"Para los soldados de tropa, profesional, hay una planta de 7.000 soldados, que es lo que autoriza la ley, pero solamente se está financiando a 1.600", dijo Iturriaga en una sesión de la Subcomisión Mixta de Presupuestos el pasado 28 de octubre. Este martes, tras el rechazo a la partida de Defensa, la ministra Fernández señaló que "descarto totalmente el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas". 

Desde la firma señalaron a Interferencia que las transferencias, realizadas desde la misma cuenta en que Hermosilla pagó a Chadwick, corresponden a charlas sobre entornos sociopolíticos para clientes de su bufete por $2.368.556 en 2022 y $2.937.177 en 2023. Aseguran que pagos están debidamente documentados y facturados.

La discusión de la nueva Ley de Pesca en la Cámara de Diputados ya evidencia la influencia de la industria pesquera en la redacción de la norma. Más de 200 de las indicaciones propuestas por tres diputados, coinciden con los argumentos de los grandes conglomerados agrupados en la Sociedad Nacional de Pesca.

En respuesta a una solicitud de transparencia de nuestro medio, la institución indicó que no ha realizado ningún estudio sobre el impacto en la salud, puesto que no ha comprado ni está comprando este tipo de armamento, a pesar de haber autorizado su uso el pasado 17 de julio y de existir registros de su utilización desde 2008.

La Ley de Inteligencia vigente establece que la coordinación está a cargo del jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia, quien posteriormente informa al mandatario. En medio de la crisis sanitaria y con el estallido social en aparente pausa, el gobierno busca que la Cámara de Diputados despache lo antes posible esta iniciativa que ya fue aprobada de forma unánime en el Senado.

En octubre de 2010 una sociedad controlada por un oficial en retiro de la Armada adquirió el 10% de la propiedad de Sisdef, una empresa clave de la defensa nacional. Un año después se activó una cláusula que rige hasta hoy: si quiere vender, Asmar, la empresa pública que es dueña principal de Sisdef, está obligada a comprar su paquete con los reajustes necesarios. El senador Carlos Bianchi, miembro de la comisión de Defensa, dijo que citará a las autoridades correspondientes para "analizar lo ocurrido".

Un decreto de Pinochet de 1975 le ha permitido, hasta hoy, al Ejército enajenar propiedades fiscales, realizando lucrativos negocios inmobiliarios. Pese a un pronunciamiento de la Contraloría en 1998, que anuló ese decreto, la institución continúa con la práctica. Ahora está negociando con terrenos premium en el sector oriente de Santiago.