La explosión inmobiliaria que ha vivido Santiago en los últimos años ha despertado el apetito de las empresas del sector por adquirir terrenos de alta plusvalía que el Ejército de Chile tiene en el valle central de la Región Metropolitana.

Dos casos concretos son las llamadas Villa Militar del Oeste, ubicada en la intersección de la Ruta 68 y Avenida Pajaritos, y la Villa Militar Este, que se sitúa en la intersección de Américo Vespucio con Avenida Presidente Riesco.

Sin embargo, la propiedad de estos bienes no corresponderían propiamente a la institución castrense, sino al fisco. 

A fines de los años 60 e inicios de los 70 era común que el fisco cediera gratuitamente terrenos e inmuebles para el uso de las instituciones castrenses. Por ello, en 1971, el ministerio de Defensa del gobierno de Salvador Allende estableció un decreto con fuerza de ley transitorio para regularizar la situación. Este dispuso de un plazo de 90 días para regularizar el dominio de estos bienes inmuebles mediante el llamado Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF). Esto permitió a las instituciones hacer uso de estos terrenos fiscales. 

La Junta Militar utilizó este decreto como argumento para, mediante el artículo 1º del decreto de ley 1113 de 1975, autorizar a las instituciones castrenses a la enajenación comercial de estas propiedades diciendo. “Tendrán la representación del fisco, para adquirir bienes raíces para sus instituciones y para enajenarlos”, rezaba ese decreto.

Más de dos décadas después, la Contraloría General de la República bajo la conducción de Arturo Aylwin, emitió un dictamen en 1998 que estableció la prescripción del plazo de asignación de propiedades del decreto original de 1971. “En consecuencia, la facultad de asignar bienes raíces fiscales a los patrimonios de afectación de los servicios de bienestar de las Fuerzas Armadas, contenida en el artículo transitorio del DF. Nº 1, de 1971, del Ministerio de Defensa Nacional, se encuentra extinguida, por lo que se deja sin efecto toda jurisprudencia contraria al presente dictamen”, afirmaba la resolución. 

Los terrenos en el barrio alto

La Villa Militar del Este es un ejemplo de esta modalidad de enajenación y negociación, que se sigue efectuando a pesar del fallo de la Contraloría. Ubicada en la comuna de Las Condes en la Esquina de Av. Américo Vespucio Norte con Presidente Riesco fue otorgada, al igual que la Villa Militar del Oeste, al Ejército a principios de los 70 con el fin de establecer un proyecto habitacional para militares, el que había solicitado el general y comandante en jefe de esta rama, Carlos Prats.

En esta misma época se creó la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), siendo designado como presidente el arquitecto y actual Premio Nacional de Arquitectura Miguel Lawner. Junto al Comando de Apoyo Logístico y Administrativo del Ejército, Lawner diseñó y construyó el complejo habitacional de la Villa Militar del Este. 

La villa quedó conformada por tres bloques de departamentos de 140 metros cuadrados destinados a los generales de la institución, y edificios de seis pisos con departamentos de 70 a 100 metros cuadrados para ser usados por oficiales de rango menor.

En enero de 1973 el complejo quedó listo para ser habitado. Uno de los primeros oficiales en recibir las llaves de uno de los departamentos fue el general Sergio Arellano Stark, el cual años más tarde sería condenado por el Caso Caravana de la Muerte.

El negocio 

Según información publicada por el Diario Financiero, el Ejército estaría llevando a cabo un plan para renovar completamente la villa, cuyo terreno pasó a ser propiedad de esa rama gracias una cesión que le hizo el Serviu Metropolitano el 29 de diciembre de 1982, de acuerdo a ese medio. Ese plan de renovación costaría unos 120 millones de dólares e incluye la demolición de casi la totalidad de los edificios construidos por la CORMU durante el gobierno de la Unidad Popular.  

En 2016 el Ejército ya había enajenado 9.900 metros cuadrados de la villa al Grupo Territoria, empresa constructora que pertenece a Ignacio Salazar y Francisco Rencoret, vinculados a muchos proyectos inmobiliarios en el sector oriente de la capital. Ese traspaso le significó al Ejército un ingreso de 46 millones de dólares. En esos terrenos se construyó una torre habitacional de 16 pisos que fue entregada en 2018. 

Para el megaproyecto que está buscando realizar el Ejército ahora se destinará un paño de más de 100.000 metros cuadrados de la villa. Sin embargo, este movimiento se encuentra sujeto a análisis debido a la solicitud hecha por los arquitectos Patricio Herman y Miguel Lawner a los diputados del Frente Amplio Gonzalo Winter y Jorge Brito, presidente de la Comisión de Vivienda y presidente de la comisión de defensa de la Cámara de Diputados, respectivamente. 

A principios de junio el presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, junto al ex presidente de la CORMU, Miguel Lawner, le enviaron una carta al ministro de Defensa Alberto Espina, entregando los antecedentes legales que explican la negociación inmobiliaria que está realizando esa institución castrense. En paralelo, ambos arquitectos entregaron los mismos antecedentes a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre el dictamen que emitió en 1998. 

"El Ejército, como el resto de las ramas de las fuerzas armadas, recibieron del Estado chileno millonarios recursos monetarios para defender la integridad de nuestra nación y no para hacer negocios inmobiliarios, para eso están las inmobiliarias, los corredores de propiedades, los actores privados",  explicó a INTERFERENCIA Patricio Herman.

Por su parte, el diputado de Revolución Democrática y Presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Jorge Brito, afirmó que “el patrimonio del Ejército de Chile creció bastante a partir de los años ochenta, la institución habría estado enajenando, vendiendo aquello que creemos debe responder a un interés del Estado, que es parte de su patrimonio”.

Desde el año 2005, el Ejército habría vendido, según Brito, más de 100 inmuebles catalogados como patrimonio de afectación fiscal, por lo que ahora es la Contraloría la encargada de analizar si estos movimientos se ajustan a derecho. 

Contactado por INTERFERENCIA, este organismo declaró que ya ha solicitado los antecedentes correspondientes, tanto al Ministerio de Bienes Nacionales como al Ministerio de Defensa Nacional y al Ejército, por lo que el tema se encuentra en estudio y emitirá un nuevo dictamen en cuanto reúna más información.