A fines de enero INTERFERENCIA dio a conocer la controvertida situación en que se removió del cargo a Osvaldo Garay Opaso, Contralor Interno de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), hecho ocurrido en marzo del año 2018.

En esa publicación se explica en detalle, no solo la forma en que el ex contralor Garay fue removido de su cargo, sino que también el contexto de crisis que atraviesa la UMCE, vinculado a una serie de irregularidades y malas prácticas detectadas por la propia Contraloría General de la República. El ente contralor realizó auditorías en las cuales informó la existencia de compras irregulares mediante trato directo por más de 90 millones de pesos; y un abultado endeudamiento por cerca de 7.000 millones de pesos. Durante 2017, Garay intentó poner atajo a varias prácticas irregulares dentro de esa universidad del Estado. Sin embargo, las máximas autoridades del ex Pedagógico consideraron que el contralor se había excedido en su afán de fiscalización.

Osvaldo Garay fue parte de la discusión que se realizó en el Congreso sobre la Ley de Universidades Estatales el 8 enero de 2018. En la ocasión, Garay se mostró reacio a la idea de sustituir el control previo que ejerce la Contraloría General de la República sobre los gastos de las universidades estatales por uno posterior, debido a que ello podría significar un riesgo en el manejo de los fondos públicos transferidos a cada uno de dichos planteles superiores. Esta opinión era contraria a la que sostenían las universidades estatales representadas en el Consorcio de Universidades Estatales (CUECh), las cuales buscaban flexibilizar el control de la Contraloría sobre sus actos administrativos.

Dos meses después de su intervención en el Congreso, Garay fue notificado de la remoción de su cargo como Contralor Interno de la UMCE, la cual fue propuesta por el rector Jaime Espinosa Araya, y ratificada por la Junta Directiva de la universidad. Su despido se efectuó en una sesión extraordinaria de dicha Junta, la cual tenía por tema principal debatir una carta enviada por Ennio Vivaldi, en su calidad de presidente del CUECh, al rector Jaime Espinosa. En esta carta Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, pidió explicaciones al rector de la UMCE por las declaraciones de Garay en el Congreso, debido a que contravenían asuntos acordados por el consorcio, a la vez que exigió saber si tales declaraciones fueron hechas a título personal o en nombre de la UMCE.

La Junta Directiva acordó remover al contralor interno debido a que consideró que Garay estaba hablando en representación de la UMCE al criticar el proyecto de Ley de Universidades Estatales, de tal manera que se había excedido en sus atribuciones como funcionario del plantel. Garay intentó impugnar, sin éxito, la decisión de la Junta Directiva ante Contraloría General de la República y en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Sin embargo, todo lo anterior resultó infructuoso para revertir su situación.

El fallo

Por ello, el 15 de mayo de 2018 Garay presentó una demanda por tutela laboral en contra de la UMCE ante el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la cual fue resuelta el pasado lunes 6 de mayo de 2019. El tribunal consideró que la remoción de Garay constituyó una vulneración a su derecho constitucional de libertad de opinión.

El fallo de primera instancia estableció que la universidad deberá pagar una indemnización de $36.519.156 a la parte demandante y otros $2.000.000 en costas. Esto porque, de acuerdo con el juzgado, la remoción de Garay tuvo el carácter de una represalia por las opiniones que manifestó sobre el proyecto de Ley de Universidades Estatales durante su discusión en la comisión conjunta de Educación y Hacienda del Senado celebrada el 8 de enero de 2018, a la cual el demandante asistió como invitado.

Entre otras cosas, la sentencia señala lo siguiente: “Acontece que la medida adoptada por la demandada claramente es una represalia por las opiniones vertidas por el demandante ante una Comisión Parlamentaria”, y que además “lo expuesto por el demandante produjo molestia debido a que luego de su intervención se habría reducido el monto de dinero que las universidades podrían manejar directamente”.

El fallo también consignó que en ningún momento quedó establecido si el demandante se atribuyó la representación de la UMCE, a tal punto que el propio presidente del CUECh, Ennio Vivaldi, preguntó sobre tal situación al rector Espinosa. Luego agrega que tampoco se conoció el carácter de la respuesta que Espinosa le habría enviado a Vivaldi. En el undécimo ‘considerando’ del fallo se lee:

“No existen antecedentes de la respuesta que el rector [de la UMCE] le habría dado al señor Vivaldi, porque si hubiese respondido que el demandante tenia la calidad de representante de la universidad no se entendería el reproche que se le formuló en la Junta Directiva, y si se le hubiese respondido que no representa a la universidad habría quedado totalmente aclarada la situación planteada por el Presidente del CUECH”.

La sentencia termina por considerar que el despido de Osvaldo Garay Opaso fue “una medida innecesaria y desproporcionada que afecta claramente su derecho fundamental a emitir opinión”. Es por ello que el tribunal condenó a la UMCE al pago de la indemnización ya señalada.

No obstante lo anterior, las autoridades de la UMCE presentaron el 17 de mayo un recurso de nulidad ante la justicia para impugnar la sentencia. De esta forma, la Corte de Apelaciones de Santiago deberá pronunciarse próximamente sobre la materia.