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Lunes, 19 de abril de 2021
Un cuarto en Chile

Arriendos abusivos: Vivir hacinados en tiempos de pandemia

Ámbar Araneda
Tomás Basaure*

Casi 1 de cada 10 personas nacidas en Chile y 2 de cada 10 migrantes viven esta realidad de hacinamiento, con miedos a contagiarse de Covid-19 o ser desalojados por un arrendador que administra bajo su propia ley, inmune a las multas y notificaciones municipales. De las 44 denuncias recibidas para este reportaje, dos personas decidieron contar su historia y sólo una se atrevió a exponer a su arrendador, luego de dejar la vivienda. El miedo a quedar en la calle pesa demasiado.

En el patio trasero de una casa antigua ubicada en Recoleta, existe una construcción de dos pisos que cuenta con diez piezas arrendadas a migrantes. Techos con cables eléctricos a la vista y colgando, piezas con marcadores de luz, muros de planchas de zinc, alambres puestos en medio de las habitaciones a modo de colgadores de ropa y personas que, pese a la cuarentena, entran y salen de la vivienda durante el día para ir a trabajar. Así vive Jean, según relata. 

Es haitiano y paga 120 mil pesos de arriendo, valor que incluye la cuenta de luz y agua. No tiene baño propio. Junto a 15 personas comparte cuatro cubículos ubicados también en el patio: dos de ellos con lavamanos e inodoro, casi pegados, y los otros dos con una ducha cada uno. “Es entrar, darte la vuelta, sentarte en la taza, lavarte las manos y salir. Yo soy de un metro ochenta y dos. Hay un baño que no puedo usar por eso mismo, por mi rodilla, porque es tan estrecho el lavamano con la taza que choco”, comenta Jean. Un metro veinte de largo y apenas ochenta centímetros de ancho mide cada uno de los cuatro cubículos. “Nosotros somos un poco altos, pero tenemos que acomodarnos. Es lo que hay que vivir po’, no hay otra”, dice. 

La historia de Jean se repite de múltiples formas y afecta a personas de distintas nacionalidades. Según estimaciones de la Dirección de Extranjería y el Instituto Nacional de Estadísticas, al 31 de diciembre de 2019, en Chile había cerca de un millón y medio de migrantes. Sólo un 15% de ellos reside en una vivienda propia, según un informe publicado por el Servicio Jesuita Migrante, Fundación Techo y centros de estudios universitarios. Así, el arriendo es la forma más común de ocupación entre migrantes, donde 1 de cada 4 arrienda sin contrato. Un hecho que sólo se produce entre 1 de cada 20 chilenos.

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Jean comparte los baños de la vivienda de Recoleta con otras 15 personas. Son cuatro cubículos de 1,20 metros de largo y apenas 80 centímetros de ancho. Foto: Jean
Jean comparte los baños de la vivienda de Recoleta con otras 15 personas. Son cuatro cubículos de 1,20 metros de largo y apenas 80 centímetros de ancho. Foto: Jean

Un arriendo inalcanzable

Arrendar en Chile es difícil. Los documentos que se exigen, sumados a los altos precios de las viviendas, hacen casi imposible el arriendo formal. El ingreso mediano del país corresponde a 400 mil pesos, según la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2018 del INE. Esto equivale al valor mensual promedio de un departamento de dos habitaciones en la zona céntrica de la ciudad. Es decir, el sueldo promedio está por debajo de cualquier opción de acceder a un arriendo formal.

Los requisitos más comunes son tener un contrato de trabajo, una remuneración de al menos tres veces el valor del arriendo, contar con las tres últimas liquidaciones de sueldo y un aval. Algo complejo para muchas personas. Además, en el caso de los migrantes, deben acreditar su residencia legal en el país, según el Decreto 597 de Extranjería, lo que se puede hacer con la cédula de identidad u otros documentos. “Para acceder a un arriendo hay muchos requisitos que un migrante que está recién llegado al país no cumple. Eso obliga a girarse hacia un arriendo informal”, explica Matthias Casasco, jefe de Solución Habitacional de Techo Chile.

Uno de los primeros casos de hacinamiento que reveló la pandemia fue el de un brote de coronavirus en un cité de Quilicura, donde 33 haitianos fueron confirmados de Covid-19. Mientras mayor es la curva de contagio, más casos de hacinamiento salen a la luz y producen asombro entre quienes dicen no conocer estas realidades. Un incendio en un cité de Estación Central donde vivían 30 familias hacinadas en 14 viviendas subdivididas, arrendatarios migrantes baleados por no pagar el alquiler, o 200 personas viviendo en caballerizas cercanas al Hipódromo, donde se arrendaban piezas por cifras superiores a cien mil pesos, son la punta del iceberg. 

En estos arriendos informales se repiten los abusos: uno o dos baños para todos los habitantes, instalaciones eléctricas con cables a la vista que conectan los medidores de luz de cada pieza y un cobro que bordea los 150 mil pesos. Todo a cargo de un arrendador que, en muchos casos, no es el dueño de la propiedad y que, aprovechándose de la situación de sus arrendatarios, pone las condiciones que quiere. “He visto cités en donde una pieza amplia se subdivide con paneles y lo que queda son cubículos súper estrechos. Se arrienda el poder dormir ahí”, dice Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante (MAM) organización que se dedica a defender los derechos de la comunidad migrante en Chile.

En su mayoría, los subarrendatarios no denuncian por miedo a perder el techo bajo el cual duermen. “La gente ya se arriesgó mucho y puede vivir un tiempo en esta condición porque no le queda de otra”, cuenta Estefanía Palacios, trabajadora social de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica. En los cinco años que llevan atendiendo migrantes de manera especializada, dice, no han recibido denuncias de este tipo porque nadie quiere arriesgar su permanencia en el país. Desde el MAM, Cardoza agrega que “la migración que está en los cités y en los sectores más precarios, es la que está en situación de irregularidad o en proceso de regularidad, es decir, que ingresó alguna documentación y pasan ocho o nueve meses hasta que le responden”.

Aceptar y callar

Para este reportaje se difundió un formulario en español y creolé (@uncuartoenchile) incluyendo preguntas como: ¿Arriendas una vivienda o pieza y consideras que el cobro es abusivo? ¿conoces algún caso de este tipo? ¿con cuántas personas compartes la habitación? Esto, con el objetivo de recibir denuncias y para que las personas compartieran sus historias de arriendos abusivos, que luego serían investigadas y verificadas.

Entre las 44 respuestas recibidas, diez personas accedieron a hablar en una primera instancia, pero posteriormente, desistieron de seguir en contacto por miedo a perder el techo bajo el cual duermen. Dos personas accedieron a contar sus vidas en esos espacios arrendados o subarrendados, divididos con planchas de zinc y pisos de cemento sin terminaciones: Jean y un chileno que, para resguardar su identidad, se le llamará Ariel.

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Afiche: Tomás Basaure
Afiche: Tomás Basaure

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Afiche: Tomás Basaure
Afiche: Tomás Basaure

Las chispas de un cableado inflamable

Hace tres años que Jean está en la misma situación. Desde 2017 destina parte de su sueldo a pagar el arriendo de Recoleta, pero desde que comenzó la cuarentena ya no trabaja en GEPROMEC, una empresa eléctrica. Por decisión de la compañía, se acogió a su Fondo de Cesantía, el que se dividió en tres pagos: en abril recibió 225 mil pesos, en mayo 200 mil y en junio 175 mil. “Ahí quedó, no hay más pagos porque dijeron que eran tres”, dice Jean. Estamos en agosto. Ya no recibe fondos de cesantía y debió postergar el pago de la renta que, por lo general, debe hacer el día 5 de cada mes.

Jean conoce bien las normas de instalaciones eléctricas y sabe perfectamente que, al igual que todos los inviernos, los cables expuestos que recorren las paredes de la vivienda se sobrecargan.“Una noche dormí sin luz, de repente se cayó el automático, porque no responde el voltaje con las piezas. Ahora que hace frío hay personas que usan un calefactor, un microondas, un hervidor, que son cosas que usan mucha energía”, menciona.

El fuego se expande y se amplifica sin límites comunales. Entre el 1 de enero de 2018 y el 10 de junio de 2020, se han producido 18 incendios en Independencia asociados a fallas o sobrecalentamientos de generadores eléctricos en viviendas, según información entregada por el Departamento de Operaciones y Emergencias. “Ya sea un tema eléctrico o de gas, lo que más se ha identificado en estas propiedades son temas de riesgo desde el punto de vista de los incendios”, dice Juan Míquel, director de la Dirección de Obras Municipales de la comuna del alcalde Gonzalo Durán.

Un incendio afectó a una propiedad en la comuna de Independencia en julio de 2015. La vivienda ubicada en Grumete Bustos, ya tenía antecedentes por irregularidades en el municipio: una denuncia por construcción sin permisos que se realizó en julio de 2014 y, posterior al incendio que la afectó, la municipalidad dictó una resolución de inhabitabilidad y una orden de desalojo de la propiedad. Sin embargo, en septiembre de 2015 la vivienda fue regularizada por Digna Ancco.

La casa de Grumete Bustos se ubica en un terreno de 391 metros cuadrados. Según la mujer de nacionalidad peruana, el arriendo oscila entre los 80 mil y 150 mil pesos dependiendo de la pieza, unas más pequeñas que otras, destinadas a 10 familias. El valor no incluye el agua ni la luz. Su cobro se calcula en base a los medidores eléctricos que hay en cada habitación. La vivienda posee tres baños sin agua caliente, por lo que, según Digna: “Todos llevan el agua en un balde y se bañan”.

Los datos de la plataforma territorial del Ministerio de Salud (Minsal), muestran que la vivienda de Grumete Bustos se ubica en uno de los cuadrantes de Independencia con más casos de Covid-19. Entre el 18 de julio y el 1 de agosto, en este kilómetro cuadrado se registraron 15 casos entre confirmados y probables (ver imagen a continuación).

Digna Ancco no es la dueña de la propiedad. Según el certificado de deuda de Contribuciones de la Tesorería General de la República y datos del Servicio de Impuestos Internos, la vivienda ubicada en Grumete Bustos está a nombre de Eugenio Iracheta y Compañía Limitada. Esta sociedad, dedicada a actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, fue formada en 1986 por Manuel Eugenio Iracheta –quien falleció hace dos años– y Eugenia de la Luz Sanfuentes. Actualmente está conformada por la mujer y sus cuatro hijos.

María Cristina Iracheta, una de las hijas del matrimonio, asegura que como familia no estaban al tanto de que Digna Ancco subarrendaba la vivienda. “La casa tiene giro comercial, no se puede subarrendar, el contrato no lo permite”, dice Iracheta. Al teléfono, levanta un poco la voz: “¿10 familias? No tenía idea… O sea, la casa es grande, pero no están las condiciones para tener 10 familias”.

Digna paga alrededor de 950 mil pesos por la propiedad ubicada en Grumete Bustos a los Iracheta. Sin embargo, llegado el día 5 de cada mes, cobra el arriendo a cada una de las familias de la vivienda recaudando una cifra mayor. Según los valores de subarriendo señalados por Digna, ella podría obtener un margen de ganancia cercano al medio millón de pesos.

Juan Míquel, de la Municipalidad de Independencia, comenta que en estos arriendos abusivos no existe un único perfil del arrendatario: “Es variable, pero sí es interesante que muchas veces no es el dueño. Una especie de corredor de propiedades. Existen algunos especuladores que en el fondo tienen varias viviendas. Muchas veces también son migrantes”.

La ley 18.101 sobre arrendamiento plantea, en su artículo 5º, que en los contratos de arriendo de inmuebles habitacionales, el arrendatario siempre podrá subarrendar, a menos que se explicite lo contrario. “Tú puedes arrendar una pieza en la medida que haya un contrato entremedio y consentimiento de las partes”, explica Estefanía Palacios de la Clínica Jurídica UC. Agrega que, generalmente, en estas viviendas el dueño es otra persona, mientras que quien arrienda hace “uso de una forma que no es la que el dueño quiere o sabe. Yo te cobro a ti tal precio pero tú ganas cinco veces más porque estás subarrendándola”.

Además de la vivienda de Grumete Bustos, Digna administra otras tres propiedades en Independencia, ubicadas en las calles Nueva México, Gamero y Nueva Seis, según antecedentes de la Municipalidad de Independencia. Las últimas dos están a su nombre: vive en una de ellas, pero reconoce que en ambas le arrienda a más familias. No sólo la propiedad de Grumete Bustos contaba con antecedentes de denuncias por irregularidades. Nueva Seis y Avenida México poseen construcciones no autorizadas por el municipio y aún no están regularizadas, según los mismos datos entregados.

Precariedad y hacinamiento como factores de contagio

"Si tu tienes una persona en una casa con un infectado, de 18 viviendo en un mismo espacio, eventualmente, el virus en esa habitación podría ser muy alto si uno lo compara con una familia que vive en una casa de 400 o 300 metros cuadrados en La Dehesa o en Vitacura”, explica Mercedes López, inmunóloga de la Universidad de Chile. Al 6 de agosto, Independencia cuenta con más de 6.000 casos de Covid-19 confirmados, de ellos, 136 activos. Una relación exponencial entre contagios y las casi 1.300 viviendas, asociadas a 106 cités y 18 pasajes, según datos entregados por el Departamento de Vivienda de la Municipalidad de Independencia. A estas, se suman las cerca de 430 viviendas colectivas estimadas por la Dirección de Obras del municipio.

Independencia es la tercera comuna de la Región Metropolitana con mayor presencia de migrantes latinoamericanos: 20 mil, según el Censo 2017. La primera es Santiago con 80 mil y las siguientes son Estación Central, con 17 mil y Recoleta con más de 14 mil. Estos mismos cuatro municipios se ubican dentro de los primeros 15 puestos del ranking, realizado por Atisba, sobre las comunas con mayor población de riesgo de contagio por Covid-19, el que está liderado por Puente Alto.

En Recoleta, en la vivienda de Jean, no hay ningún contagiado hasta el momento. Sin embargo, muchos de sus compañeros de casa trabajan en la feria y otros cruzan comunas enteras para ir a sus trabajos: entran y salen de la vivienda durante toda la semana. “La gente que está limpiando las calles, que está de cargadores en la Vega… Hay una situación de exposición al contagio mucho más extensa en migrantes por el factor trabajo, más que por el tema del hacinamiento, o igual por lo menos”, explica Eduardo Thayer, sociólogo y ex presidente del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones.

A finales de mayo, Jean redactó una carta al municipio de Recoleta pidiendo que fueran a fumigar y sanitizar el lugar. “Me contactó una socióloga haitiana de la municipalidad y mandaron a una persona para acá”, cuenta. Ese día, primero llegó un equipo a sanitizar la vivienda y luego, más tarde, debía ingresar un asistente social a inspeccionar las condiciones en que vivían Jean y las otras 15 personas. Sin embargo, la arrendadora no les permitió entrar. Semanas atrás, ocurrió lo mismo cuando fueron a repartir las cajas de alimentos entregadas por el gobierno: “Cuando llegaron los militares con las personas para entregar alimentos, ella no dejó saber cuántas personas vivían acá, porque lo que está haciendo ella es ilegal”.

Paz Zúñiga, geógrafa de investigación de la Fundación Vivienda, dice que “el problema de los migrantes que viven en precariedad habitacional no es un problema que nazca por la pandemia. En el fondo, se acentúa y se agrava mucho más porque la vivienda pasa a ser una cosa de vida o muerte”. De las cerca de 350 mil viviendas que conforman el déficit habitacional cuantitativo en el país –es decir, las que se necesitan para dar solución a hogares allegados, hacinados o irrecuperables–, más de 46 mil están compuestas por familias migrantes. De ellas, casi 30 mil se localizan en la Región Metropolitana.

Según la inmunóloga Mercedes López, el desarrollo de la pandemia no ha hecho otra cosa que revelar una serie de injusticias que ya existían, relacionadas a cuatro factores: determinantes sociales, movilidad, presencia de agua potable y alimentación. “Si se escarba un poquito en la precariedad del migrante, se va a escarbar en la precariedad del 80% de la población chilena. Cuando uno habla de los arriendos abusivos, no es sólo el migrante el que los vive. Hay un porcentaje importante de la población chilena que está viviendo en las mismas condiciones”, afirma.

Se arriendan piezas para extranjeros y chilenos

Ariel es chileno, pero no se llama así. Para contar su historia pidió cambiar su nombre. Arrienda un departamento en Santiago junto a cuatro personas, pero durante diez meses vivió en una casa antigua del Barrio Yungay, en Santiago Centro. Allísólo le pedían el mes de garantía y acreditar trabajo formal. Sin contrato de arriendo, sólo le bastó mostrar sus boletas de honorarios y pagar en dos cuotas el mes solicitado. “Dentro de lo que pude haber caído en el Barrio Yungay, era lo mejor que pude haber adquirido. Las habitaciones eran nuevas, tenían baños, era como lo más ordenado y el trato con el arrendador tampoco era malo”, dice. 

En un papel dibuja la casa para intentar explicar la división del terreno: son tres patios interiores con piezas a los alrededores. El primer y tercer patio los administra “Don Óscar” y el segundo “Don Luis”. Tío y sobrino tienen diferentes reglas para los cerca de 30 inquilinos. Ariel los identifica como el arrendador “bueno” y el arrendador “malo”: Óscar cobra el arriendo, independientemente de si las personas perdieron su trabajo. Luis, no. Sin embargo, este último asegura que sólo él arrienda en la vivienda y que su tío no se dedica al negocio.

La casona administrada por Óscar Sherman y Luis Montanares está ubicada en calle Libertad y pertenece “Sherman Solis Óscar y Otras”, según el certificado de deuda de contribuciones de la Tesorería General de la República. “Es el típico modo en que se arrienda en el centro, una habitación a personas solas”, dice Luis, quien agrega: “En el sector cobran entre 100 y 80 mil pesos por una habitación, más gastos de agua y luz. Yo rebajé mi arriendo a la mitad para las personas que quedaron sin trabajo”.

Luis Montanares dice que arrienda sólo tres piezas en toda la vivienda y que no se reciben familias. Sin embargo, cuando Ariel dejó la casa, dice que había más de diez personas. Sólo en el segundo patio, enumera: “Había una dominicana con sus dos hijas, una señora que es peruana, un chileno, una chica venezolana y un chico que es peruano. Otro venezolano, un ecuatoriano, y tres peruanos más”. Todos los habitantes de la casa antigua, están expuestos al coronavirus; en el cuadrante donde se ubica, se registraron 13 casos de Covid-19 entre el 18 de julio y el 1 de agosto, según información del Minsal. (ver imagen a continuación).

Sandra Carreño, subdirectora de Servicios Sociales de la Municipalidad de Santiago, afirma que poseen un catastro de viviendas colectivas que existe desde hace tres años, en el que se registran cerca de 150 inmuebles habitacionales. Actualmente, se les entregan cajas de alimentos, kits de aseo y amonio cuaternario para la desinfección de espacios comunes. “Estamos trabajando temas de arriendo abusivo desde 2017”, cuenta. Sin embargo, “a raíz de la entrega de las cajas, sectores donde nosotros no teníamos identificado el subarriendo abusivo, hoy está y existe”.

Ariel pagaba 120 mil pesos a Luis. “En la pieza cabía una cama de plaza y media, un escritorio y un clóset. Era un espacio reducido”, dice. Si bien poseía agua caliente para ducharse, cada inquilino debía tener su propio cilindro de gas, tal como señala Ariel y confirma una persona que aún reside al interior de la vivienda. 

Hasta el momento no ha habido accidentes, pero el riesgo de incendio o fuga de gas es una constante día a día. “Tiene que haber una regularización de este tipo de viviendas por el peligro que implican, por ejemplo, incendios. Los espacios son muy chicos, los materiales de construcción ligeros. Una chispa y se incendia todo”, comenta Ariel. 

Según cifras del Departamento de Emergencia Social de Santiago, entre el 3 de enero y el 27 de junio, se han producido 16 incendios en la comuna, con un total de 118 damnificados. Además, entre el 7 de enero y el 11 de mayo se produjeron 13 desalojos judiciales que afectaron a 303 personas. De ellas, 268 eran migrantes. Por la pandemia estas medidas están suspendidas y, según Sandra Carreño, los decretos de inhabitabilidad que llevan asociados un desalojo recién están proyectados para después del 15 de septiembre.

Las vulnerables herramientas de fiscalización

En un Informe de 2018 de la agencia Atisba se reconocen tres principales viviendas a las que acceden los migrantes al momento de buscar un arriendo: casas antiguas, conventillos y departamentos. Justo detrás de la vivienda de Ariel, por la calle Esperanza, se localiza uno de los 481 cités que existen en la comuna de Santiago, según el plano entregado por la unidad de transparencia del municipio. En él también se identifican 86 pasajes. Entre ambos tipos de viviendas suman cerca de cuatro mil predios, en los que se pueden dar casos de subarriendos abusivos.

Sandra Carreño reconoce que, al tratarse de un acuerdo entre particulares queda limitada la intervención municipal. En 2016, en Santiago se dictó la ordenanza 113 que establece multas de 3 a 5 UTM para personas que “arrienden o subarrienden unidades habitacionales de manera irregular (...) y sin contar con la respectiva patente municipal”. Sin embargo, la subdirectora reconoce que esta normativa no fue aplicable en la práctica: “Para que no exista subarriendo, tiene que cambiar la ley. Tiene que decir: se prohíbe subarrendar. Y eso es complejo, porque ¿qué hacemos con las 6.000 personas que viven en subarriendo?”, dice Carreño.

En abril de este año ingresó a la Cámara de Diputados un Proyecto que modifica la ley 18.101 de arrendamiento, para prohibir y sancionar el hacinamiento en los contratos de arriendo: “Se entenderá que existe hacinamiento cuando haya más de tres personas por habitación (...) se sancionará al arrendador con una multa de 20 a 50 unidades tributarias mensuales”, se establece.

Desde la Dirección de Obras Municipales de Independencia, Juan Míquel señala que muchas veces las herramientas que poseen los municipios no son suficientes, por lo que cuentan con instrumentos limitados, produciendo círculos viciosos en las fiscalizaciones a este tipo de viviendas. “Finalmente, el problema se limita a una multa. Entonces claro, el especulador prefiere pagarla. Es más barato que regularizar la vivienda o ponerla en las condiciones de habitabilidad que corresponde”, menciona. 

El proyecto de ley –ingresado en 2013 y con actual discusión inmediata– también incorpora modificaciones sobre este tema como las planteadas a la ley 18.101. Entre estas se cuentan las sanciones al arrendador o subarrendador que incumplan las normas establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Ellas se relacionan con las “condiciones de habitabilidad, ventilación, iluminación y acondicionamientos térmicos”. Si esta ley se aprueba, arrendadores como Digna, Luis y Oscar arriesgarían multas que van de 5 a 100 unidades tributarias mensuales.

A la fecha, los casos de Covid-19 han disminuido, según los últimos informes entregados por el Ministerio de Salud, mientras que esta realidad de arriendos abusivos y hacinamiento continúa. “A veces me arrepiento de haber llegado a Chile, he perdido cinco años de mi vida y he llorado mucho por eso. Cuando recién llegué trabajaba levantando sacos de cemento, sacos de arena, había que levantarlos no más. Yo pensé que con el tiempo las cosas iban a ir cambiando y, al verlo ahora, todo empeora”, comenta Jean por teléfono desde su pieza en Recoleta.

*Esta investigación es la primera en Chile en aplicar las técnicas del periodismo de engagement y fue hecha por Ámbar Araneda y Tomás Basaure, estudiantes de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El reportaje forma parte del Taller de Periodismo Avanzado, asignatura impartida por el profesor Miguel Paz.

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