Política
“Julia no es la primera. Antes que ella, otras defensoras y defensores ambientales fueron perseguidos, silenciados, desaparecidos o asesinados. Ninguno de esos crímenes ha tenido justicia. Todos han sido encubiertos bajo los mismos mecanismos de montaje, racismo institucional y complicidad empresarial”.
La empresa chilena Arauco ya ha iniciado la construcción de una fábrica de celulosa en Mato Grosso do Sul, Brasil, una zona considerada por el Gobierno brasileño de “altísima” importancia biológica. El proyecto avanza sobre el área de Três Lagoas y expertos temen contaminación de los ríos, agotamiento de las fuentes de agua y aumento del atropello de los animales.
En septiembre de 2025, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dictó una sentencia inédita: el Estado de Chile debía reparar el daño ambiental causado por los vertederos ilegales de ropa en Alto Hospicio, una montaña de desechos textiles que se volvió símbolo global de la cultura del descarte. La noticia dio la vuelta al mundo y repletó los titulares nacionales. Sin embargo, apenas un mes después, el Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema para dejar sin efecto la resolución. Si el máximo tribunal acoge el reclamo, el caso volverá a foja cero.
En su declaración para la trama bielorrusa, el conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, afirma que un “colega y amigo” rechazó representar al Consorcio Belaz Movitec en su disputa contra Codelco: “Estaban dispuestos a pagar lo que fuera necesario por ganar ese juicio”. Tras ser rechazados por ese estudio jurídico, llegaron hasta Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes habrían formado parte del esquema de lavado de activos y coimas para ex suprema Vivanco.
Fiscalía investiga al círculo cercano de Ángela Vivanco, a su esposo Gonzalo Migueles y a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, por el posible pago de $57 millones en coimas por fallos favorables en la Corte Suprema. El consorcio está encabezado por Movitec, de las familias chilenas Duch León y Sekul Camus, y la estatal bielorrusa Belaz.
El fiscal de Alta Complejidad de Antofagasta logró la autorización para acceder a los movimientos de la compañía en dicha zona, mientras en el sur el Ministerio Público no ha mostrado avances sobre la empresa que recibió más de $310 millones de convenios suscritos por el Gore Biobío durante la administración de Rodrigo Díaz.
La fiscal Paulina Díaz Obilinovic intentó acceder a los celulares de siete periodistas de Ciper, además de La Tercera, The Clinic, La Bot y Reportea, medio que reveló el listado. Interferencia dio a conocer que la diligencia fue rechazada por tribunales, en el marco de una querella presentada por Luis Hermosilla tras la publicación de sus chats.
Con millones de personas escuchando el debate, lo que ocurrió fue que cada candidato de derecha trató de diferenciarse del resto de su sector. José Antonio Kast hizo un énfasis en la expulsión de migrantes, Matthei también se centró en la inmigración y Kaiser se endureció en polémicas con otros candidatos.
Luis Hermosilla y Manuel Guerra presentaron querellas para dar con las filtraciones de sus chats. Pidieron la incautación de celulares, registro de llamadas y whatsapp de periodistas y funcionarios que tuvieron acceso a la carpeta. Sin embargo, la Corte de Santiago falló en su contra. Los periodistas “sólo revisten la calidad de terceros o testigos”, dice el fallo. No se habló de libertad de expresión.
Constituidos en 2023, donde denunciaron una compleja situación de términos de contratos anticipados con el Estado durante la pandemia, aseguran que ello simplemente “visibilizó un problema recurrente” y muestran preocupación por la falta de conocimiento sobre el sector pyme en las propuestas de las candidaturas en un año electoral.
Esta decisión permitirá el acceso a recursos pesqueros por parte de embarcaciones que utilizan línea de mano, enmalle y espinel, es decir, que realizan faenas de pesca para consumo humano, facilitando así la diversificación de su cartera de recursos.
Los candidatos presidenciales se mostraron cautos a la hora de enfrentarse en el estudio de Canal 13. La derecha corrió con un pacto de no agresión evidente, mientras que Parisi, a pesar de no haber tenido la mejor performance, logró introducir ideas como el retiro de fondos y el IVA de los medicamentos. Kaiser hizo lo propio con la PGU. Pero es un debate que no mueve la aguja.
En los últimos días se ha dicho que existe la posibilidad de que el libertario desplace al republicano al tercer lugar, esto en base a algunas encuestas. Un momento clave ocurrirá esta jornada, cuando ambos personajes intenten mostrar quién es mejor para representar a la ultraderecha.
El candidato presidencial calificó la jornada en que fue declarado inocente como una de las más importantes en su vida. Se refirió a los hechos como un "escándalo de Estado" y marcó un hito en su camino a La Moneda al afirmar que luego de estos hechos empezaba la verdadera campaña.
La primera semana de la franja electoral deja un mosaico no muy variado de emocionalidades y más mezquino en cringe de lo que se podía esperar. Los ocho candidatos presidenciales –salvo excepciones– no se han esmerado en ser originales ni en mostrar lo que son o quiénes los acompañan sino en hacer calzar emociones con propuestas de solución.
Una carta de la Corporación del Poder Judicial busca aclarar, debido a una solicitud de transparencia, los criterios de asignación de causas civiles. Si se aplicaba el tercer criterio, el Caso Curauma debía ir al 6° Juzgado y no al 2°. Manuel Cruzat denuncia designaciones “a dedo”.
Es sobrino del ex general procesado por corrupción, Juan Emilio Cheyre. Participa en esa causa pese a su lazo de familiaridad. Hace un tiempo también retiró un recurso en la Corte Suprema que buscaba condenar a un militar en el caso Agencias de Viaje, lo que levantó las alertas en el mundo que ve temas de justicia militar.
Las críticas no tardaron en llegar luego del veredicto del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Carlos Gajardo, ex persecutor quien estuvo involucrado en esta causa en sus comienzos, señaló que esto es “sin duda, la mayor derrota que ha tenido la Fiscalía en la historia de la reforma procesal penal”.
Tras la revelación de nuevos antecedentes sobre el error metodológico que resultó en un cobro excesivo en las tarifas de electricidad, la amenaza de un libelo acusatorio contra el exministro de Energía ha tomado fuerza nuevamente, pese a que ya fue destituido de su cargo el jueves pasado.
A juicio de los dirigentes del sector artesanal hoy la iniciativa, tramitada en el marco de la nueva Ley de Pesca, requiere que se le introduzcan cambios permanentes de protección, apoyo y desarrollo para las familias que subsisten a partir de esta actividad.
Matte, que asumió la dirección en julio de 2023, puso fin a su paso por la Biblioteca luego de una serie de polémicas que en los últimos meses pusieron en entredicho su gestión.
“Brandon Judd llega a Santiago con un perfil híbrido: misionero en su juventud, agente fronterizo en su madurez, político en Washington y ahora embajador en un país en encrucijada. Su misión no será rutinaria. Estará en el centro de una etapa donde diplomacia y geopolítica se confunden cada vez más”.
El presidente pidió la renuncia de Pardow tras darse a conocer un error metodológico que derivó en cobros indebidos en las cuentas de la luz. Tras ser nombrado biministro de Energía y Hacienda, Álvaro García, dio a conocer que también se pidió la renuncia al secretario ejecutivo del CNE, organismo técnico que dio cuenta del fallo.
El asesor republicano cobró contra reembolso de los dineros públicos de Servel cuatro boletas por asesorías por un total de $24 millones en tres meses a la campaña de Kast. En simultáneo, asesoró hasta octubre de 2021 a la Dipres de Sebastián Piñera, por un total de $54 millones.
El candidato nacional libertario presentó una querella por injurias y calumnias, luego de que Parisi lo acusara de “un intento de corrupción” por no renunciar a su dieta parlamentaria durante la campaña presidencial.
Pese al optimismo inicial en algunos sectores, analistas han puesto la alerta por el encuentro al que asistieron distintos jefes de Estado, así como mediadores del conflicto, pero con dos grandes ausentes: el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y líderes de Hamás.
El traspaso de 2.397 millones a un gremio vinculado a un empresario asesor del ex gobernador, la estrecha amistad de la fiscal del caso con dicho hombre de negocios, una asesoría del esposo de la fiscal regional con la misma organización privada, son parte del iceberg de esta historia.
Ana Lorena Delgadillo Pérez, integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, profundiza en diálogo con Mongabay Latam sobre las responsabilidades de las empresas en las desapariciones de defensores, tras la publicación de un informe a nivel global. La especialista en derechos humanos destaca colusiones entre empresas, crimen organizado y Estados, que ponen en mayor riesgo a defensores ambientales, especialmente comunidades indígenas. El informe de Naciones Unidas también emite recomendaciones para Estados, empresas y entidades financieras para asumir sus responsabilidades en estos casos, en los que deben involucrarse en acciones de investigación, búsqueda y reparación. Los proyectos de transición energética también se establecen con esquemas que ponen en riesgo a las personas defensoras, advierte la abogada.
El fiscal argentino, Eduardo Taiano, solicitó la revisión y análisis de los teléfonos celulares del mandatario de Argentina, Javier Milei, y de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como parte de las investigaciones por el caso de la criptomoneda $LIBRA.
En enero de 2024, la Subsecretaría de Derechos Humanos contrató vía trato directo a la empresa Unholster por más de $619 millones, para elaborar una plataforma informática que ayudara al Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia. Unos meses después, el observatorio de ChileCompra cuestionó esta adquisición, diciendo que la situación “podría implicar una transgresión a la normativa de compras públicas”. La información fue derivada a Contraloría.
