientras el gobierno de Maduro mantiene su postura entre presiones internacionales y el anuncio de término de relaciones diplomáticas con Perú por desconocer los resultados del CNE.

El tribunal electoral venezolano, que está en manos del oficialismo, anunció que el mandatario había obtenido 51% de la votación, frente a 44% de Edmundo González. Su campaña se basó en intimidar a la oposición y en presentarse como víctima de la ‘ultraderecha’ local, de Estados Unidos y de una conspiración internacional en redes sociales en contra suya y su país. Pero también en movilizar a las bases más leales del chavismo.

Con casi ocho millones de venezolanos refugiados en Sudamérica, los comicios de hoy son una elección casi local para los países de la región.

Sisdef provee ingeniería a sistemas de defensa y pertenece en un 90% a Asmar y otro 10% a Coretech, una sociedad constituida en 2010 por altos cargos de la primera compañía y que está controlada por un oficial en retiro de la Armada. La firma adquirió ese porcentaje en condiciones singulares: por ejemplo, una cláusula indicaba que si algún día querían vender su 10%, la empresa pública estaría obligada a comprarlo.