En 2015 Perú era el mayor productor de hojas de coca del mundo con un total aproximado de 200 mil a 315 mil hectáreas de cultivo que anualmente entregaban unas 220 mil toneladas de materia prima destinada a transformarse principalmente en pasta base de cocaína (PBC) y clorhidrato de cocaína. Esta actividad generaba cerca de dos mil millones de dólares, de los cuales casi la mitad se quedaban en el país.
En septiembre de 1994 el Centro de Investigación y Promoción Amazónica del Perú informó que siete millones de hectáreas de bosques habían sido destruidas en la amazonia peruana en las últimas dos décadas. Los narcotraficantes arrasaban la vegetación para sembrar el arbusto de la coca y utilizaban químicos en la elaboración de drogas, los que más tarde eran arrojados a los ríos.
Marcelo Buenaventura, ecologista peruano, aseguró en 1987 que anualmente eran vertidos en los ríos de esa zona, conocida como Alto Huallaga, 57 millones de litros de parafina, 32 millones de litros de ácido sulfúrico, 16 mil toneladas de cal viva, 3.200 toneladas de carbono, 16 mil toneladas de papel higiénico, seis millones 400 mil litros de acetona y otros tantos de tolueno. Las consecuencias en la flora y en la fauna, así como en el equilibrio ambiental, son catastróficas.
A comienzos de los años 70, en Perú sólo existían 1.500 hectáreas destinadas al cultivo de coca que producían poco más de 3.500 toneladas de hojas. Esa cantidad se había mantenido estable durante mucho tiempo y bastaba para satisfacer la demanda de la población indígena, habituada por siglos a su consumo. Parte de esa cosecha era destinada a la venta legal a otros países que la empleaban en la industria farmacológica.
Marcelo Buenaventura, ecologista peruano, aseguró en 1987 que anualmente eran vertidos en los ríos de esa zona, conocida como Alto Huallaga, 57 millones de litros de parafina, 32 millones de litros de ácido sulfúrico, 16 mil toneladas de cal viva, 3.200 toneladas de carbono, 16 mil toneladas de papel higiénico, seis millones 400 mil litros de acetona y otros tantos de tolueno.
En 1968, los militares peruanos dieron un golpe de Estado encabezados por el general Juan Velasco Alvarado y realizaron un acelerado proceso de reforma agraria en la costa y en los faldeos de Los Andes. Nuevas tierras y mano de obra barata fueron casi un regalo para los narcos colombianos que recién iniciaban los primeros contactos para entrar al mercado norteamericano. Ellos requerían grandes cantidades de coca y pagaban bien. Los nacientes carteles de Medellín y de Cali escogieron la zona del valle del río Huallaga, en el noreste del Perú, para convertirla en el centro de producción y transformación de hojas de coca, debido a que allí las variedades del arbusto son muy ricas en alcaloides de cocaína. Los campesinos fueron seducidos rápidamente y las siembras del denominado ‘‘oro verde’’ se extendieron en pocos años de un modo explosivo.
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Casi a la par del desarrollo de los cocales, otro peligro se estaba larvando entre los campesinos indígenas. En 1964, el Partido Comunista Peruano se dividió entre los prosoviéticos y los prochinos aglutinados en Bandera Roja. De éstos últimos, se escindió en 1967 una vertiente que dio forma a Sendero Luminoso. En 1964 también, los guerrilleros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) intentaron impulsar un levantamiento prolongado de clara inspiración castrista. El general Mercado Jarrín dijo luego de combatir a los rebeldes que ‘‘un poco más de apoyo campesino y a las guerrillas no las para nadie’’.
En agosto de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez depuso por las armas al gobierno reformista de Velasco Alvarado y reimplantó el predominio de los grupos más tradicionales de la alta sociedad limeña. Los casi 600 mil blancos continuaron controlando férreamente las riquezas del país y los amerindios, cholos, mulatos, mestizos y zambos, la enorme mayoría de la población, siguió en la miseria.
En ese instante confluyeron en Perú los intereses antagónicos de narcos, guerrilleros y grupos políticos que en las dos décadas siguientes se disputarían sin piedad las ciudades y los campos, sumiendo a la población en una interminable espiral de odio y desánimo.
La lucha armada iniciada por Sendero Luminoso en mayo de 1980 como ‘‘la forma más alta de la lucha de masas’’, buscó conquistar espacios, defenderlos y consolidarlos para intentar una ofensiva estratégica. En las zonas rurales, Sendero intentó establecer bases de apoyo que según la doctrina de Mao consiste en el control total de las actividades productivas, sociales y políticas. Los hombres de Abimael Guzmán, el llamado ‘‘Camarada Gonzalo’’ -hoy fallecido- tomaron el control de algunos poblados y se enfrentaron abiertamente, al mismo tiempo, con los narcotraficantes, con sus rivales del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y con los representantes del Estado.
En la zona peruana que da la cara al rico territorio amazónico, comprendida entre las localidades de Tingo María y Tarapoto, se agrupan numerosos poblados creados con inmigrantes que llegaron de todos los rincones del Perú con el único deseo de prosperar. Abandonados por el Estado, optaron por cultivar coca y desde entonces el escenario empezó a transformarse. Los colombianos que buscaban las hojas de coca y la PBC comenzaron a reclamar hoteles, restaurantes, automóviles, discotecas, prostíbulos y otros servicios para hacer más cómoda su estadía en esa región.
A mediados de los años 70 en toda la región la vida cambió completamente. Los que disponían de dinero, los transportadores de las hojas de coca y los productores de PBC, contrataban orquestas en Lima o en otras de las grandes ciudades para que amenizaran sus fiestas, donde se amanecían bailando y bebiendo licores importados.
Casi a la par del desarrollo de los cocales, otro peligro se estaba larvando entre los campesinos indígenas. En 1964, el Partido Comunista Peruano se dividió entre los prosoviéticos y los prochinos aglutinados en Bandera Roja. De éstos últimos, se escindió en 1967 una vertiente que dio forma a Sendero Luminoso.
En Alto Huallaga no existe identidad cultural, ni artesanía nativa ni gastronomía típica ni nada que sea realmente autóctono. Una mezcla de variados acentos y de formas lingüísticas se escuchan a la par que las cumbias y las salsas.
Los profesores recibían una asignación que les otorgaban los centros de padres de las escuelas estatales consistente en una hectárea de terreno fértil para que también sembraran coca, cultivo que la mayoría de las veces mantenían los mismos apoderados. Este ejemplo, inimaginable en otros países de occidente, revela hasta qué punto funciona el circuito del narcotráfico.
A fines de los años 70, según han relatado periodistas peruanos, el concesionario de una empresa japonesa de automóviles ganó el concurso que su casa matriz realizaba todos los años entre sus distintas agencias de América del Sur. Cuando los japoneses llegaron hasta Tingo María y luego se trasladaron a Uchiza, uno de los poblados más pobres de esa comarca, no podían creer lo que veían y escuchaban. El premiado vendedor estrella no necesitaba publicidad ni ningún tipo de promoción. Su local de ventas se ubicaba en una esquina donde confluían dos calles casi desiertas y exhibía un estado deplorable. El dueño era un hombre bajo y de poco roce social que al ser interrogado por los ejecutivos acerca del secreto de su éxito, sólo atinó a decir: ‘‘Yo abro la tienda y la gente viene y compra y pagan en billete y al contado. Aquí la gente tiene mucha plata’’.
En todos los pueblos, aunque casi ninguno sobrepasaba los diez mil habitantes, se instalaron sucursales de los principales bancos comerciales del Perú para captar los dólares que hacían circular los colombianos. Ello hasta fines de 1986 y los primeros meses de 1987 cuando las primeras columnas de Sendero Luminoso llegaron a la zona.
Los guerrilleros amenazaron a los habitantes, juzgaron a sus autoridades y designaron a dedo a sus reemplazantes. Se movilizaban en grandes grupos, fuertemente armados y dispuestos a enfrentarse a las pandillas de las mafias del narcotráfico. En breve tiempo, Sendero Luminoso logró controlar gran parte de esa región ejerciendo un férreo control sobre los productores. El MRTA, en tanto, buscaba mantener una relativa influencia ubicándose junto a los niveles donde se comercializaba la PBC.
Desde abril de 1987, Sendero Luminoso se decidió a tomar el control total de cada pueblo y proclamó zonas liberadas luego de expulsar a las fuerzas policiales allí acantonadas. El paso siguiente fue obligar a los narcos a desarmar sus bandas de sicarios. La resistencia duró escasos días, hasta que una de las pandillas, integrada por 18 mafiosos, fue brutalmente aniquilada. Los sobrevivientes optaron por sumarse a las columnas de Abimael Guzmán.
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Los productores de coca deseaban protección y ganar más dinero. Los narcos los engañaban afirmándoles que el precio estaba bajo porque existía una sobreproducción. Los campesinos sabían que no era verdad, pero no tenían a quien acudir para exigir un pago justo. Sendero les ofreció defenderlos y además extirpar el alcohol, la violencia y el relajo moral que habían impuesto los colombianos. Los guerrilleros obligan a trabajar a todo el mundo, cierran los garitos, los burdeles y los clubes nocturnos; asesinan a los homosexuales y destierran a las prostitutas.; también castigan físicamente el adulterio de ambos sexos, llegando a rapar a los hombres y dejándoles sólo dos mechones en la frente a modo de un par de cuernos.
Sendero prohibió a los colombianos cambiar sus dólares en las ventanillas de las agencias bancarias e instruyó a los campesinos sobre cómo y a quién venderles las hojas de coca. Los narcos intentaron una nueva resistencia, pero los guerrilleros ya eran demasiado fuertes.
A comienzos de los años 80 mantener vinculaciones con el narcotráfico daba prestigio, cierto status social. Todos querían ser identificados como tales y nadie se atrevía a meterse con ellos. Proliferaban las camisas floreadas, los pantalones blancos y las zapatillas del mismo color. Parecía casi un uniforme y si además se lucían lentes oscuros y se tenía una moto se era, por lo menos en la apariencia, un narco. Cuando Sendero tomó el control, en las postrimerías de la década, la figura se invirtió y todos empezaron a hablar de revolución, aunque ninguno supiera qué significaba.
En julio de 1987 el gobierno declaró en emergencia a la zona y llegó la policía, no el ejército que combatía en la zona andina de Ayacucho. En ese tiempo el comercio de hojas de coca y de PBC en la región proporcionaba ingresos cercanos a los 600 millones de dólares, de los cuales el cinco por ciento era para los senderistas, es decir, cerca de 30 millones de dólares.
En septiembre de 1989 una hectárea de tierra fértil producía mil kilos de coca, a tres dólares el kilo. Una hectárea de café producía 400 kilos a dos dólares el kilo; una de cacao, 500 kilos a un dólar cada uno; una hectárea de achiote (planta cuyo polvo es de amplio uso farmacológico), 600 kilos a 0,90 el kilo. Esos eran los productos que podían cultivar los campesinos y no tenían dudas acerca de cuál era el que tenía un mejor mercado. Además, la coca salía por vía aérea hacia Colombia, en tanto que los productos agrícolas debían ser sacados a la costa por pésimas carreteras.
La PBC era vendida en bolas de un kilo; cada una de ellas valía de 350 a 400 dólares en 1988. Al terminar 1989, su precio había bajado a 150 dólares y a 50 en agosto de 1990. Tres kilos de PBC rinde uno de pasta lavada, que en junio de 1989 valía 400 dólares. Una pequeña parte de la producción era consumida por los campesinos, que fuman la pasta base mezclada con tabaco, un tipo de cigarro que se denomina ‘‘kete’’ en Perú, ‘‘pitillo’’ en Bolivia, ‘‘basuco’’ en Colombia y ‘‘mono’’ en Chile.
A fines de los años 80 en el Alto Huallaga, vivían 60 mil familias, cada una de las cuales poseía entre dos y cuatro hectáreas de cocales. Desde 1979 a 1989, Estados Unidos entregó ocho millones de dólares anuales para que las plantaciones de coca fueran arrancadas. No obstante, los precios de los cultivos alternativos siguieron bajando. Expertos peruanos sugirieron a las autoridades norteamericanas que para terminar con la coca subieran el 30 por ciento del precio de los productos sustitutos y que se les diera prioridad a su ingreso a los mercados estadounidenses. También recomendaron apoyar la creación de agroindustrias procesadoras de café y de chocolate. Ninguna de las iniciativas tuvo éxito.
En 1989, cuando la inflación llegó al 2.111 por ciento anual y la economía peruana se despeñaba, surgió la candidatura de Alberto Fujimori, quien luego de derribar todos los pronósticos, asumió la presidencia del país el 28 de julio de 1990. En los últimos diez años la lucha en contra de la guerrilla y del narcotráfico había provocado más de 17 mil muertos y cerca de 15 mil millones de dólares en pérdidas materiales.
Sendero Luminoso había decidido no boicotear las elecciones y Fujimori se impuso en las urnas de todas las regiones que habían estado en emergencia. Alfredo Bryce Echenique dijo del nuevo líder político: ‘‘Apareció un personaje silencioso, de aspecto realmente popular, que daba además la impresión de honradez y trabajo’’.
En 1991 la ciudad de Lima tenía 6,5 millones de habitantes. Sólo tres décadas antes, en 1961, albergaba a 1,8 millones. El 52 por ciento de las industrias eran informales y más del 60 por ciento de la población vivía en extrema pobreza. Se destruían anualmente 350 mil hectáreas de bosques nativos, en un país que posee 77,6 millones de hectáreas cubiertas de árboles, el séptimo país el mundo en extensión de bosques tropicales.
Ese mismo año, unas 200 mil familias, es decir más de un millón de personas, estaban dedicadas a los cultivos de coca, en un mercado donde los narcos movían al año unos 700 millones de dólares y los campesinos recibían un promedio de 700 dólares anuales por persona.
En las selvas ya se estaba refinando la PBC y enviando directamente a Estados Unidos y Europa, resultado directo de la guerra que libraban las autoridades colombianas con los carteles de Medellín y de Cali.
Desde abril de 1987, Sendero Luminoso se decidió a tomar el control total de cada pueblo y proclamó zonas liberadas luego de expulsar a las fuerzas policiales allí acantonadas. El paso siguiente fue obligar a los narcos a desarmar sus bandas de sicarios.
Fujimori logró bajar la inflación a un 139 por ciento en 1991 y lentamente empezó a reinsertar a Perú en la economía mundial. Simultáneamente no se cansaba de reclamar porque Estados Unidos gastaba 80 mil millones de dólares en drogas al año y destinaba sólo 25 mil millones para luchar en contra del consumo. La ayuda a Perú, país que de manera inexorable se iba transformando en uno de los dos mayores productores de coca del mundo, había sido de uno 50 millones de dólares al año. En mayo de 1991, Fujimori consiguió de los Estados Unidos un nuevo acuerdo, mediante el cual Washington se comprometía a entregar 220 millones de dólares en ayuda económica y otros 57 en asistencia militar y policial.
El 5 de abril de 1992, Fujimori decidió dar un golpe de Estado, apoyado por los militares. De inmediato, los analistas políticos y los observadores de la prensa internacional instalados en Lima intentaron explicar desde la perspectiva del narcotráfico la abrupta y enérgica determinación del mandatario. La agencia británica Reuter envió a sus clientes en todo el mundo el siguiente despacho.
Pese a las inflexibles declaraciones gubernamentales y al endurecimiento de las leyes antidrogas, resulta improbable que la floreciente industria del narcotráfico en Perú sufra mayores contratiempos bajo el gobierno del presidente Alberto Fujimori, apoyado por los militares, según expertos antidrogas y diplomáticos.
‘‘Mientras no haga nada por reprimir a los oficiales militares involucrados en el narcotráfico, las cosas no cambiarán, al contrario, se agravarán’’, afirmó a Reuter un experto antinarcóticos. ‘‘Fujimori depende ahora más que nunca de los militares’’, agregó.
Uno de los motivos mencionados por Fujimori para disolver el Congreso y arrogarse poderes casi dictatoriales fue que corruptos parlamentarios bloqueaban reformas destinadas a detener el cultivo y exportación de coca.
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Fujimori prometió combatir el narcotráfico y rápidamente emitió una serie de decretos que estipulaban penas más duras para el lavado de dinero, el usufructo de utilidades provenientes del narcotráfico y el encubrimiento de narcotraficantes. Al mismo tiempo, los militares anunciaron que asumían el control de todas las pistas aéreas existentes en el Alto Huallaga.
El principal asesor antidrogas de Fujimori, el economista Hernando de Soto, autor de ‘‘El otro sendero’’, que renunció en enero quejándose por la corrupción, dijo a los periodistas que Fujimori había guardado silencio cuando un grupo de funcionarios estadounidenses le preguntó por qué salían cargamentos de droga desde pistas de aviación controladas por los militares.
Algunos diplomáticos interpretaron los anuncios sobre la lucha antidroga como acciones de relaciones públicas destinadas a aplacar las críticas de los Estados Unidos y de América Latina en anticipación a la reunión de emergencia convocada en Washington por la OEA. Según expertos antidrogas, la corrupción alcanzaba amplias proporciones tanto en la policía antidrogas como entre los militares destacados en la región donde 60 mil familias sembraban coca para sobrevivir.
No hacía mucho tiempo, el sueño de un alto oficial militar peruano era ser enviado como agregado militar al circuito Revlon, esto significaba un cargo diplomático en Londres, París, Bonn, Roma o aún Washington. Eso ha cambiado, ahora se pelean por lograr un comando en una unidad en el valle del Huallaga, sin importarles las primitivas condiciones de vida, porque había mucho dinero de por medio. Oficiales corruptos cobraban cupos por dejar aterrizar y despegar aviones de narcotraficantes. Esto significaba ingresos de entre 20 mil y hasta 50 mil dólares mensuales.
El senador independiente Raúl Ferrero Costa, un experto legal, estimó que el gobierno de Fujimori había interceptado 60 avionetas de traficantes de droga durante un año. ‘‘La cifra es ínfima si se calcula que hay 30 vuelos diarios de avionetas en el valle del Huallaga’’, agregó el senador, titular de la Comisión de Justicia del disuelto Congreso.
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