Este jueves, tras un intenso debate que se extendió por más de dos horas, la Cámara de Diputadas y Diputados votó el proyecto de reglas de uso de la fuerza para Carabineros y Fuerzas Armadas, motivado tras el asesinato de tres carabineros en Cañete la madrugada del 27 de abril.
En general, la iniciativa se aprobó por unanimidad por 144 votos. Sin embargo, la polémica indicación que emanó de las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana que establecía que los uniformados imputados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones fueran juzgados por tribunales militares, se declaró inadmisible.
Esto, pues se argumentó que había reserva de constitucionalidad, ya que la indicación estaba fuera de las ideas matrices del proyecto. "Esta mesa procede a declarar inadmisible dicha indicación, por alejarse de las ideas matrices del proyecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el artículo 69 de la Constitución Política de la República", argumentó la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC)
En concreto, la indicación que se declaró inadmisible buscaba que, si los militares cometían algún delito en el cumplimiento de sus labores, estos fueran juzgados por tribunales militares si estos ocurrían durante la vigencia de los estados de excepción constitucional, la protección de la infraestructura crítica, el resguardo de áreas de zonas fronterizas y el resguardo del orden público en relación con los actos electorales y plebiscitarios.
Aquella indicación no prosperó y la votación para declarar la norma como inadmisible totalizó 72 votos a favor, 71 en contra y 1 abstención. Así, el proyecto avanza al Senado.
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Un "microclima" tras el asesinato de los tres carabineros
Desde el inicio del debate en Sala, naturalmente, la discusión tuvo como eje el asesinato de los tres carabineros en Cañete. Para la oposición, aquel episodio reclamaba celeridad en términos legislativos, mientras desde el oficialismo aludían a que "legislar en caliente" no era lo más sensato.
Asimismo, el oficialismo también mostró preocupación por indicaciones referidas al principio de proporcionalidad, la prohibición de tortura y la justicia militar para juzgar a funcionarios de orden público y Fuerzas Armadas.
Por otro lado, los argumentos opositores también hicieron referencia a la labor del Poder Judicial con críticas directas al trabajo de la fiscal Ximena Chong o al juez Daniel Urrutia. En adición, también hubo ataques directos para la ministra del Interior, Carolina Tohá (PDD), quien incluso fue tildada de "criminal" durante el debate.
Antes de votarse el proyecto, Tohá señaló que "este era un proyecto razonable y lo vamos a volver razonable en el transcurso de la tramitación que queda, cuando baje este microclima que se armó en los últimos días". Dicha visión respecto a los réditos políticos que la derecha buscó obtener en virtud del asesinato de los tres carabineros fue reiterada por distintas voces oficialista.
La secretaria de Estado, agregó que "la joya de la corona de todo esto fue que se incluyó una votación para reponer los tribunales militares. En ningún país en tiempos de paz los delitos en que participan civiles sean como autores o como víctimas, se rigen por tribunales militares por la simple razón de que los tribunales militares no son imparciales; están llevados adelante por militares que tienen rango dentro de la carrera militar, que no tienen inamovilidad; por lo tanto, se deben a sus mandos".
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Lo propio señaló el diputado Leonardo Soto (PS): "Le crean un estatuto especial, un privilegio, para que se juzguen entre ellos, porque los tribunales militares no son tribunales imparciales: tanto fiscales como jueces son compañeros de armas de los mismos inculpados. No asegura el debido proceso; es un proceso que es secreto, no público".
En tanto, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos), que fue uno de los votos decisivos para que la indicación sobre justicia militar ingresara al proyecto, junto con el voto de Miguel Ángel Calisto (Demócratas), señaló en Sala que "cuando le pidamos a los militares que vayan a las poblaciones no van a ir, porque no van a tener ninguna garantía. Esto es lo que estamos haciendo hoy día y lo estamos haciendo en democracia, no en dictadura".
Por otro lado, Calisto afirmó que "a mí los tribunales militares me generan contradicción respecto de la igualdad ante la ley, cuál va a ser el rol de los civiles", aunque, agregó que "creo que es importante dar esta discusión política".
Con todo, los ánimos estuvieron álgidos en buena parte de del debate con recriminaciones cruzadas y advertencias de sanciones.
"Perro Matapacos" y Pinochet
En cuanto a la argumentación, una de las mayores referencias del debate se la llevó el denominado perro Matapacos, precisamente, por declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien señaló que le parecía una imagen "burda" y que nunca "festinó" con ella.
La oposición, en varias de sus intervenciones, aprovechó su espacio para criticar uno de los símbolos del estallido social y quien lo llevó más allá fue el diputado Sergio Bobadilla.
El parlamentario, en un tono alto, declaró que "A los que hoy día están en el Gobierno los convoco a que pidan perdón por haber vestido la miserable polera del perro Matapacos. Pidan perdón a todas aquellas carabineras que soportaron los insultos cuando las trataban de 'puta, maraca, nunca paca' (sic). Les pido que se arrepientan".
La réplica vino desde la diputada Consuelo Veloso, quien respondió que "a la derecha le digo: ese perro no mató a nadie, mientras que el perro que siguen levantando en la foto todos los días y cada 11 de septiembre, ese perro genocida, mató a civiles y uniformados". Lo anterior, en clara alusión al dictador Augusto Pinochet.
Luego, el diputado Gonzalo Winter (CS), acotó que "quisiera pedir que se sancione la diputada Veloso por faltarles el respeto a los perros comparándolos con Pinochet".
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