En los últimos quince años, cinco ex directores generales de Carabineros han enfrentado la justicia: Bruno Villalobos, Gustavo González Jure y Eduardo Gordon a los que este martes se sumarán los de Ricardo Yáñez y Mario Rozas por el delito de omisión por apremios ilegítimos ocurridos en el contexto del estallido social. 

INTERFERENCIA revisó cuántos policías uniformados han sido víctimas de homicidio. De los Directores Generales que han comandado la institución desde 2001, el fallecido director Bernales vivió un asesinato cada 114 días, mientras que la dirección actual acumula uno cada 124. Tanto en 2015 como en 2016, durante los mandatos de González Jure y Bruno Villalobos, se registraron 3 homicidios en un mes, al igual que ahora.

INTERFERENCIA accedió a horas de conversación telefónica proporcionadas por la Comisión Funa en las que José Fuentes -hoy en libertad condicional- afirma que contó todo para librarse de una investigación interna en dictadura que lo acusaba de 'comunista'. Gustavo González Jure guardó silencio.

El cumplimiento de la medida cautelar en Escar por malversación de fondos por $1.600 millones desde 2007 no tiene precedentes en 30 años, y está causando molestia en la institución: “En la Escuela son oficiales en formación y ven la impunidad como ejemplo”, opina un carabinero.

Una reunión de mayo de 2019 marcó el quiebre definitivo entre socios y administrativos de la mutualidad. En la ocasión se cambiaron estatutos internos con artimañas cuestionables que motivaron a la PDI a recurrir a la justicia. La Fiscalía Económica Nacional comenzó una investigación sobre los movimientos financieros de la cuestionada mutualidad.

Un documento fechado en junio de 2018 muestra los elevados pagos que la mutualidad de Carabineros realizaba a sus altos mandos, mientras escondía balances a la Comisión para el Mercado Financiero para no evidenciar su precariedad financiera.

Carabineros ha pagado miles de millones de pesos -muchas veces en exceso e incluso de manera ilegal- a más de un millar de funcionarios y ex funcionarios civiles de la institución. ¿El truco? Una oscura ley de 1988 que homologa sueldos y beneficios entre personal civil y uniformado. Muchos de los favorecidos son familiares de miembros del Alto Mando.