El decreto a través del cual el gobierno anunció la creación de una Comisión Asesora contra la Desinformación tomó a la mayoría de los actores políticos, académicos y mediáticos por sorpresa. El espacio, que dependerá del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y que asesorará a la Segegob levantó en pocos días una polvareda.

A saber. La instancia, que busca “analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile”, será presidida por el ministro de Ciencia y la integrarán dos representantes de universidades estatales, dos de planteles privados y uno de una institución cuya sede principal esté ubicada fuera de la Región Metropolitana. Participarán también tres miembros de ONGs, fundaciones o de la sociedad civil relacionados con el área y uno de una organización de fact checking.

Pero, ¿por qué un espacio dedicado a la desinformación y calidad democrática, la alfabetización digital, la desinformación en plataformas digitales y buenas prácticas digitales, y que hará recomendaciones sobre políticas públicas ha despertado tanta animadversión entre un grupo de actores?

Seguir escondiendo la cabeza bajo la tierra es peligroso cuando se trata de temas tan trascendentes como la alfabetización digital y la desinformación en espacios digitales.

Los primeros en levantar la voz fueron los consultados por El Mercurio, quienes anticiparon posibles sesgos e instrumentalización por parte de las autoridades. ¿Quiénes hablaron en la nota? Sendos académicos de la Universidad del Desarrollo y la Universidad de los Andes, además del director ejecutivo del IES. En otras palabras, tres voces que representan a un sector muy marcado de la población.

La Segunda, por su parte, dio cabida a una serie de opiniones emanadas de Twitter, muchas de las cuales vieron más riesgos que genuinas oportunidades de solucionar un problema que afecta a todo el mundo. Como expresaba hace un par de años la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, “la desinformación en línea puede tener graves consecuencias para la democracia y los derechos humanos, como ha quedado demostrado en elecciones recientes, en la respuesta a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y en los ataques cometidos contra grupos minoritarios”. Pese a ello, agregó, las respuestas adoptadas por los Estados y las empresas han sido “problemáticas, insuficientes y perjudiciales” para los derechos humanos.

¿Significa lo anterior que no es necesario seguir buscando soluciones a un problema que amenaza al mundo entero y, por cierto, a nuestro país? Por supuesto que no. Fue la propia ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, quien salió a aclarar algunos puntos en entrevista con La Tercera, asegurando que el espacio que presidirá “no va a definir qué es y qué no es verdad”. Sus palabras encontraron eco en el presidente de Anatel, Pablo Vidal, quien dijo ver la Comisión “con buenos ojos”, aunque encontró “atendibles” algunas de las quejas de la oposición. En ese sentido llamó la atención la carta enviada por el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) a El Mercurio y La Tercera, quien aseguró que si el fenómeno de la desinformación se aborda desde la educación y los avances tecnológicos entonces “vamos a colaborar”. Nada mal para un espacio que históricamente se ha opuesto a cualquier tipo de instancia similar.

Esperablemente, quienes no se guardaron ningún epíteto fueron algunas de las voces más reaccionarias de la derecha, quienes sacaron a relucir toda su artillería. “La censura avanza por decreto”, escribió Marcela Cubillos en su tribuna mercurial, mientras que el abogado Gabriel Zaliasnik ocupó su espacio en La Tercera para atribuir la propuesta a una “expresión de la pulsión totalitaria que anida en amplios sectores del actual gobierno”.

Cuesta creer que un gobierno que ha tendido hacia la moderación en todos los planos posibles ponga sobre la mesa un proyecto que atente contra la libertad de expresión y que en un futuro pueda ser utilizado por un gobierno de otro signo político.

Los editoriales de la prensa no se quedaron atrás. Mientras El Mercurio criticó que el gobierno “vuelve a autoasignarse el carácter de un actor neutral”, el Diario Financiero propuso otorgarle más atribuciones a la sociedad civil. La Tercera, en tanto, sostuvo que la propuesta del gobierno ameritaba “una reformulación profunda”. Fueron estos mismos diarios quienes dieron amplia tribuna a la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), cuyos líderes sostuvieron que instancias como esta allanan el camino para caer en “la tentación de instaurar mecanismos de censura”.

Pero, ¿es realmente este el caso con la Comisión impulsada desde el gobierno? Detrás de las válidas aprensiones hacia la Comisión parecen esconderse en parte miedos atávicos hacia cualquier instancia que huela a regulación de espacios que acomodan mucho a unos pocos. Más allá de eso, la estrategia de sembrar el pánico ante cualquier tipo de propuesta que emane desde el oficialismo se ha convertido en un comodín ultra manoseado por parte de los sectores más conservadores a lo largo de los últimos dos años. ¿Cuándo llegará el minuto que una propuesta no sea recibida como una amenaza castro-chavista que propagará las diez plagas?

Cuesta creer que un gobierno que ha tendido hacia la moderación en todos los planos posibles ponga sobre la mesa un proyecto que atente contra la libertad de expresión y que en un futuro pueda ser utilizado por un gobierno de otro signo político. Por cierto, las aprensiones de ciertos grupos no solo son válidas sino también necesarias, pero deben ir orientadas hacia el perfeccionamiento de una instancia que hoy aparece como fundamental. Seguir escondiendo la cabeza bajo la tierra es peligroso cuando se trata de temas tan trascendentes como la alfabetización digital y la desinformación en espacios digitales. El debate, hoy más que nunca antes, es urgente.