Algunas figuras disparan contra Gabriel Boric y sus ministras Ana Lya Uriarte (Segpres) y Marcela Ríos (Justicia), mientras que las voces oficialistas las emprenden contra los senadores, y no falta quien dice que la quina de la Corte Suprema fue el problema desde el principio. Pero nadie renuncia.

El hijo del ex presidente, Ricardo Lagos Weber (PPD), y el senador Matías Walker (DC) podrían ser los votos claves para aprobar un acuerdo comercial que ha generado dudas y resistencia entre grupos ambientales.

Corresponde a gastos de vehículos, traslación, alimentación, alojamiento y locomoción de senadores y personal de apoyo por ‘trabajo parlamentario’ en terreno durante el año pasado, marcado por las reuniones telemáticas. Quienes más gastaron fueron la senadora Adriana Muñoz, Juan Antonio Coloma y Jorge Pizarro, los cuales superan montos por $8 millones. Entre 2015 y 2020, se le pagó $1.888 millones a los senadores por estos gastos.

Junto a Natalia González, directora de asuntos jurídicos y legislativos del instituto ligado al gremialismo, también se aprobó el nombre de Bernardo Navarrete, académico de la Usach, propuesto por la DC. La falta de experiencia de ambos en temas de transparencia suscitó críticas, pero finalmente se impuso la lógica de la época del binominal.

La sensación en la víspera de la acusación constitucional es que el ex ministro tendrá que ser quién pague políticamente por las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la rebelión social. Sin embargo, llegar a los 22 votos que se necesitan para aprobar el libelo no parece tarea sencilla, pese a que la oposición cuenta con 24 senadores. De hecho ya hay dos que han hecho cosas favorables a Chadwick; su amigo José Miguel Insulza (PS) y Jorge Pizarro (con militancia DC suspendida). También hay razones para pensar que Sebastián Piñera no lo ha abandonado.

Recientes revelaciones de la prensa sobre la forma de operar de la ministra de la Corte de Apelaciones terminaron por derrumbar su postulación a la Corte Suprema. Sin embargo, la estocada final provino de las propias filas del oficialismo, que fueron restando sus apoyos, dejando al ministro de Justicia en un jaque mate.

Se trata de un anticipo de la segunda cuota que recibe la corporación cultural del gremio por parte de la Dirección Económica de la Cancillería para organizar el evento. Las quejas presentadas en su momento por congresistas de oposición carecieron de efecto.