La ley obliga a la cartera a informar expulsiones de estudiantes menores de edad a la Defensoría, algo que el Ministerio cumplió el 2019 –indicando sanciones para 722 alumnos– pero que no ha reportado para el 2020. La Defensoría de la Niñez ya ha oficiado en dos oportunidades a Educación, sin recibir respuesta alguna.

“Escribimos la ley acá, en esta Municipalidad”, dijo en su momento el alcalde Felipe Alessandri durante una entrevista. Un 55% de los alumnos a los que se les persiguió por ley Aula Segura durante su administración fue absuelto de toda acusación, mientras que un 25% de las denuncias terminaron en sanciones.

La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la expulsión de un estudiante, al igual que la semana antepasada lo hizo con una cancelación de matrícula del Instituto Nacional. El tribunal dijo que la medida carece de justificación seria y es arbitraria, ya que no hay pruebas que acrediten delitos de agresiones contra Carabineros. La Municipalidad avisó que recurrirá a la Corte Suprema.

Aunque la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor del menor acusado de lanzar artefactos incendiarios, el alcalde Felipe Alessandri de Santiago apeló a la resolución y llevó el caso a una instancia superior. La defensa del alumno insiste en su inocencia, denunciando una política criminalizadora por parte de la municipalidad.  

Después de una nueva de jornada de incidentes en el liceo, autoridades de gobierno sostuvieron una reunión con el municipio de Santiago, en la que reafirmaron continuar con la misma estrategia policial que partió con Aula Segura.

Este dirigente estudiantil fue desvinculado del liceo Enrique Molina Garmendia de Concepción en abril, convirtiéndose en el primer expulsado por la nueva legislación impulsada por la ministra de Educación, Marcela Cubillos. La familia ha interpuesto distintas acciones judiciales para revertir la medida por falta de protocolos en los procedimientos, y ahora llevará el caso a la máxima instancia judicial. 

A seis meses de promulgada la medida estrella de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, la violencia en los liceos públicos se ha acentuado. Es una dinámica que en 2018 ya había sido advertida por expertos cuando se discutió esta ley.

Seis estudiantes fueron expulsados del Liceo Enrique Molina Garmendia de Concepción, pero solo uno tiene los recursos para seguir con su defensa jurídica destinada a revertir la decisión de la dirección de ese establecimiento de excelencia, a la cual acusan de estar motivada políticamente. Ante la Corte de Apelaciones del Bío Bío, Rojas alegará aplicación desproporcionada y ausencia de protocolos en los procedimientos, si se compara la protesta que terminó en su expulsión con las recientes agresiones con bencina a funcionarios del Liceo Darío Salas en la cual se acusó a estudiantes del establecimiento, hechos que todavía no han sido comprobados. 

La iniciativa del gobierno tardó sólo 48 días en aprobarse, mientras otros proyectos de educación están estancados hace meses. Pese a la oposición del Frente Amplio y del Partido Comunista, el gobierno se adueñó del debate educativo en 2018 con una fuerte apuesta por la seguridad.

En medio de la discusión por el proyecto de ley 'Aula Segura', INTERFERENCIA revisó el caso de Estados Unidos y de Australia. Varios estudios indican que la política de "Tolerancia Cero" no tuvo los efectos deseados.