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Domingo, 19 de enero de 2020
INBA, de Santiago Centro

Aula Segura: Alcalde Alessandri enfrenta nuevo revés judicial tras fallida sanción a joven secundario

Joaquín Riffo Burdiles

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Foto: La Nación.cl
Foto: La Nación.cl

La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la expulsión de un estudiante, al igual que la semana antepasada lo hizo con una cancelación de matrícula del Instituto Nacional. El tribunal dijo que la medida carece de justificación seria y es arbitraria, ya que no hay pruebas que acrediten delitos de agresiones contra Carabineros. La Municipalidad avisó que recurrirá a la Corte Suprema.

El martes 14 de enero la Corte de Apelaciones de Santiago dictó una sentencia que acoge el recurso de protección presentado por la defensa legal de un menor de edad de 16 años, estudiante del Internado Nacional Barros Arana (INBA), quien había sido expulsado de ese establecimiento tras un proceso indagatorio interno que determinó que el alumno había agredido a personal policial con objetos contundentes y elementos incendiarios durante una manifestación.

Era un expulsado por la política de Aula Segura, impulsada por la ministra de Educación y seguida fielmente por el alcalde de Santago Felipe Alessandri, el sostenedor de las escuelas y liceos públicos de la comuna, lo que incluye el INBA.

El tribunal revocó la medida tomada por el liceo, señalando, entre otras cosas, que del análisis de la investigación interna llevada a cabo por el establecimiento al menor de iniciales I. P., “no se advierte la existencia de ninguna diligencia realizada con el objeto de verificar lo señalado por el alumno y su apoderada en sus descargos. En efecto, es efectivo que el menor se ubica en el sitio en que ocurrieron los hechos que motivaron la intervención de Carabineros, pero no existe elemento alguno de convicción que corrobore que lanzó objetos contundentes al personal policial, ni menos artefactos incendiarios. El menor niega esa circunstancia, no obstante ello el investigador dice que reconoce el hecho, lo que a la luz de los antecedentes no resulta ser efectivo”, según indica en la sentencia.

El caso suma un nuevo revés para la Municipalidad de Santiago, ya que la semana antepasada ya había tenido un fallo de la misma Corte que resultó favorable para un estudiante de 14 años del Instituto Nacional, situación que se dio en circunstancias muy similares a este caso y resultó en una sentencia parecida (ver artículo de INTERFERENCIA Aula Segura: 2º caso que llega a Suprema es estudiante de básica del Instituto Nacional). 

Desde la Asesoría Jurídica de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago adelantaron a INTERFERENCIA que apelarán a la sentencia de la Corte de Apelaciones en la Corte Suprema, tal como ocurrió en el caso del Instituto Nacional, cuyo fallo en el tribunal superior está pendiente. 

“Luego de leído el fallo de la Corte de Apelaciones, tenemos la convicción de que existen antecedentes que configuran los requisitos para interponer recurso de apelación, más aún cuando no existe un cuestionamiento al proceso llevado como tal, sino a elementos de fondo y de apreciación de la prueba que no compartimos y que creemos poder revertir. Lo anterior, considerado las sentencias favorables que hemos obtenido por estos temas, tanto en la Corte de Apelaciones, como en la Corte Suprema”, aseveró Christopher Gotschlich, subdirector de Asesoría Jurídica de la Dirección de Educación.

Situaciones similares, sentencias parecidas

Desde la defensa del estudiante del INBA a cargo de la Corporación 4 de agosto -la misma que lleva el caso del alumno del Instituto Nacional- Esteban Spencer -parte del equipo jurídico en la causa- relató el caso desde su perspectiva: “se trata de un menor de edad que observaba cómo sus compañeros realizaban una manifestación política y desde esa posición de observador resultó detenido arbitrariamente por las Fuerzas Especiales de Carabineros"

Para Spencer, "sin perjuicio de que esa detención haya sido innecesaria, por no estar cometiendo actos violentos, el establecimiento educacional inició un proceso sancionatorio en su contra por haber cometido actos que afectan gravemente la convivencia escolar, en particular referidos a la agresión a la policía mediante el lanzamiento de objetos contundentes. A partir de esa acusación, se inició un procedimiento indagatorio, que al igual como ocurrió en el caso del Instituto Nacional, carece de todo fundamento salvo el parte policial que emana de esa detención arbitraria e ilegal”. 

"A partir de dicha investigación interna el establecimiento dió por comprobada la condición de dos conductas especialmente graves respecto del estudiante: la agresión a Carabineros mediante objetos contundentes, y agregó que se comprobó que el estudiante habría lanzado artefactos incendiarios al personal policial, lo que corresponde a una causal que no había sido investigada al inicio", dice el profesional. Según el mismo, por eso "hay una incongruencia, pues se investigan y se comprueban hechos que no eran motivo de la acusación”. 

A juicio de la defensa legal del afectado, hay un patrón de intencionalidad por parte del Municipio de criminalizar a los estudiantes que se ven involucrados en incidentes relacionados con manifestaciones sociales, utilizando Aula Segura como vehículo para desvincularlos de los establecimientos. 

“Es relevante que existan dos resoluciones de la Corte de Apelaciones de Santiago que dan cuenta de dos procesos de sanción a estudiantes de establecimientos públicos, que además se realizan bajo la conducción de dos cuerpos directivos distintos. Entonces, uno se pregunta cómo dos establecimientos educacionales ante situaciones similares tengan conductas y resoluciones idénticas. La defensa entiende que sólo es posible interpretar esas similitudes como la expresión de una voluntad que está operando por detrás de los directores o mediante los cuerpos directivos, que proviene de la Dirección de Educación Municipal de la Alcaldía de Santiago", dice Spencer.

"Es decir, el alcalde Alessandri está diseñando el curso de los procedimientos a lo largo de la comuna, ordenando la acción de los cuerpos directivos según estándares y directrices muy claros. Nos llama la atención, que incluso la forma y redacción de las resoluciones es la misma en los distintos liceos de Santiago”, agrega. 

A su vez, el profesional apuntó que “en lo sustantivo, vemos que aplica lo mismo que ya vimos en el Instituto Nacional. Los estudiantes son detenidos como parte de una acción arbitraria e innecesaria de la policía, los establecimientos educacionales inician procesos sancionatorios en su contra y comprueban mediante un procedimiento investigativo carente de antecedentes y de fundamentos que los alumnos habrían cometido acciones que dañan gravemente a la convivencia escolar. En particular, a ambos se les comprueba -mediante un procedimiento fraudulento- que han cometido el lanzamiento de artefactos incendiarios, lo que configura un delito especialmente grave”. 

Por ello, creen que el hecho de que el caso llegue hasta la Corte Suprema puede servir para establecer algunos precedentes que sirvan para situaciones similares en el futuro. 

“Nos interesa que la Suprema pueda no sólo confirmar el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, sino que además pueda desarrollar el resguardo y el reconocimiento de esta otra serie de derechos vinculados con el estatuto especial de niños, niñas y adolescentes. Ir a la Corte Suprema nos permitirá elevar estas situaciones al conocimiento de ese tribunal, cuya competencia es de carácter nacional, lo que va a permitir sentar un precedente que se haga aplicable al conjunto de casos que van a empezar a ocurrir, sin duda, desde marzo de 2020 en adelante”, dice Spencer. 

INTERFERENCIA le consultó a la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago respecto a una eventual política criminalizadora por parte del Municipio contra quienes han participado o se han visto involucrados en incidentes por manifestaciones sociales.

Desde el Municipio respondió el subdirector Gotschlich dicendo a este medio que “no compartimos esa afirmación". Según la autoridad "acá no existe una política criminalizadora contra los alumnos por participar en una manifestación o protesta, sino que hechos graves, como lesiones o porte de elementos incendiarios, que afectan la convivencia escolar. Incluso más, la ley obliga a los directores de establecimientos educacionales a iniciar un proceso disciplinario para investigar estos hechos”.

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Comentarios

Comentarios

Buen artículo me parece que al gobierno hay que fiscalizarlo más en cuanto a resoluciones de estos temas y actuar policial, lo mismo con jóvenes en las protestas

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