Según el borrador del plan Wallmapu del actual gobierno, en 2020 se ejecutaron sólo 18 mil millones del presupuesto de cerca de 76 mil millones, mientras que en 2021 de 63 mil millones se ejecutaron 39 mil millones. "Hay casi 800 comunidades que están en la lista con aplicabilidad esperando que les compren tierras", dijo la consejera nacional de la Conadi, Ana Llao.

Más de 500 comunidades han cumplido todos los requisitos pero llevan años de espera. El año pasado el Estado sólo gastó 5.800 millones de pesos en adquirir tierras, pese a que su Fondo de Tierras y Aguas cuenta con un presupuesto de 76.000 millones. 

Un oficio sobre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), da cuenta que la entidad no tiene un Sistema de Registro de Comunidades Indígenas actualizado.

El ente contralor determinó que no procede que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) entregue dinero como compensación, debido a que el Fondo para Tierras y Aguas Indígenas de la Ley Indígena fue creado para la adquisición de tierras reclamadas. La Conadi ya había sido fuertemente criticada por la disminución de un 19% del presupuesto del mismo fondo para 2021.

Para el próximo año se invertirán 14 mil millones de pesos menos para el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. Además, un informe de octubre de 2020 da cuenta de que no se habían realizado compras de tierras durante todo este año. Desde la entidad indican que, aunque no se ha ejecutado este presupuesto, sí está "comprometido" en un 76%.

Ignacio Malig, director de Conadi, y Sebastián Sichel, ministro de Desarrollo Social, deberán aclarar las razones por las cuales no está disponible un concurso de subsidios para tierras indígenas que favorece -entre otras personas- a la comunidad mapuche a la que pertenece una conocida activista. Además, los consejeros de Conadi exigieron a la autoridad volver a subir los resultados este jueves.

El 14 de mayo la Conadi -dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que dirige Sebastián Sichel- publicó el resultado de un concurso  de subsidio de tierras indígenas, documento que ya no está disponible en el sitio web. En breve lapso, una influyente agrupación regional de derecha enfocada en seguridad se quejó públicamente por el beneficio a Troncoso, quien recibió en 2001 condena por Ley Antiterrorista en un proceso objetado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La autoridad dijo que la comunidad afrodescendiente histórica del norte del país no es sujeto de la Ley Indígena y que sus miembros no iban a entrar a la Conadi, en un tono que ofendió a los aludidos. Esto, pues piensan que las palabras del jefe gubernamental del servicio de asuntos indígenas están destinadas a desprotegerlos de sus derechos. El reclamo se lo hicieron llegar al ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, a quien exigieron un pronunciamiento.

Ignacio Malig fue el jefe de gabinete del director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena nombrado durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Al asumir en 2014 el nuevo director, nombrado por Michelle Bachelet, Malig no renunció a su cargo -como hacen todos los jefes de gabinete ante un nuevo gobierno- por lo que fue despedido. Tras el incidente, el actual director del organismo presentó y perdió un recurso de protección en contra de la institución que hoy dirige.

El abogado de Evópoli, quien recibirá un promedio mensual de $5.652.000, asume el cargo en una convulsionada Conadi que no ha sido capaz de resolver lo que sucederá con la cuestionada Consulta Indígena.