Desde enero de 2023, 12 diputados agrupados en una comisión especial investigadora han analizado las diligencias de organismos públicos en torno al incendio de la fábrica textil Kayser en Renca, donde cinco personas resultaron fallecidas en circunstancias no del todo claras el 20 de octubre de 2019. Los parlamentarios, de partidos de todo el espectro político, concluyeron de forma unánime que hubo múltiples irregularidades en el proceso. En específico, apuntaron al Ministerio Público y al Servicio Médico Legal como responsables de varias de éstas.

En opinión de Arias, el Estado debe hacerse responsable del “mal trabajo” en la causa, agregando que “por ser pobres nosotros tuvimos que aguantar que nos discriminaran como delincuentes, y ahora la investigación [de la comisión] confirma las fallas de todos”.

“Para mí es confirmarme todo lo que pensábamos de un principio, que ha sido mala la investigación”, explica Solange Arias, madre del fallecido Yoshua Osorio. En opinión de Arias, el Estado debe hacerse responsable del “mal trabajo” en la causa, agregando que “por ser pobres nosotros tuvimos que aguantar que nos discriminaran como delincuentes, y ahora la investigación [de la comisión] confirma las fallas de todos”. Al fallecimiento de Osorio se suman las muertes en el incendio de Julián Pérez, Andrés Ponce, Luis Antonio Salas y Manuel Muga.

La comisión especial investigadora estuvo compuesta por los diputados Andrés Giordano (presidente de la comisión, independiente-RD); Yovana Ahumada (Ind.-PSC); Boris Barrera (PC); Ana María Bravo (PS); Jorge Durán (RN); Mauro González (RN); Tomás Hirsch (PAH); Cristian Labbé (UDI); Daniel Lilayú (UDI); José Carlos Meza (P. Rep.); Clara Sagardia (Ind.-FA); y Alberto Undurraga (DC). 

Dentro de las irregularidades descritas, destacan diligencias investigativas pedidas por los abogados de las familias aún pendientes, estando a cuatro años del fatídico incendio; tales como la incautación de cámaras de seguridad, el testimonio de testigos relevantes, investigar el seguro contra incendios cobrado por la empresa y la presencia de acelerantes en el incendio. (Lea acá el informe final de la CEI del caso Kayser).

También se destacan los hallazgos del Equipo Chileno de Antropología Forense (Echaf), revelados en su momento por Interferencia, donde se cuestiona la falta de reportes sobre la posición en que se encontraron los cuerpos de los fallecidos, falta de descripción de protocolos de análisis y levantamiento de cadáveres, inexistencia de una cadena de custodia y críticas también a la descripción que hizo el SML a diversas lesiones en los cuerpos de las víctimas.

“Si bien, efectivamente, es una norma de soft law, que funciona como orientador o directrices de la actuación de los órganos del Estado, es un hecho que no fue aplicado, pese a operar como una recomendación de la ONU – en el mismo contexto de estallido social – para efectos de resguardar los principios vinculantes de la Administración del Estado".

Otro punto importante dentro del informe fue la no aplicación del Protocolo de Minnesota, una guía con directrices establecidas a la hora de investigar casos donde pudiesen existir potenciales violaciones a los derechos humanos. “Si bien, efectivamente, es una norma de soft law, que funciona como orientador o directrices de la actuación de los órganos del Estado, es un hecho que no fue aplicado, pese a operar como una recomendación de la ONU – en el mismo contexto de estallido social – para efectos de resguardar los principios vinculantes de la Administración del Estado: protección de las personas, seguridad jurídica, eficiencia, eficacia y colaboración”, detalla el escrito de la comisión especial investigadora (CEI).

La CEI del incendio de Kayser también se detuvo en la falta de resguardo al sitio del suceso, el cuál una vez retirados los cuerpos después del siniestro nunca fue cercado para realizar un completo levantamiento de evidencia. Por este punto, los parlamentarios indican que fiscalía atribuyó esto a la “imposibilidad por parte de los organismos públicos, acentuada por la necesidad de garantizar la seguridad de los funcionarios que cumplirían con dicha misión debido a las circunstancias excepcionales que habían en el país”. Sin embargo, los parlamentarios estimaron que igualmente “impera un deber del Ministerio Público y justificar su incumplimiento sería transgredir también el principio de legalidad y adecuación de los actos al mandato constitucional”.

Tanto Carabineros como el Ministerio Público indicaron “rápidamente que las víctimas habían muerto saqueando, es decir, cometiendo el delito de robo en lugar no habitado”, siendo una situación que generó “de acuerdo a las familias de las víctimas, un estigma y prejuicio anticipado en la propia investigación”.

Además, otro punto a criticar por parte de los comisionados fue que tanto Carabineros como el Ministerio Público indicaron “rápidamente que las víctimas habían muerto saqueando, es decir, cometiendo el delito de robo en lugar no habitado”, siendo una situación que generó “de acuerdo a las familias de las víctimas, un estigma y prejuicio anticipado en la propia investigación”.

En cuanto al SML, específicamente, el documento acompaña un listado de irregularidades. “Informes tanatológicos que no se sujetaron a la normativa y protocolos vigentes, falta de claridad en responsabilidades y protocolo de levantamiento de los cuerpos […]; equivocaciones en el contacto telefónico y entrega de los cuerpos de los familiares; y que tras la exhumación [de Yoshua Osorio y Andrés Ponce] en enero de 2023, se evidenció que los cuerpos exhumados se encontraban dentro de sus ataúdes en bolsas de basura, lo cual transgrede no solo la dignidad de las personas, sino que también daña la evidencia disponible de los propios cuerpos”, son parte de aquella lista.

A eso se suma que en el caso de Andrés Ponce, el médico legista Germán Tapia describió un hematoma subdural en la cabeza del fallecido, lesión que atribuía al accionar del fuego en circunstancias de que esto no es posible. Posteriormente, el Dr. Tapia ante consultas del fiscal José Morales, modificó sus conclusiones, indicando que se había equivocado y que se trataba realmente de una lesión epidural, la cual puede ser producida por el fuego. Luego, después de exhumar a Ponce, el mismo Dr. Tapia abrió sin autorización la bolsa del cadáver, rompiendo su sello de custodia y violando el protocolo de Minnesota, en lo que asegura se trató de un error. (Lea acá el artículo de Interferencia al respecto).

La comisión hace también recomendaciones “sobre la base del diagnóstico desarrollado en el capítulo de conclusiones de este informe”.

Entre estas, destaca el “capacitar, difundir e instruir respecto de la necesidad de aplicación del Protocolo de Minnesota en el SML y órganos persecutores de la responsabilidad penal, particularmente cuando existan decretos de estados de Excepción Constitucional”.

Entre estas, destaca el “capacitar, difundir e instruir respecto de la necesidad de aplicación del Protocolo de Minnesota en el SML y órganos persecutores de la responsabilidad penal, particularmente cuando existan decretos de estados de Excepción Constitucional”. En esa misma línea, la CEI de Kayser solicita avanzar en una legislación que “garantice la aplicación” de protocolos específicos como el de Minnesota en casos de excepción constitucional y eventual vulneración de derechos fundamentales; así como también “mejorar la legislación penal para fortalecer los derechos de las víctimas y propender la creación de un organismo del Estado que tenga como función dar asesoría jurídica especializada y defensa a las víctimas en los procesos penales”.

También se agrega el velar por el avance del proceso penal en curso, que ya cumplirá cuatro años, además de los distintos sumarios administrativos originados por errores y/o malas prácticas durante éste.

Por último, los parlamentarios de la CEI recomiendan el levantamiento de un memorial y sitio de memoria en el lugar de los hechos; donde se está levantando un proyecto habitacional que cuenta con financiamiento del Servicio de Vivienda y Urbanización. Esto último en miras de enfatizar “el compromiso estatal de realizar actos de memoria y reparación”.