A sólo cinco meses de que Chile sea el anfitrión de la COP 25 -la conferencia sobre cambio climático de Naciones Unidas-, las señales de compromiso medioambiental que envía nuestro país son, en el mejor de los casos, mixtas. Y es que, más allá de declaraciones de buena voluntad, en las últimas semanas el gobierno parece haber optado por relajar los estándares ambientales y favorecer a compañías con un dudoso historial, con el fin de activar las inversiones privadas y mantener a raya el empleo, dos de los frentes más débiles de la actual administración.

En efecto, el martes 18 de junio el gobierno ingresó a tramitación en el Congreso un proyecto de ley que pretende modificar el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Entre las novedades destacan la eliminación de la consulta ciudadana anticipada y el fortalecimiento de las decisiones regionales frente a un proyecto de inversión, eliminando la participación del comité de Ministros. 

Según la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, la participación ciudadana será fortalecida, extendiéndose a todo proyecto que la solicite y sin importar que este se tramite a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La propuesta no ha dejado indiferente ni a las organizaciones ciudadanas ni a los parlamentarios que se oponen a la medida, quienes en conversación con INTERFERENCIA hicieron notar sus reparos sobre el tema. 

“Están haciendo trampa para que los proyectos no sean sometidos al SEA, aquí existe una política enfermiza de buscar crecimiento económico a como dé lugar”, afirma Patricio Herman, presidente de la ONG Defendamos la Ciudad. “Si se cumple o no la ley ambiental da exactamente igual, lo que importa son los índices de crecimiento para ser bien evaluados por los estándares internacionales”. 

Herman critica en particular la modificación contenida en la página 7 del proyecto que reza: “Agréguese en el literal h), a continuación de la frase ‘zonas declaradas latentes o saturadas’ la frase ‘que no cuenten con un plan de descontaminación o prevención vigente, según corresponda’”. Expertos en derecho ambiental consultados por INTERFERENCIA respecto a este punto afirman que, en términos simples, la nueva ley propuesta no obliga a todos los proyectos a ingresar al SEIA. Es decir, sería una normativa más relajada.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Félix González (Partido Ecologista Verde), señaló a nuestro medio que el proyecto de ley “sólo resuelve uno de los aspectos negativos del SEA, que es darle certeza a la inversión y claramente esto va en el plan pro inversión del gobierno que es darles más garantías a las empresas, otorgándoles una tramitación expedita”. Pero, según el parlamentario, “esto no soluciona los otros problemas que tiene el sistema, como su falta de legitimidad y que las comunidades no se puedan defender de los proyectos, salvo acudir a tribunales”.

El parlamentario optó por presentar un proyecto de ley paralelo, que busca ser la contraparte a la medida del gobierno. “Queremos otorgarles herramientas a las comunidades, entre ellas, pedir el término anticipado de los proyectos, impedir que los titulares puedan comprar a las comunidades mediante donaciones, que en los estudios de impacto ambiental los titulares no puedan contratar directamente a las consultoras y que las comunidades puedan plebiscitar los proyectos de manera excepcional y de manera vinculante”, afirma.

Consultado por INTERFERENCIA sobre el futuro del proyecto de ley en el Congreso, el diputado dijo que “esa es una pregunta que hay que hacerle a la DC y al Partido Radical. En el resto de la oposición estamos claros que vamos a rechazar el proyecto del Gobierno”. 

Mina Invierno: La operación regalona del gobierno

La silenciosa ofensiva que relaja los estándares ambientales del gobierno ha quedado en evidencia con el caso de la Mina Invierno ubicada en Isla Riesco, en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Esta compañía dedicada a la extracción de carbón, y que está ligada a las familias Angelini y von Appen, paralizó la semana pasada sus faenas y despidió a más de 150 trabajadores, después de que el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia prohibiera el uso de tronaduras para extraer carbón.

El cierre temporal encendió las alarmas en el gobierno que, criticando la medida decretada por otro poder del Estado, ha salido a defender a la compañía. Respaldando el criterio del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el Ejecutivo se ha cuadrado con la postura que esas operaciones mineras no generan daño ambiental.

En 2016 la compañía Mina Invierno solicitó un permiso ambiental para operar con tronaduras, obteniendo la autorización y el respaldo del Servicio de Evaluación Ambiental, realizando 43 tronaduras previo a su actual cierre temporal. Según plantea la misma empresa existe una consideración en el desarrollo de sus actividades el concepto de sustentabilidad, “preocupándose especialmente por la seguridad de sus actividades y los aspectos ambientales, para ello opera con prácticas de excelencia y cuidado del medioambiente”.

Sin embargo, el tribunal de Valdivia rechazó las solicitudes de modificar la medida cautelar impuesta el pasado 27 de marzo al proyecto Tronaduras de la mina. El fallo puntualizó que “Minera Invierno S.A. no logra acreditar por qué no puede continuar la explotación del rajo en forma mecánica, en aquellas áreas donde no habrían areniscas grises compactas.”

Además, la corte estableció que la empresa incumplió la medida cautelar vigente, que le impide tronar a una altura inferior a los 100 metros sobre el nivel del mar. El gobierno se ha mostrado públicamente en contra del cierre de operación, respaldando al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), quien ha liderado la defensa de la Mina Invierno.

El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, dijo que espera que mediante un recurso de casación ante la Corte Suprema, quede sin efecto la medida. “Creemos que no hay un daño ambiental como proyecto”, señaló en declaraciones recogidas en la Revista Minería.

Un poco más cauteloso, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, reiteró su preocupación por la situación de la Mina Invierno, tras el anuncio de la empresa respecto a la desvinculación de 150 personas y la paralización temporal del proyecto. “Nosotros vemos que hay un proceso que sigue. Nosotros respetamos los fallos de los tribunales, puede que no los compartamos, pero los respetamos”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, lamentó la situación de la Mina Invierno en una entrevista con el suplemento de economía del diario La tercera, Pulso. “El cierre ha sido objeto del inexplicable actuar del tribunal ambiental de Valdivia, que hoy mantiene en riesgo la viabilidad operacional y financiera del proyecto”. También realizó un llamado al presidente Piñera y al Congreso “para generar las condiciones para el crecimiento y desarrollo del país”. Hernández incluso cuestionó la imparcialidad de los miembros del tribunal.

Pero los cuestionamientos del gobierno no solo han sido respecto al ámbito ambiental. Pablo Terrazas, subsecretario de Minería, comentó en Tele 13 Radio que “si se cierra la mina, no van a existir más descubrimientos paleontológicos”. El hecho de que esta autoridad mencione posibles hallazgos paleontológicos revela un alto grado de desconocimiento, por cuanto el uso de dinamita u otras formas de explosivos destruyen, y no conservan, cualquier descubrimiento. El subsecretario también comentó que “la gente quiere el proyecto, acá no está en cuestión un daño al ecosistema”.

La defensa gubernamental se contradice con las palabras del propio presidente Sebastián Piñera, que a inicios de junio lanzó oficialmente el “Plan de Descarbonización”, anunciando que las 28 termoeléctricas que existen en Chile y que utilizan cabrón serán cerradas gradualmente hasta el año 2040.

El mandatario señaló que dichos cierres generarían perdidas de empleos, pero que “habrá que buscar un equilibrio, que no es fácil”, enfatizando que primaría el cuidado del medioambiente.