Fue la noticia que se tomó los matinales a comienzos de febrero de este año. Con un amplio despliegue municipal y una cobertura que tomó la agenda de los medios de comunicación, el jefe comunal de La Florida, Rodolfo Carter (UDI), encabezó el pasado jueves 9 de febrero la intervención de un domicilio ubicado en la esquina de José Miguel Carrera con Monseñor Carlos Casanueva. 

El objetivo del alcalde era dar una fuerte señal en la lucha contra el crimen organizado en su comuna, en este caso apuntando hacia la banda 'Los Macacos'.

Pero, aunque se trataba de un tema de seguridad ciudadana, la justificación legal municipal para demoler no tenía nada que ver con el derecho penal; los fundamentos estaban en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), la que que habilita a las municipalidades a demoler viviendas que no están regularizadas o que no cuentan con permiso de edificación. Lo anterior responde a las herramientas que se han dado a las autoridades municipales como parte de las políticas de Rrecuperación de barrios que deben llevar a cabo los equipos sociales y de seguridad de los municipios.

Con todo, el lunes 13 de febrero, Carter anunció la demolición de más ampliaciones irregulares de viviendas de narcotraficantes en la comuna, a partir del trabajo investigativo realizado por la Fiscalía Metropolitana Oriente, en donde se habrían dado a conocer las ubicaciones exactas de las denominadas “caletas de narcotraficantes” y luego "narco-casas".

Aunque se trataba de un tema de seguridad ciudadana, la justificación legal municipal para demoler no tenía nada que ver con el derecho penal; los fundamentos estaban en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), la que que habilita a las municipalidades a demoler viviendas que no están regularizadas o que no cuentan con permiso de edificación.

Según informó el alcalde en esa oportunidad, “aprovechamos una oportunidad que da ley para golpear a aquellos que construyen irregularmente”.

En ese mismo sentido, la autoridad municipal comentó que en un trabajo mancomunado con el Ministerio Público, se detectaron unas 20 viviendas de estas características. 

Asimismo, Carter se preocupó de comunicar que la decisión de demoler bienes inmuebles bajo el derecho urbanístico no afectaría a vecinos cuyas viviendas comparten irregularidades con las 'narco-casas', las que se asocian a ampliaciones ilegales: “No es la idea empezar a hacer efectiva la ley con ellos”, dijo el alcalde. 

La iniciativa alcaldicia tuvo eco en otras comunas, donde las autoridades edilicias han tomado distintas posturas. 

El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro (FRV), dio inicio a la primera de 16 demoliciones confirmadas en propiedades que estarían ligadas al narcotráfico. Chamorro aseguró así que “estamos utilizando todas las herramientas legales y seguiremos apoyando unidos contra la delincuencia”, por lo que los procedimientos serán “sin misericordia contra aquellos que hacen daño a Calama”. 

Por su parte, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), aseguró durante una entrevista en Radio Universo que “si tenemos bien constituido el caso, no nos va a temblar la mano para ir y demoler las casas”. Pero enfatizó en que para eso, es “fundamental que la Fiiscalía nos apoye con la información que nos dé sustento”.

Aunque se trataba de un tema de seguridad ciudadana, la justificación municipal se encontraba en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la que que habilita a las municipalidades a demoler viviendas que no están regularizadas o que no cuentan con permiso de edificación.

Sobre si solicitará la información de cuáles serían las ‘narco-casas’ de Puente Alto, Codina sostuvo que “nosotros tenemos presunciones, pero vivimos en un Estado de Derecho que tiene que respetar el debido proceso. Nos parece esencial contar con información precisa, clara y objetiva, que nos permita actuar con mucha fuerza, pero que también no nos estamos equivocando”.

Su vecina, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), dijo a Emol  que “está de acuerdo con el alcalde Carter, que hay que golpear al narco donde más le duele: en el bolsillo”. Sin embargo, cree que “confiscarle los bienes de una vez es lo apropiado, y no solamente demolerle las ampliaciones ilegales. Mi posición siempre ha sido confiscar antes de demoler”. A su parecer, las destrucciones no serían la vía más efectiva para atacar el problema.

La alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao (DC), explicó al mismo medio que “cuando nosotros recibimos denuncias, nosotros hacemos la denuncia a la Fiscalía y nos hacemos parte de la causa, y por eso tenemos acceso a la información”.

Además, Leitao aseguró que no tiene pensado aplicar el método de Carter. “Esto tiene un alto costo para la Municipalidad y requiere de gran despliegue de personal policial. Gastar esa cantidad de recursos para lo que se quiere lograr, tengo dudas respecto a lo eficaz que puede ser”, argumentó. 

A juicio de Leitao, “solo se está desarmando una ampliación irregular, no la casa de un narcotraficante. Y lo segundo, es que si ese es un punto de venta, lo seguirá siendo porque sigue existiendo. Yo creo que hay que ir por un método donde nos asociemos con la Fiscalía y que una vez que está determinado que el bien ha sido adquirido producto del narcotráfico, ese bien es pasado a la Municipalidad y luego se genera un proceso de compra simbólica”. 

Las demoliciones, desde la perspectiva legal

Consultado por Interferencia, el abogado experto en derecho urbanístico, Rodrigo Valdés Alé -quien también es autor del libro “La influencia de las pandemias en el Derecho Urbanístico chileno. Del movimiento higienista al desarrollo sustentable”- expresó sus reparos respecto de la forma en la que se ha aplicado la medida por parte del alcalde Rodolfo Carter. 

A su juicio, hay tres grandes problemas en la iniciativa alcaldicia: arbitrariedad, ejecución y finalidad.

En cuanto a la arbitrariedad, en la perspectiva del abogado, el alcalde está aplicando la ley de forma discrecional, privilegiando unas viviendas ilegales por sobre otras, ejecutando actos al borde de la presunción de inocencia y con el objetivo de combatir al crimen organizado, en vez de hacer valer la legislación vigente en el plan regulador comunal. 

“Él dice que sólo va a demoler casas marcadas por procedimientos de narcotráfico. Esto es ilegal e inconstitucional, porque se está utilizando la Ley General de Urbanismo y Construcciones para perseguir un tema de seguridad. Se utiliza la legislación de manera discrecional, se demuele a unos y no a otros, en función de decisiones arbitrarias de la autoridad", dice el abogado Valdés.

“En el artículo 41 y en el 28 decies de la LGUC se establece que los planes reguladores tienen el objetivo de asegurar condiciones de higiene y seguridad en los edificios, en los entornos y una buena movilidad entre las distintas zonas. Ahí podría explicarse que hubo una interpretación de que el plan regulador sirve también para resolver temas de seguridad, aunque eso es debatible”, sostuvo Valdés. 

El jurista explica que “en cada comuna, la normativa que establece las condiciones es el plan regulador comunal. Ahí se definen las normas para que cumplas con la ley. El derecho que se persigue proteger es la salud. En ese sentido, el narcotráfico es una figura ilegal, que está prohibido con el objetivo de proteger la salud de las personas", por lo que podría haber razón jurídica suficiente como para demoler, pero que -si es por eso-. también debiesen demolerse "construcciones que incumplen la regulación de alturas y las áreas de asoleamiento, pues también es un tema de salud”. 

En esa línea, el abogado manifiesta que “lo que el alcalde Carter debiese hacer, porque es lo que corresponde, es ordenar la demolición de todas las ampliaciones ilegales y no ser selectivo, pues todas estas ampliaciones van en contra del mínimo estándar que estableció el legislador para la salud y la seguridad de las personas”. 

En ese aspecto, Valdés sostiene que es lo que las demás autoridades deberían seguir: demoler edificios -en muchos casos de renombradas inmobiliarias- que también incumplen las normativas de los planes reguladores comunales, pero que cuentan con la protección implícita de municipios que no han utilizado la herramienta esgrimida por Carter.

“Él dice que sólo va a demoler casas marcadas por procedimientos de narcotráfico. Esto es ilegal e inconstitucional, porque se está utilizando la Ley General de Urbanismo y Construcciones para perseguir un tema de seguridad. Se utiliza la legislación de manera discrecional, se demuele a unos y no a otros, en función de decisiones arbitrarias de la autoridad. Eso es no entender que todas las viviendas ilegales afectan a la salud, tanto como el narcotráfico. La herramienta que se le entregó, que en este caso es la demolición, él no la está utilizando de la forma correcta”, afirmó. 

Según la postura del abogado, edificaciones ilegales emblemáticas en Estación Central, Recoleta, Concón o en áreas de preservación ecológica en la RM también debiesen ser objeto de demolición, siguiendo la lógica aplicada por el alcalde Carter. 

Junto a ello, Valdés sostiene que “además de las ampliaciones, este criterio debería extenderse a todas las construcciones que violen los planes reguladores comunales. Los alcaldes que están masivamente hablando del tema deberían tenerlo en cuenta. En primer lugar, habría que revisar si todas las personas de las que se está demoliendo son personas condenadas por narcotráfico, para evitar demoler viviendas de gente que todavía no ha sido declarada culpable. No puede el alcalde atribuirse una medida punitiva, actuando como juez de manera discrecional en algunos casos y en otros no”. 

Consultado respecto a si esto podría abrir la puerta a demoliciones de otro tipo de viviendas ilegales, el profesional aseguró que “siempre se comentó que en casos de viviendas que no cumplían la normativa, los municipios no contaban con los recursos necesarios para hacerse cargo de las demoliciones. Pero ahora hemos visto el despliegue que se ha hecho a nivel de maquinarias, comunicaciones y seguridad. Entonces era más bien un tema de voluntad”.

“Estando de acuerdo con la persecución al narcotráfico, me parece que el que se demuela está bien. Lo que está errado es que no se está demoliendo todo lo ilegal, sino que lo que discrecionalmente seleccionó la autoridad por un motivo de delincuencia. El objetivo del derecho urbanístico no es combatir el crimen organizado, sino asegurar condiciones de higiene y seguridad. El alcalde no se las puede asegurar a algunos y a otros no de forma arbitraria”, cerró.