En un día marcado también por la renuncia de la ministra de Defensa, Maya Fernández, por la fallida compra de la casa de Allende, además salió de imprevisto uno de los arquitectos principales del Frente Amplio.

La declaración judicial de la ex subsecretaria de Vivienda ante la Fiscalía contradice lo afirmado por el ministro Carlos Montes y pone en entredicho lo declarado por Miguel Crispi ante la comisión investigadora del Congreso, acorralando a La Moneda.

Primero Latorre y después Boric, ambos indicaron que sabían del caso antes de que un medio antofagastino lo publicara. Latorre dijo que no le había comunicado ni al ministro Montes ni a Jackson, pero al ser consultado por otros personeros del Gobierno, guardó silencio. Todo esto mientras recrudece el fuego amigo entre partidos oficialistas y la oposición saca ventaja de la crisis.

Interferencia conversó con la familia del propietario del inmueble, quien confirmó que desde 2019 la diputada RD arrienda la casa. Vecinos aseguran que la jefa de gabinete de la municipalidad de Ñuñoa, Valeska Ramírez, también vivió en esa dirección, y que la casa funcionó como un centro de reuniones políticas durante la campaña presidencial de Boric.

La gran diferencia entre la izquierda tradicional y la nueva generación radica en la vilipendiada ideología. Sin ella, los partidos están más expuestos a la fragilidad ética; bien lo sabe la vieja Concertación. Pero se puede madurar y aprender de los errores del pasado, para no repetir la impunidad del financiamiento ilegal de la política.

La derecha anunció una comisión investigadora para llevar la responsabilidad política al titular de Vivienda, donde sucedieron los posibles delitos, y al titular de Desarrollo Social, quien es el fundador y líder de RD. En tanto, dentro del PS no cayó bien el respaldo irrestricto de Gabriel Boric a autoridades regionales salpicadas por el caso.

Se trata de tres investigaciones abiertas por el Ministerio Público, el congelamiento de la toma de razón de contratos con fundaciones por parte de Contraloría y una nueva investigación del Servel a Aprueba por Chile. En tanto, Gonzalo Winter (CS) afirmó que "ningún partido político puede pretender que, en la medida que crezca y administre el Estado, vaya a ser cien por ciento probo", mientras que la derecha pide la renuncia de los ministros Carlos Montes (PS) y Giorgio Jackson (RD).

Alcaldes contra Catalina Pérez, ella contra sus cercanos, todos RD. Viejos socialistas contra jóvenes frenteamplistas en el Gobierno y las directivas partidarias. Pugnas de 'lotes' de Convergencia Social y Revolución Democrática por una fusión que se hace más compleja. Golpes van, golpes vienen.

Dos semanas atrás la diputada Ahumada (ex PDG) ofició al seremi de Vivienda de Antofagasta, un ex asesor de Pérez en Revolución Democrática, por un trato directo por $426 millones con la Fundación de la pareja de la también ex presidenta del partido. "No sabemos si va a terminar aquí", dice Ahumada a Interferencia.