En declaraciones a este medio, el presidente de dicha fundación, Patricio Herman, manifestó que la denuncia que la empresa Fundamenta realizó en la Corte Suprema en contra del ex juez Sergio Muñoz Gajardo "se mal utilizó para que el Senado, irresponsablemente y sin investigar, lo removiera de su cargo de ministro del máximo tribunal del país", adjuntado documentación sobre un estudio de sombras que consideran habría sido mal elaborado en su momento.  

Desde la perspectiva medio ambiental y desde lo urbanístico, Ezio Costa y Patricio Herman, respectivamente, discuten el concepto que ha colonizado el habla en los ministerios de Hacienda y Economía. Ambas voces coinciden en que la mayor parte de los retrasos son principalmente porque los privados no cumplen con los requerimientos técnicos solicitados. 

El ente contralor ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental subsanar una serie de definiciones en su instructivo de 2020 que favorecen este tipo de proyectos. "Son subterfugios legales", dice Patricio Herman, de Fundación Defendamos la Ciudad, la cual impugnó el documento.

La Fundación Defendamos la Ciudad lanzó un documento gratuito de menos de 50 páginas, que entrega directrices fundamentales para entender la legislación urbana -normativa vigente, permisos de edificación, responsabilidades institucionales, canales de denuncia y sentencias de la Corte Suprema, entre otras-, para así saber defender inmuebles y barrios de grandes proyectos inmobiliarios. Acá se puede descargar.

El Juzgado de Garantía de Santiago admitió la acción judicial por prevaricación administrativa en contra de dos directores de obras municipales y de todos quienes resulten responsables de aprobar cerca de 70 permisos de edificación en la comuna. Junto a ello, se pretende indagar una eventual responsabilidad del ex alcalde y actual ministro Rodrigo Delgado.

Distintas organizaciones han reunido antecedentes cronológicos para denunciar la forma en la que fueron construidas las decenas de torres habitacionales en altura bajo agrupamiento continúo -o guettos verticales- que actualmente se encuentran en la comuna.

Una decena de nombres ligados a altos círculos de poder están detrás de cuatro proyectos sobre la cota mil que ocupan ilegalmente una zona de preservación ecológica, la que se ubica entre dos zonas de crecimiento inmobiliario explosivo. Entre los implicados están Vittorio Corbo (hijo), José Luis Délano, José Antonio Rabat, Hernán Besomi, Michael Grasty, Alejandro Quintana, Arturo Majlis, José Miguel Rawlins y Domingo Undurraga.

Las desigualdades también se expresan en el mercado de viviendas sujetas a beneficios tributarios. Estas 25 personas naturales y jurídicas son la punta de una pirámide compuesta por más de 900 contribuyentes que poseen sobre 50 inmuebles que gozan de exenciones en el pago de impuestos. Legalmente no es posible identificar a estas personas que presumiblemente viven de rentas subvencionadas por el Fisco. 

Dos dictámenes judiciales consideran inválida la decisión de la Municipalidad de aprobar los permisos de edificación de los guetos verticales, y la obliga a repetir dichos procesos. Estos, además, deben considerar -esta vez- mecanismos de participación ciudadana, lo que incluyen como actores válidos a opositores, tales como Defendamos la Ciudad o Agrupación Defensa de Barrios de Estación Central. 

La Moneda propone una reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental que, al reducir la participación ciudadana, facilita la aprobación de proyectos. A ello se suma que las autoridades salieron a respaldar a la Minera Invierno, que la semana pasada detuvo sus operaciones y despidió a más de 150 trabajadores tras un fallo de un tribunal ambiental.

Un decreto de Pinochet de 1975 le ha permitido, hasta hoy, al Ejército enajenar propiedades fiscales, realizando lucrativos negocios inmobiliarios. Pese a un pronunciamiento de la Contraloría en 1998, que anuló ese decreto, la institución continúa con la práctica. Ahora está negociando con terrenos premium en el sector oriente de Santiago.