Una investigación da cuenta de cómo distintos ejecutivos y políticos se han pasado de directorios ligados al gremio de la construcción a importantes cargos en instituciones y empresas públicas, y viceversa. Aparecen nombres como René Cortázar, María José Záldivar, Fernando Coloma, Alberto Etchegaray, Fernando Echeverría y Carlos Hurtado.

La U. de Talca ha destinado más de 270 millones anuales desde 2014 en financiar un programa de cooperación con la Corporación de Estudios para Latinoamérica —centro de estudios de la vieja guardia concertacionista ligada principalmente a la DC— que se extenderá al menos hasta 2022. El rector democratacristiano, Álvaro Rojas, impulsó el acuerdo en 2014, lo que genera dudas en la interna considerando el destino de estos dineros públicos.

El ex ministro de la Concertación recibió $69,3 millones en 2020 como remuneración por su rol como director de Inversiones La Construcción, sociedad ligada a la Cámara Chilena de la Construcción, y controladora de Habitat junto a Prudential, cuya principal fuente de utilidades fue la AFP (60%). Además, Cortázar ha recibido aportes de campaña de ex altos ejecutivos ligados a la firma.

“No son 30 pesos, son 30 años” fue uno de los lemas del estallido social que desembocó en el actual proceso constituyente. Pese a que la frase incluía los 20 años de gobierno de la Concertación, varios personajes que protagonizaron los años de este conglomerado ahora buscan ser parte de un proceso en el que la movilización social no los tenía considerados.

El doctor en sociología y académico de la Universidad Alberto Hurtado, Pablo Pérez, es enfático en aclarar que aunque la clase media existe en Chile, es un porcentaje de la población mucho menor del que se cree; caracterizado por profesionales o personas con cargos gerenciales o de supervisión. Ya está lejos-según su estudio publicado en 2018- la época en que una secretaria o un cajero de banco podían ser considerados de clase media.

En su calidad de economistas expertos, ambos ex ministros han criticado los retiros del 10% de los fondos de pensiones. Pero no han transparentado que son directores de Frontal Trust y Volcom, respectivamente, gestoras que manejan más de US$ 350 millones de las AFP.