El pasado viernes 20 de enero, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz Vallejos (Ind-FA), reclamó a través de un comunicado acusando que el municipio que lidera se vio obligado a entregar la recepción de obras de dos edificios en los que existieron irregularidades en su construcción. 

El líder comunal afirmó que el sector que lidera enfrenta una de las peores crisis “urbanas y medioambientales del país, a partir de la proliferación de megaedificios, cuyos permisos de edificación fueron otorgados de manera ilegal y torciendo la normativa por las administraciones municipales anteriores”, apuntando que dichas construcciones han generado “graves problemas de convivencia, seguridad y falta de equipamiento, con cerca de 90.000 personas que han llegado a vivir a Estación Central en los últimos 5 años”.

El alcalde comunicó que la Dirección de Obras Municipales de Estación Central “se ha visto obligada a conceder la recepción final de dos edificios: uno de Inmobiliaria España y otro de Inmobiliaria Conquista Godoy”.

Los dardos en particular apuntaron a una decisión tomada por la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda el pasado 27 de diciembre, cuando ante una consulta de la Inmobiliaria España, terminó emitiendo “un pronunciamiento técnico, señalando que nuestra Dirección de Obras (DOM) se encuentra en el “imperativo” de otorgar la recepción final a aquellos edificios que la soliciten, aunque hayan sido construidos contraviniendo la normativa urbanística”.

Por lo anterior, tomando en cuenta que el estamento depende técnicamente de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, el alcalde comunicó que dicha dirección “se ha visto obligada a conceder la recepción final de dos edificios: uno de Inmobiliaria España y otro de Inmobiliaria Conquista Godoy”.

El documento al que hizo referencia Muñoz ha levantado gran controversia entre el municipio y las inmobiliarias, quienes después de sufrir un revés legal tras otro, han visto en este oficio una nueva posibilidad para un anhelo que los ha tenido en suspenso: la recepción de obras de los edificios cuestionados.

Según dijeron gerentes de distintas inmobiliarias a Diario Financiero en diciembre tras la publicación del oficio, “actualmente existen más de 6.400 departamentos listos y que todavía no reciben la luz verde por parte de la dirección de obras del municipio para ser habitados. Además, hay otros 7 mil que están prontos a solicitar dicho documento”. 

El mismo medio informó que algunas de las compañías afectadas se reúnen todos los jueves en la tarde en una sala de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) para coordinar acciones conjuntas. “En dichas citas evalúan los perjuicios económicos de la situación y comentan las posibilidades judiciales que pueden llevar a cabo. Entre las firmas que han acudido a dichas instancias figuran Euro, Santolaya, Innovavision, Norte Verde, Gimax, Conquista, Su Ksa, Iza, Fundamenta y España”, apuntaron.

En un análisis del pronunciamiento de la DDU emitido por la Gerencia de Asuntos Regulatorios de la CChC (ver documento adjunto) se concluyó, entre otros aspectos, que “lo importante de este pronunciamiento es que, resulta improcedente desde un punto de vista jurídico, la negativa por parte del DOM de otorgar el permiso de recepción definitivo de las obras, en atención a un vicio de legalidad. En consecuencia, no se ajustaría a derecho, en dicha instancia (solicitud de recepción final) efectuar exigencias que no se ajustaran al permiso de edificación bajo el supuesto de que éste se mantenga vigente y no hubiere sido invalidado-, sin perjuicio de los requisitos y exigencias que otras leyes efectúen”.

En la contraparte, la Fundación Defendamos la Ciudad, quienes han criticado reiteradamente la decisión de la DDU, interpusieron una denuncia en la Contraloría General de la República argumentando que “la actuación del Jefe de la DDU es contraria a la preceptiva urbanística vigente” y criticando el nexo entre Inmobiliaria España Limitada y la abogada socialista Claudia Sarmiento, quien asumió la defensa del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, ante la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano, según informó BioBioChile. 

Análisis legal

INTERFERENCIA se contactó con el abogado Rodrigo Valdés Alé, quien recientemente ganó un juicio en representación de los vecinos de Ñuñoa para regular las alturas de los edificios en la comuna, para conocer más detalles del caso. 

En la perspectiva del jurista, respecto de las implicancias del oficio y el precedente legal que puede sentar tanto en Estación Central como en el resto del país, Valdés cree “el oficio no sienta ningún precedente, pero lo grave es lo que pretende hacer. Esto, porque lo que pretende es señalar que en la legislación respecto de las recepciones finales, se debe recepcionar un permiso de edificación a pesar de que el director de obras municipales sepa que es ilegal y que no tendría ninguna herramienta más que la invalidación y eso sólo lo puede hacer dentro de los dos años siguientes. Lo que nosotros sabemos hasta el momento es que sí se puede hacer mediante la vía de la modificación del permiso, que está establecida en la ley”. 

En esa línea, respecto del análisis que hace la CChC, el abogado afirma que “la idea que se pretende instalar es que justamente el director de obras municipales está atado de manos y que los municipios deben aceptar, aunque haya un DOM que haya actuado de forma ilegal o corrupta, y aún así la inmobiliaria que obtuvo un pronunciamiento en un permiso de edificación puede sujetarse a este y el director de obras no tiene posibilidad alguna de no recepcionar, aunque sea un nuevo funcionario el que se haya dado cuenta de la situación”.

A juicio del profesional, “eso no tiene ninguna relación con el objetivo que persigue la ley de urbanismo y construcción, para lo que nació el derecho urbanístico que es para asegurar condiciones de higiene y seguridad. Entonces, si un edificio se va a recepcionar sabiendo que no ha cumplido con las normas de un plan regulador en la ley, lo que está vulnerando son las normas de higiene y seguridad, por lo tanto está afectando a la salud. Esa es la norma que se incumple, como en Chile el objetivo es asegurar una vivienda sana y saludable. Ahí está la gravedad del asunto”. 

En la perspectiva del abogado experto en derecho urbanístico, Rodrigo Valdés Alé, “el oficio no sienta ningún precedente, pero lo grave es lo que pretende hacer. Esto, porque lo que pretende es señalar que en la legislación respecto de las recepciones finales, se debe recepcionar un permiso de edificación a pesar de que el director de obras municipales sepa que es ilegal y que no tendría ninguna herramienta más que la invalidación”. 

Para Valdés, “lo que pretende la CChC precisamente es eso. En su declaración está diciendo que, aunque esto no es ni siquiera una respuesta, como el funcionario es de la Dirección de Desarrollo Urbano, entonces lo que tendría que ocurrir es que la DDU dicte una norma general a la que estarían obligados los directores de obras municipales, pues las resoluciones de los seremis no obligan más que a los funcionarios públicos. De esa manera, todos los DOM se verían en la obligación de recepcionar obras que tienen un origen ilegal, si es que no las invalidaron dentro del plazo, y aún a sabiendas de su ilegalidad. De esta manera, se permitiría también que edificios que ya están construidos sean recepcionados a pesar de que no cumplan con la norma urbanística”. 

“En el fondo lo que están diciendo es que lo que se tiene que revisar no es la norma urbanística en sí misma, sino que la que se le aplicó al permiso de edificación, aunque lo hayan hecho de manera ilegal”, explicó.

Consultado sobre las atribuciones de la DDU para una interpretación de esta naturaleza, el jurista manifestó que “la misma respuesta del funcionario que emitió ese ordinario es que no tiene facultades para responder a preguntas particulares, lo dice él mismo. Sin embargo, de manera que debiera estar en conocimiento del Ministro de Vivienda y de los funcionarios superiores de este señor, ya debieron haberlo desautorizado porque en el fondo lo que está diciendo es que a pesar de que él no tenía por qué responder, respondió igual. Lo que hace es no decir cuál es la norma que corresponde, sino la interpretación que él le da a la normativa, y eso es lo grave. Que hasta la fecha, el Ministerio de Vivienda no haya sido capaz de desautorizarlo y de tomar las sanciones legales que correspondan por haber hecho un acto que induce al error a los directores de obra de todo Chile y a la ciudadanía en general”.