Ayer martes 14 de junio el Pleno de la Convención terminó de definir los plazos y mecanismos mediante los cuales se implementarán los cambios establecidos en la propuesta de nueva Constitución, al someter a votación los artículos transitorios propuestos por la Comisión de Normas Transitorias.
Con la hoja de ruta definida, el actual gobierno ya tiene las directrices que deberá seguir en los próximos años de administración en caso de que el 4 de septiembre la propuesta de nuevo texto constitucional sea aprobada en el plebiscito de salida y ésta entre en vigencia (ver infografías hacia el final de este artículo).
Con el cierre de las propuestas transitorias, la Convención ya no tiene más normas que incluir en el borrador y solo resta visar las correcciones emanadas desde la Comisión de Armonización y la propuesta de Preámbulo realizada por la Comisión de mismo nombre.
El Pleno aprobó que para que el actual Congreso apruebe un proyecto de reforma constitucional, este necesitará contar con un quórum de 4/7 de sus diputadas y diputados. Mientras que para aquellos proyectos que alteren sustancialmente las normas sobre reforma constitucional o convocatoria a referéndum, los capítulos sobre derechos de la naturaleza, medioambiente y las disposiciones transitorias, deberán ser sometidos a un referéndum ratificatorio, a excepción de que el Congreso apruebe el proyecto con ⅔ de sus diputados.
En vista de lo aprobado ayer, el borrador contiene 61 artículos transitorios que establecen que la nueva Constitución entrará en vigencia diez días después de publicada su promulgación en el Diario Oficial. Además, estas normas regularán materias como el quórum que necesitará el actual Congreso para aprobar proyectos de reforma constitucional, el periodo de retiro de jueces o cómo se implementará el proceso de restitución territorial indígena.
El artículo decimocuarto transitorio definió que el período presidencial y legislativo iniciado este 11 de marzo estará en sus funciones hasta el 11 de marzo de 2026, día en el cuál asumirá el nuevo Ejecutivo, nuevo Congreso y la Cámara de las Regiones, inaugurando así el nuevo régimen político en plenitud.
Y luego de una compleja negociación, el Pleno aprobó con 106 votos a favor que para que el actual Congreso apruebe un proyecto de reforma constitucional a la propuesta por la Convención, este necesitará contar con un quórum de 4/7 de sus diputadas y diputados. Mientras que para aquellos proyectos que alteren sustancialmente las normas sobre reforma constitucional o convocatoria a referéndum, los capítulos sobre derechos de la naturaleza, medioambiente y las disposiciones transitorias, deberán ser sometidos a un referéndum ratificatorio, a excepción de que el Congreso apruebe el proyecto con ⅔ de los diputados y diputadas.
En el Pleno de la semana pasada se definió que será el Presidente quien presente los proyectos de ley que creen los Sistemas Nacionales de Seguridad Social, Salud y Educación. Los plazos serán de un año para Seguridad Social, 18 meses para Salud y 2 años para Educación. Una vez ingresados los proyectos, el Legislativo tendrá dos años para tramitar y promulgar estos proyectos.
Es decir, en un plazo máximo de cuatro años deberían estar en funcionamiento los nuevos sistemas nacionales.
Junto con el Senado, otra institución que desaparece es el Tribunal Constitucional (TC). Según se aprobó este martes, el TC dejará de recibir causas con la promulgación de la nueva Constitución y deberá resolver en seis meses las que ya esté tramitando. Pasado ese plazo de medio año, el Tribunal se disolverá traspasando sus bienes, derechos y obligaciones a la nueva Corte Constitucional.
Dentro de los grupos que habían presionado en las votaciones de la Convención estuvo la Corte Suprema, cuyos miembros pidieron reiteradamente gradualidad en los cambios para la destitución y nombramiento de jueces. Finalmente, se aprobó que la normativa que rebaja el retiro de jueces a los 70 años y que limita la duración del cargo de los ministros de la Corte Suprema a 14 años comenzará a aplicar solo para los nuevos magistrados.
De todas formas, dicha Corte funcionará con las mismas leyes del TC, a la espera de que el Presidente, en los primeros dos meses luego de la promulgación de la nueva Constitución, envié el proyecto que regula sus funciones.
Dentro de los grupos que habían presionado en las votaciones de la Convención estuvo la Corte Suprema, cuyos miembros pidieron reiteradamente gradualidad en los cambios para la destitución y nombramiento de jueces. Finalmente, se aprobó que la normativa que rebaja el retiro de jueces a los 70 años y que limita la duración del cargo de los ministros de la Corte Suprema a 14 años comenzará a aplicar solo para los nuevos magistrados.
Además, este martes el Pleno aprobó que dentro de un año de entrada en vigencia la nueva Constitución, el Presidente convocará a una Comisión Territorial Indígena, la cual “determinará catastros, elaborará planes, políticas, programas y presentará propuestas de acuerdos entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas”.
A continuación la hoja de ruta que definió la Convención para el poder constituído:
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Las elecciones que vienen
Una norma clave que fue aprobada en el Pleno de este martes fue la decimocuarta, que estableció los plazos para la elección de los nuevos órganos estatales como la Cámara de las Regiones y la Asamblea Regional, así como su plazo de trabajo para 'sincronizar' su trabajo legislativo sea en 2030.
La primera elección que seguirá a la promulgación de la nueva Constitución será la de alcaldes y concejales en 2024.
La primera elección que seguirá a la promulgación de la nueva Constitución será la de alcaldes y concejales en 2024. Esta elección estará marcada por el proceso de cambio en que propuso la Convención orientado al desarrollo de las comunas autónomas. Por ello se dispuso una norma transitoria que da un plazo de seis meses previos a esta elección para que el Congreso transfiera sus competencias para la creación de los estatutos comunales.
La siguiente elección será un año más tarde, en octubre de 2025, esta vez para elegir gobernadores y a los nuevos asambleístas regionales. Específicamente, el artículo detalla que sus mandatos comenzarán el 6 de enero de 2025.
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El 2026 será el año clave para la transición al nuevo sistema político. En noviembre de ese año se realizará la elección del primer Presidente que jurará bajo la nueva Constitución, quien además será el primero en poder optar a la reelección. Así también se realizará la elección de los diputados, los que pasarán a integrar el nuevo Congreso de los Diputados y Diputadas.
Asimismo, se elegirán los nuevos representantes regionales, que integrarán la Cámara de las Regiones, dando fin a 30 años de Senado. A falta de la ley que determine la cantidad de miembros, cuestión que se rechazó en el Pleno de Sistema Político, por ahora en las normas transitorias se contempla que sean tres representantes por región, dando un total de 48, reduciendo dos los asientos del Senado, pero aún en espera de cómo se sumarán los escaños reservados.
El 2026 será el año clave para la transición al nuevo sistema político. En noviembre de ese año se realizará la elección del primer presidente que jurará bajo la nueva Constitución, quien además será el primero en poder optar a la reelección.
Sin embargo, esta elección de la Cámara de las Regiones en conjunto con el Congreso y la Presidencia será una excepción, especialmente contemplada para que la transición al nuevo sistema político finalice con el periodo de ocho años de los senadores electos en 2022.
Según está estipulado en la nueva Constitución, la elección de la Cámara de las Regiones debe hacerse en conjunto con las "autoridades comunales y regionales, tres años después de la elección presidencial y del Congreso". Por lo tanto, excepcionalmente esta legislatura durará tres años, hasta 2030, en vez de cuatro.
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