Caprichosas como las diosas de la antigüedad, las placas tectónicas se movieron el 11 de marzo de 2010 justo cuando Sebastián Piñera leía su discurso inaugural.

El príncipe Felipe de España y el presidente boliviano Evo Morales observaron con preocupación el techo del gran salón del congreso y algunos invitados en el palco incluso se pusieron de pie y avanzaron hacia los pasillos. El movimiento, réplica del gran terremoto del 27–F, fue de tal magnitud que en ese momento cientos de personas salían a la calle, temiendo un repetición de la tragedia. Algunas incluso corrían cerro arriba en Valparaíso intentando escapar de un eventual tsunami.

Pero la tierra se calmó y Sebastián Piñera pudo concluir su ceremonia de investidura. Había esperado ese momento toda su vida y se le notaba en la sonrisa que cruzaba su cara. Años de trabajo, decenas de decepciones y desaires, los ninguneos de la UDI, las traiciones en RN. Sebastián Piñera había superado todo, desde Ricardo Claro a Longueira, pasando por Lavín. Nadie le echaría a perder su fiesta.

Si la polis financiera había influido en los gobiernos anteriores neutralizando reformas, revirtiendo decisiones e incluso fallos de la justicia, con Piñera entró de lleno en el Estado.

Con la banda presidencial encima, procedió a juramentar a su gabinete. Si la polis financiera había influido en los gobiernos anteriores neutralizando reformas, revirtiendo decisiones e incluso fallos de la justicia, con Piñera entró de lleno en el Estado. Los nuevos ministros e intendentes eran directores de empresas, ejecutivos financieros y del retail. Todos egresados de la UC, con doctorados en Chicago, Minnesota y la Universidad de Navarra.

Los primeros meses fueron de una sorpresiva continuidad discursiva y práctica con los gobiernos anteriores de la Concertación. Solo había más figuras religiosas en las oficinas públicas, como la Virgen que instaló la directora nacional de la Junji, Ximena Ossandón, en el patio de la institución.

La crisis mundial de 2009 y el terremoto tensaron las cuentas públicas, pero como era un gobierno de la polis, la polis “se puso”, aceptó una reforma tributaria transitoria para financiar la reconstrucción. Durante la campaña, Piñera prometió crear un millón de empleos, y los empleos se crearían.

Nada alteró esta narrativa. El épico y mediatizado rescate de los treinta y tres mineros atrapados en la mina San José fue incluso una luna de miel soñada para cualquier gobernante.

Pero llegó 2011, la cuenta pública del 21 de mayo, con sus desórdenes callejeros habituales en Valparaíso. Desde hacía años junio era el mes de las movilizaciones estudiantiles. Era normal que dos o tres universidades del CRUCH estuvieran tomadas durante un par de semanas. En 2006 fue el turno de los secundarios, que instalaron en la agenda el problema de la educación pública. Sin embargo, nada hacía presagiar lo que ocurrió en 2011.

Liderado por un puñado de rostros carismáticos, decenas de miles de estudiantes universitarios salieron a las calles a protestar contra el lucro y la mercantilización del sistema educativo, contra la deuda del Crédito con Aval del Estado, la Ley Orgánica Constitucional que instaló la subsidiariedad en el sistema y la provisión de servicios educativos por empresas con fines de lucro. Los secundarios se sumaron al movimiento y se tomaron los colegios; las clases de paralizaron en todo el país.

El gobierno respondió mediante la represión y obtuvo un desastre comunicacional. Las imágenes ahora circulaban a una velocidad incontrolable para la narrativa oficial. Por cada imagen de grupos de encapuchados destrozando semáforos circulaban cien de policías apaleando, gaseando y vejando a niños y adolescentes.

El 18 de julio Piñera debió hacer un importante cambio de gabinete. Sacó a Lavín del Ministerio de Educación, fundido por la fuerza del movimiento estudiantil, y lo envió al Ministerio de Desarrollo Social. Cambió a la vocera Ena von Baer por su primo Andrés Chawdwick Piñera, y colocó a Pablo Longueira, su enemigo histórico en la derecha, en la cartera de Economía, en vez del leal Juan Andrés Fontaine.

Era un anticipo de lo que sucedería ocho años después.

El 4 de agosto de 2011, la policía no pudo controlar el centro de Santiago y tuvo que replegarse. Después de horas de escaramuzas callejeras, los vecinos se unieron a los manifestantes en el perímetro de Santa Lucía, Lastarria y Parque Forestal y formaron barricadas.

Era un anticipo de lo que sucedería ocho años después.

***

A la señal de los estudiantes se sumaron otras que nadie unió, que todos los analistas y economistas transversales pasaron por alto: poco a poco, en el seno de la polis comenzaban a incubarse conflictos internos, señales de fatiga financiera, falta de liquidez y delito de cuello y corbata.

El 31 de mayo de 2011 celulares y teléfonos fijos comenzaron a sonar en Sanhattan al ritmo frenético de un rumor. Algo sospechoso ocurría con uno de los títulos estrella de la bolsa.

La empresa se llamaba La Polar y sus ejecutivos llevaban años cosechando elogios por su espectacular reconversión en una moderna cadena de retail. Todo había comenzado cuando el fondo de inversiones Southern Cross invirtió en la marca cuando nadie creía en ella, saneando sus cuentas, reprogramando pasivos y modificando su imagen corporativa.

Había que dejar atrás el recuerdo de un famoso spot televisivo de los años 80 en que La Polar buscaba conectarse con el segmento popular mediante unos toscos dibujos animados con cumbia como música de fondo: “no te aflijas mi negra, que es llegar y llevar / donde tú ya lo sabes… / La Polar, La Polar…”

La remozada cadena buscó potenciar el uso de su propia tarjeta de crédito, contratar un rostro famoso y hacer publicidad en 360 grados para fidelizar clientes de poder adquisitivo medio y bajo.

El periodista Sergio Jara cuenta en su libro Piñera y los Leones de Sanhattan cómo se incubó uno de los mayores escándalos financieros de la última década.

"El primero en hacerlo sería Pablo Alcalde, el líder natural de un grupo más amplio de ejecutivos que, como se verá más adelante, vivían sobre una mentira obscena, que perjudicó a miles de inversionistas y más de un millón de clientes".

"El estudio Barros & Errázuriz, de Fernando Barros Tocornal, exabogado del dictador Augusto Pinochet y asesor histórico de toda la estructura societaria de Sebastián Piñera tanto en Chile como en la Islas Vírgenes Británicas, trabajó con Southern Cross asesorando a los ejecutivos de La Polar en la construcción de una serie de sociedades que les permitieran entrar a Comercial Siglo XXI sin tener que pagar una tasa impositiva mayor por sus ganancias. El primero en hacerlo sería Pablo Alcalde, el líder natural de un grupo más amplio de ejecutivos que, como se verá más adelante, vivían sobre una mentira obscena, que perjudicó a miles de inversionistas y más de un millón de clientes".

La operación duró años y en ella cayeron muchos “inversionistas supuestamente avezados como AFP Habitat, el administrador de fondos Moneda Asset Management y las compañías de seguro del grupo Saieh”.

Días antes del escándalo, la corredora LarrainVial aún recomendaba comprar acciones de La Polar. Sin embargo, un informe entregado a la Superintendencia de Valores y Seguros por el abogado Andrés Sepúlveda alertó que las cuentas por cobrar de la cadena habían sido abultadas a través de un mecanismo retorcido: sin que los clientes lo supieran, las cadena había repactado unilateralmente lo que debían.

El 9 de junio, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) recibió una carta oficial del directorio de La Polar, en que se reconocía la existencia de “prácticas no autorizadas en la gestión de créditos”. Al abultar artificialmente las cuentas por cobrar, las empresa había declarado al mercado, a sus accionistas y al servicio de impuestos internos un nivel de ganancias totalmente artificial. Al reconocer la mentira, la empresa se obligaba a provisionar millones de pesos para enfrentar multas, demandas y eventuales pérdidas.

Al abultar artificialmente las cuentas por cobrar, las empresa había declarado al mercado, a sus accionistas y al servicio de impuestos internos un nivel de ganancias totalmente artificial. Al reconocer la mentira, la empresa se obligaba a provisionar millones de pesos para enfrentar multas, demandas y eventuales pérdidas.

En pocas horas la acción de La Polar se desmoronó en un 42 % y sus transacciones debieron ser suspendidas durante dos horas, mientras los actores del mercado digerían la información. En este escenario y cuando el escándalo ya era vox populi, una AFP invirtió casi diez millones de dólares en acciones de la empresa.

Esa AFP era Capital, y la decisión de invertir en La Polar es un resulta enigmática no solo por el timing, sino además por el monto.

El economista Joseph Ramos era director independiente de AFP Capital en ese entonces, y recuerda que a él y al equipo de inversiones de la AFP siempre les pareció raro el bajo nivel de morosidad que mostraba La Polar, pese a que sus clientes eran los más expuestos al ajuste recesivo de 2009.

Tanto así que en 2010 AFP Capital decidió vender la mitad de su porfolio de acciones de la cadena y restarse de la emisión de bonos de corto plazo que realizó en 2011, a días de la debacle y con la asesoría de LarraínVial. Aquella emisión de bonos ascendió a cien millones de dólares que la corredora ofreció a sus amigos cercanos y que, en menos de una semana fue “el hazmerreír de todo Sanhattan”.

Sin embargo, el 12 junio 2011, ya conocidas las primeras noticias del escándalo, Capital tomó la decisión contraria: comprar. “Según nuestros analistas, el mercado estaba sobre reaccionando y la acción bajaba demasiado”, señala Ramos. “Creímos que la caída de 2011 era una oportunidad, y yo no escuché nadie en el equipo de inversiones decir que la Polar estaba adulterando sus números”.

A los pocos días se vieron obligados a reconocer su error. Le habían provocado a sus afiliados una pérdida millonaria, que derivó en una investigación de la Superintendencia de Pensiones. Los ejecutivos y directores de la AFP, entre ellos Joseph Ramos, un destacado economista y académico de la Universidad de Chile, insistieron en que habían obrado de buena fe.

“Si compras y el precio cae dicen que eres tonto, pero si vendes y sube también”, señala hoy Ramos. “Y si no haces nada tampoco te salvas. La súper no podía criticar a Capital por comprar”.

Sin embargo, la gran pregunta no es por qué Capital compró, sino a quién le compró aquel paquete de acciones de La Polar a horas de que estallara el escándalo. Consultadas diversas fuentes, la reacción es de incomodidad. Nadie sabe, nadie se atreve a identificar al misterioso vendedor.

Sin embargo, la gran pregunta no es por qué Capital compró, sino a quién le compró aquel paquete de acciones de La Polar a horas de que estallara el escándalo. Consultadas diversas fuentes, la reacción es de incomodidad. Nadie sabe, nadie se atreve a identificar al misterioso vendedor de una acción no solo sobrevaluada, sino asentada en la mentira y la manipulación contable.

Las preguntas abiertas por la operación rebasaban la mera ingenuidad o la incompetencia.  ¿Cómo podía una administradora importante, dotada de todos los recursos humanos y técnicos necesarios, invertir de una manera tan imprudente? ¿Acaso estaban sus ejecutivos aislados en una cúpula de cristal mientras todo Sanhattan evaluaba su exposición a La Polar? Más aún, ¿quién fue el accionista de La Polar que, gracias a la torpeza o ingenuidad de Capital, logró evitarse millonarias pérdidas?

Capital había pagado entre $1.349 y $1.494 por acción. En sus descargos, sus ejecutivos sostuvieron que los títulos de La Polar abrieron el lunes siguiente en $1.539, argumentando en base a ello que “el mercado seguía validando lo obrado por AFP Capital los días 9 y 10 de junio de 2011”.

La ilusión duraría apenas unas horas. A medida que se iban conociendo detalles del fraude las acciones de La Polar no dejaron de caer. La Superintendencia de Pensiones, encabezada por Solange Bernstein, ofició a Capital y abrió una investigación acusándola de infringir el artículo 147 del DL 3.500, el que establece que “las Administradoras responderán hasta de la culpa leve por los perjuicios que causaren a los Fondos por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones”.

La investigación duró dieciocho meses y culminó de la manera más insólita. La resolución consta de 16 páginas en las cuales la Superintendenta Bernstein y su equipo refutan todos los descargos de Capital, asevera que los expertos citados por la AFP carecen de imparcialidad y que los hechos muestran “una falta del debido cuidado que impone la ley en el ejercicio de su deber como administrador fiduciario”.

En la investigación de la superintendencia jamás se abordó la posibilidad de un conflicto de interés, ni menos la identidad de los vendedores de aquellas acciones que Capital adquirió en perjuicio de sus afiliados.

Pese a esto, Bernstein resolvió que no existían méritos para perseverar en la investigación ni presentar cargos contra Capital. La AFP había obrado de buena fe, como sostuvieron Ramos y sus ejecutivos en sus respectivos descargos.

En la investigación de la superintendencia jamás se abordó la posibilidad de un conflicto de interés, ni menos la identidad de los vendedores de aquellas acciones que Capital adquirió en perjuicio de sus afiliados.

La culpa no fue solo de la reguladora previsional. La SVS tampoco investigó el hecho de que las acciones de La Polar abrieran al alza el lunes 13 de junio de 2011, cuando ya todo el mercado financiero sabía que sus cuentas por cobrar eran un engaño, que sus máximos ejecutivos habían sido despedidos y probablemente serían formalizados y procesados por estafa. No había que ser un insider para prever que los accionistas de La Polar no verían un dividendo en años.

Todavía no lo ven, y sin embargo la cadena salió a flote porque alguien decidió hacerlo.

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Los ejecutivos de La Polar fueron llevados a la justicia y varios de ellos condenados. Las corredoras y auditoras recibieron multas millonarias y los acreedores de la compañía debieron esperar años a que se sanearan las cuentas y se ofrecieran mecanismos de canje para capitalizar sus bonos en acciones.

Mientras tanto, otro gran grupo financiero comenzó a dar señales inquietantes. Era mucho más grande que La Polar y tenía ramificaciones en el comercio minorista, bienes raíces, medios de comunicación y alta cultura. Su cabeza era un millonario coleccionista de arte de gustos refinados y de origen más bien modesto. Un outsider.

A fines de junio de 2013, el diario electrónico El Mostrador reveló la existencia de “triangulaciones irregulares de capitales desde CorpBanca a SMU”, ambas relacionadas al empresario Álvaro Saieh Bendeck.

CorpBanca era la continuadora del antiguo Banco Concepción, adquirido por Saieh y sus socios en los años 90. Nadie ponía en duda tanto su experticia como la de su equipo en gestionar bancos, aseguradoras y otros negocios financieros. Sin embargo, la percepción comenzó a cambiar cuando el empresario incursionó en el rubro de supermercados a través del holding SMU.

La cadena Unimarc, principal activo de SMU, se transformó en un dolor de cabeza para el grupo. El deterioro de los resultados comenzó a inquietar al mercado financiero por la posibilidad de contagiar a Corpbanca.

La triangulación denunciada por El Mostrador era un deja vu de las viejas prácticas de Grupo Cruzat–Larraín a comienzos de 1980. Un fondo de inversiones llamado Synergia recibió millonarios créditos de Corpbanca y luego invirtió estos recursos en adquirir acciones de SMU, las que no paraban de caer dada la delicada situación financiera de la cadena de supermercados.

Aunque la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) lo respaldó, señalando –sin mucha convicción– que su actuar no violaba límites normativos de créditos relacionados, en el mercado ya había certeza de que se había usado un subterfugio para financiar a la supermercadista.

Con el paso de las semanas, el banco intentó aclarar la situación, pero el cuestionamiento se había instalado. Aunque la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) lo respaldó, señalando –sin mucha convicción– que su actuar no violaba límites normativos de créditos relacionados, en el mercado ya había certeza de que se había usado un subterfugio para financiar a la supermercadista.

El superintendente de bancos Rafael Bergoeing intentó minimizarlo. “Son cifras que, si se comparan con las colocaciones, el capital y las colocaciones del banco son menores y no afectan cuantitativamente su solvencia ni su liquidez”, señaló a La Segunda.

Nadie le creyó.

Para entonces las acciones de SMU y las de Corpbanca caían en forma simultánea y mientras Bergoeing insistía en que estaba todo bien, la superintendencia de Pensiones tuvo que intervenir con un discurso diametralmente opuesto: los fondos de los afiliados estaban expuestos a grandes pérdidas si la situación no se revertía.

La superintendenta de pensiones Solange Berstein, la misma que había cerrado el oficio contra AFP Capital sin aplicar sanciones por el caso La Polar, ofició a todas las AFP para saber qué medidas tomarían para proteger a los afiliados en el caso Corpbanca/SMU.

Y entonces comenzó el descalabro.

Al cierre de junio de 2013, las AFP tenían invertidos US$ 2.642 millones en CorpBanca a través de bonos, depósitos a plazo, bonos subordinados y acciones. Un mes más tarde, y en medio de las dudas sobre el banco, la exposición de las AFP bajó drásticamente a US$ 2.033 millones, producto principalmente de la caída a casi la mitad de los depósitos a plazo.

En agosto de 2013 las acciones de CorpBanca cayeron un 40% y el banco ya experimentaba problemas de liquidez. Muchas de las acciones del propio Saieh estaban entregadas en garantía a otros bancos que le habían prestado plata para comprarlas. El viejo vicio de la compra apalancada que llevó a la ruina a Manuel Cruzat, en tiempos de la segunda polis financiera. La cuenta regresiva había comenzado.

Fue en aquel momento que el Gobierno de Piñera tuvo que intervenir para evitar una posible corrida bancaria que se transmitiera desde Corpbanca al resto del sistema.

Fue en aquel momento que el Gobierno de Piñera tuvo que intervenir para evitar una posible corrida bancaria que se transmitiera desde Corpbanca al resto del sistema. La fuerza de tarea para salvar a Saieh y su banco quedó compuesta por el propio Piñera, el ministro de Hacienda Felipe Larraín, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara y los titulares de la SBIF y de la SVS.

Para dar una señal de confianza la Tesorería General de la República salió a renovar sus depósitos en Corpbanca, mientras que la mesa de dinero de BancoEstado salió a comprar bonos del banco cuyo valor venía cayendo. El Banco Central también enviaba “señales” a distintos actores del mercado resaltando que al final, si todo lo anterior fallaba, siempre estaría el Banco Central como prestamista de última instancia.

Fue una operación discreta, apenas cubierta por la prensa, más allá de las actas del Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se coordinó la respuesta oficial a la crisis.

El rescate de Corpbanca muestra también un patrón de conducta de la polis financiera a la hora de cuidar a los suyos desde el Estado. Se detecta una acción impropia como la triangulación de dinero desde Corpbanca a la cadena de supermercados a través del fondo Synergia. El regulador lo minimiza y comienza a jugar con las cifras, amañándolas a plena luz del día y con cara de póker. Una vez que se asienta la polvareda y como quien no quiere la cosa, se cambia la normativa para legitimar la acción impropia de Corpbanca.

Eso fue lo que hizo Rafael Bergoeing en 2013. A fines de julio aseguró que las cifras de CorpBanca eran sanas y refutó que la triangulación entre Corpbanca y SMU a través de Synergia constituyeran créditos entre partes relacionadas. Más aún, comparó las cifras de la operación con el total de colocaciones de Corpbanca y no con el patrimonio, que es como se debe hacer. Era menos del 1%. Pero la operación adquiría otra dimensión al compararla con el patrimonio.

En las actas del CEF sí lo aceptó como crédito relacionado, pero lo volvió a comparar con las colocaciones. Luego, presentó una modificación normativa que quedó en acta, en el acostumbrado lenguaje críptico de los economistas:

Bergoeing hizo la pega y la polis lo premió: hoy es director de AFP Cuprum.

La Sbif detalló la propuesta de circular que complementa la normativa sobre deudores relacionados a entidades bancarias, que se encuentra en consulta pública. Esta norma incluiría dentro de las presunciones de relación por propiedad a los patrimonios de afectación que sean receptores de créditos de un banco, bajo ciertas circunstancias, e introduce perfeccionamientos al mecanismo de reporte periódico de deudas con relacionados a entregar por los bancos, entre otras modificaciones.        

Bergoeing hizo la pega y la polis lo premió: hoy es director de AFP Cuprum.