Ya son 57 muertos durante las masivas manifestaciones en Perú: 46 civiles y un policía perdieron la vida de manera directa durante las protestas, mientras que otros 10 fallecieron en cortes de vías. De acuerdo con el medio de investigación periodística peruano, Ojo Público, la mayoría de los muertos son jóvenes: siete menores de edad, entre 14 y 17 años; 18 muertos entre 18 y 25; y ocho entre 26 y 33. La Defensoría del Pueblo, entidad estatal creada para defender los derechos fundamentales, registra ya 1.600 heridos durante las protestas.

Ante la crisis, la presidenta pidió adelantar las elecciones presidenciales para aliviar la situación, pero el Congreso rechazó la iniciativa.

Con esas cifras y a 53 días de que Dina Boluarte asumiera como presidenta interina, la crisis pareciera no tener aún una salida clara. La mandataria ha mantenido un discurso confrontacional hacia la protesta, siendo criticado en medios como El Comercio, de corte centroderechista. Incluso, Boluarte llegó a asegurar que algunos lesionados y fallecidos fueron agredidos con armas disparadas por los propios manifestantes. Ante la crisis, la presidenta pidió adelantar las elecciones presidenciales para aliviar la situación, pero el Congreso rechazó la medida; una que podría haber aliviado en algo la tensión en el país al ser parte de las exigencias de quienes se tomaron las calles.

Hace siete semanas, el 7 de diciembre, el entonces mandatario peruano, Pedro Castillo, intentó un autogolpe de Estado. De cara a un inminente nuevo proceso de destitución en su contra –el tercero en un año y medio de iniciado su mandato–, Castillo trató de disolver el Congreso, intervenir el Ministerio Público, el Poder Judicial y convocó la elección de un nuevo parlamento con facultades para cambiar la Constitución.

El intento quedó en eso: el presidente fue destituido de su cargo y arrestado, dando paso a que Boluarte, vicepresidenta y también militante del partido Perú Libre, asumiera como la primera mandataria en la historia de aquel país. La destitución de Pedro Castillo, un presidente de izquierda originario de una zona rural pobre de Perú, despertó indignación en la clase trabajadora peruana, especialmente en la población indígena fuera de Lima, la capital.

Múltiples protestas se tomaron el país, aumentando en intensidad a medida que el gobierno de la presidenta interina sumaba días en el poder. Se cortaron calles, se convocaron marchas, manifestantes intentaron llevar la protesta -infructuosamente- al Congreso y el Palacio de Gobierno. Incluso hubo intentos de tomar aeropuertos por parte de simpatizantes de Castillo en Apurímac, Ayacucho, Puno, Andahuaylas, Huamanga y Juliaca. La renuncia de la presidenta Boluarte, la liberación de Castillo y el cierre del Congreso son reportadas en prensa peruana como las principales consignas en las protestas.

La respuesta del Estado peruano a las protestas, como reflejan las cifras de violencia policial y militar, fue la represión. Los motivos detrás de las masivas manifestaciones son múltiples y, también, conocidos en la región.

Desesperanza ante la democracia

Después de cubrir las protestas en la ciudad de Juliaca, Julie Turkewitz, la jefa de la oficina de Los Andes del New York Times –medio que difícilmente podría posicionarse en la esfera ideológica de Pedro Castillo o de quienes lo apoyan en las calles–, comentó en el newsletter del NYT que el sentimiento en los manifestantes es de desesperanza ante la democracia peruana.

“Esta idea de que las personas se sienten olvidadas por la democracia peruana era visible en el hospital”, asegura, siendo los problemas en Perú unos de “décadas de frustración por la pobreza, la desigualdad y la disfuncionalidad”.

“Estar ahí realmente me ayudó a entender por qué las personas sienten que la democracia peruana no está funcionando para ellos”, explica Turkewitz, algo que ejemplifica con una escena en el hospital público de Juliaca. “Hablamos con muchas personas que sufrieron heridas de bala […] y no les habían dado sus reportes médicos, aún cuando eso era su derecho. Muchos pensaban que estaban siendo castigados por su asociación con las protestas”, relató al Times.

En el hospital, la corresponsal y jefa de la oficina de Los Andes constató que los pacientes no tuvieron acceso a servicios básicos como agua, papel higiénico o jabón. “Esta idea de que las personas se sienten olvidadas por la democracia peruana era visible en el hospital”, asegura, siendo los problemas en Perú unos de “décadas de frustración por la pobreza, la desigualdad y la disfuncionalidad”.

Las similitudes con el caso chileno en cuanto a los motivos detrás de recientes protestas masivas son evidentes, incluso mencionadas por la propia corresponsal del Times. Esta semana y desde este lado de la cordillera nacieron ásperas críticas para lo acontecido en Perú las últimas siete semanas.

Boluarte recalca su compromiso con adelantar las elecciones para aplacar la crisis: el Congreso dice ‘no’

Gabriel Boric criticó duramente la represión efectuada por el gobierno de Dina Boluarte en su intervención durante la cumbre de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) el pasado martes.

“No podemos ser indiferentes cuando hoy en día en nuestra hermana nación de Perú personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas”, espetó Boric, junto con llamar a Boluarte a realizar un “cambio de rumbo”. “El saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia -tras el fallido autogolpe de estado del expresidente Pedro Castillo- es inaceptable”, condenó.

La respuesta de la Cancillería peruana al mandatario chileno llegó el 25 de enero, al día siguiente de su exposición. “El vicecanciller Ignacio Higueras transmitió hoy al embajador de Chile el malestar que ha generado en el gobierno peruano la manera irrespetuosa en la que el presidente Gabriel Boric se refirió a la presidenta de la República, Dina Boluarte”, indicaron mediante la cuenta institucional en Twitter.

Más importante que el descontento fue lo expresado por la Cancillería de Perú en un segundo tuit, donde indicaron que “el rumbo elegido por el gobierno constitucional de la presidenta Boluarte es el adelanto de elecciones generales para que los peruanos decidan sin injerencias y en paz el destino del Perú”.

Con 65 votos en contra y 45 a favor, el parlamento peruano desechó pasar a las urnas la decisión de quién gobierna el país y aliviar el conflicto sociopolítico que los golpea. La crisis continúa.

Esta es justamente la postura que ha asumido la presidenta interina. “Yo me iré en el momento que ustedes, señores congresistas, hayan votado y desde el Ejecutivo hayamos convocado a las elecciones generales. Nadie se quiere quedar en el poder, no tengo ninguna intención de quedarme como presidenta más allá de lo que en el adelanto de elecciones hemos fijado”, aseguró en conferencia de prensa el pasado 24 de enero.

Pero el llamado de la mandataria a adelantar las elecciones presidenciales a octubre de este año fue desestimado por el Congreso. Con 65 votos en contra y 45 a favor, el parlamento peruano desechó pasar a las urnas la decisión de quién gobierna el país y aliviar el conflicto sociopolítico que los golpea. La crisis no pareciera estar pronta a acabar.