La mayoría absoluta conseguida por Nuevas Ideas, el partido político del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en las elecciones legislativas de febrero de 2021 pavimentó el camino para que el mandatario del país centroamericano pueda controlar la agenda política hasta el fin de su mandato, en junio de 2024.

En la primera parte de su periodo, Bukele había dado muestras de querer tomar la agenda de uno u otro modo. En febrero de 2020, a solo nueve meses de asumir la presidencia, promovió un plan para fortalecer a la policía y el ejército a través de un préstamo de $109 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Sin mayoría en la Asamblea Legislativa, llamó a la insurrección y ordenó el ingreso de las fuerzas armadas al Congreso, en un gesto de coerción sobre los parlamentarios.

Rápidamente la presión internacional lo hizo desistir de progresar en el intento de autogolpe, que incluso lo llevó a sentarse en el sillón del presidente de la Asamblea Legislativa.

En los comicios, el partido oficialista consiguió la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. El Ejecutivo y Legislativo quedó así en manos del llamado ‘presidente millenial’. Ahora iba por el Judicial.

Para las elecciones legislativas del 2021, Nuevas Ideas y Bukele promovieron un programa de gobierno que diera ‘guerra contra la delincuencia’. En los comicios, el partido oficialista consiguió la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa (56 escaños de 84 totales). El Ejecutivo y Legislativo quedó así en manos del llamado ‘presidente millenial’. Ahora iba por el Judicial.

El mismo día en que los nuevos asambleístas tomaron el poder, el 1 de mayo de 2021, se instruyó destituir a los magistrados de la Sala en Lo Constitucional de la Corte Suprema, lo que vendría a ser un símil del Tribunal Constitucional en Chile. Los parlamentarios oficialistas acusaron a los magistrados de responder a intereses partidistas y políticos. Así también, se removió al fiscal general salvadoreño.

Este segundo autogolpe instrumentalizó el TC salvadoreño con la designación de magistrados pro-Bukele, los que el 4 de septiembre de 2021 autorizaron la inscripción del hoy mandatario para la próxima elección presidencial de 2024, cuestión vedada por el artículo 152 de la Constitución de El Salvador que prohíbe la reelección inmediata.

Ahora, con el Congreso, el Tribunal Constitucional y el Ejecutivo a su favor, Bukele anuncia la búsqueda de la reelección en un El Salvador en medio de una guerra contra las pandillas y la delincuencia y con el financiamiento a la policía vía el préstamo del BCIE aprobado en 2021 gracias a esta mayoría conseguida para Nuevas Ideas en el Legislativo.

La controversial guerra contra la delincuencia

El pasado jueves, El Salvador cumplió su sexta prórroga del Estado de Excepción que desde marzo opera en el país centroamericano. La medida fue determinada por Bukele tras 87 asesinatos ocurridos entre el 25 y el 27 de marzo atribuidos a las pandillas que allí operan, la Mara Salvatrucha y Barrio 18.

Bukele declaró la ‘guerra contra las pandillas’ y el régimen de excepción decretado como la forma de enfrentarla. La decisión, faculta a las autoridades realizar detenciones sin una orden judicial, aumenta el plazo de las detenciones y la ampliación de la investigación mientras esta dura y permite interceptar llamados telefónicos.

Por otro lado, restringe la libertad de asociación y el derecho a la defensa. En ese sentido, según publicó el Ministerio de Seguridad el 13 de septiembre, llevan a la fecha 52.549 ‘terroristas capturados’, refiriéndose a las pandillas las que se estiman en unos 70 mil miembros. 

Según consigna el medio salvadoreño El Faro, dentro de esos detenidos han fallecido 73 personas en prisión sin tener ninguna condena. Algo a lo que Bukele le ha bajado el perfil a la situación acusando que quienes critican al régimen defienden a las pandillas.

Si bien en diferentes oportunidades Bukele ha publicado en sus redes sociales ‘cero homicidios’ producto de la ‘guerra contra las pandillas’, no hay fiabilidad en esos números tras la reducción de la tasa de homicidios en el país caribeño.

Sin embargo, Bukele no ha estado exento de críticas por el régimen aplicado. Según un reporte del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) publicado el 10 agosto, se reportaban al menos 3.100 violaciones a los Derechos Humanos. 

Más atrás, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Liz Throssell, expresó su preocupación en mayo, a tan solo dos meses de iniciado el Estado de Excepción. Desde el despacho, acusaron ‘tratos crueles’ y ‘uso innecesario y excesivo de la fuerza’, según informes que habían revisado. 

Si bien en diferentes oportunidades Bukele ha publicado en sus redes sociales ‘cero homicidios’ producto de la ‘guerra contra las pandillas’, no hay fiabilidad en esos números tras la reducción de la tasa de homicidios en el país caribeño.

La investigadora en Derechos Humanos, Celia Medrano, indica a la cadena alemana Deutsche Welle (DC) que es ‘imposible’ saber con exactitud la cifra y acota que “no hay acceso público a un registro confiable oficial de homicidios diarios en el país”. 

El ex candidato presidencial José Antonio Kast, quien en algunas ocasiones ha celebrado las decisiones de Bukele por medio de sus redes sociales. 

La fanaticada chilena

Las duras medidas que ha aplicado Bukele en materia de seguridad para aplacar la delincuencia en El Salvador, ha encontrado defensores en Chile. Uno de los casos más emblemáticos es el del ex candidato presidencial José Antonio Kast, quien en algunas ocasiones ha celebrado las decisiones de Bukele por medio de sus redes sociales. 

De hecho, ha emplazado al presidente Gabriel Boric poniendo como ejemplo las gestiones de su par salvadoreño. “Ojalá que @nayibbukele vaya a la Asamblea de la ONU y se junte con @gabrielboric para darle un par de consejos sobre cómo enfrentar la crisis de seguridad en Chile. Mientras en El Salvador los homicidios van a la baja, en Chile están descontrolados (sic)”, escribió el 14 de septiembre en Twitter el fundador del Partido Republicano. 

Otro caso similar, es el del diputado Gaspar Rivas (PDG) quien en punto de prensa desde el Congreso, sacó de su chaqueta una chapita de sheriff plateada -al estilo far west- y se la colgó en la solapa de su vestón. “He aquí el Bukele chileno, el comisario contra las lacras asquerosas, inmundas”, señaló Rivas desde el parlamento. 

El régimen de Bukele podría marcar un precedente en América Latina debido al apoyo que suscita entre sectores de ultra-derecha de distintos países de la región, los que han ido en aumento en los últimos años al alero de figuras de corte más populistas. 

Una situación que no se vivía en el país centroamericano desde hace 78 años, cuando el presidente Maximiliano Hernández Martínez presentó su reelección al cargo transformándose en un dictador. De amplia popularidad en su momento, realizó un genocidio contra población indígena y campesina dejando más de 25 mil muertos en 1932. Posteriormente, la reelección no sería del todo sencilla para Hernández, pues tuvo que enfrentar un alzamiento social en 1944.