A mediados de junio del año pasado, INTERFERENCIA dio a conocer cómo el ex subsecretario de Redes Asistenciales y actual candidato a constituyente por el Distrito 9, Arturo Zúñiga, había contratado una residencia sanitaria vinculada a su subalterno directo, Orlando Durán, entonces jefe de la División de Atención Primaria y encargado de coordinar las residencias sanitarias, la cual además operó sin tener los permisos sanitarios correspondientes. Esta residencia operaba en calle Mosqueto 552.

Producto de ese antecedente, el 15 de junio, la Contraloría General de la República instruyó realizar un sumario administrativo en la Subsecretaría de Redes Asistenciales y no esperar al sumario interno que había instruido Zúñiga, para así dar cuenta de esa y otras eventuales irregularidades cometidas en los procesos de contratación de residencias sanitarias.

INTERFERENCIA conoció parte del contenido del informe de auditoría, que recoge el actuar de la Redes Asistenciales entre el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio del mismo año, cuando las residencias sanitarias pasan a depender de la Subsecretaría de Salud Pública.

En este informe, el ente contralor constata masivas irregularidades en la Subsecretaría a cargo de Zúñiga por el manejo y gestión de las residencias sanitarias, al preguntarse por la eficiencia y eficacia de los recursos invertidos, y por los resguardos frente a los conflictos de intereses. 

Todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, el cual también empezó una línea de investigación cuando se conoció el antecedente de Mosqueto 552. Además, también puede haber sanciones administrativas para el ex subsecretario, independiente de las consecuencias penales que podría traerle el caso. 

Entre las múltiples irregularidades, se detectó que Redes Asistenciales no dictaminó una organización interna para cumplir con la implementación de la estrategia de residencias sanitarias. De tal modo, no se establecieron asignaciones de tareas, funciones ni objetivos, ni personal ni unidades a cargo.

De tal modo, la Contraloría verificó que un asesor del subsecretario de Redes Asistenciales requirió el pago de una de las residencias sanitarias contratadas, sin que se hubiese acreditado debidamente el cumplimiento de las prestaciones asumidas por el respectivo proveedor. Esto fue informado por INTERFERENCIA en junio de 2020 en el artículo Correos del Minsal revelan que asesor de Zúñiga intentó apurar pago a residencias sanitarias después de supuesta orden de sumario. 

Además, la Contraloría detectó que en los procesos de búsqueda y selección de hoteles para funcionar como residencias sanitarias, participaron funcionarios y personal contratado a honorarios ajenos al Ministerio de Salud, sin que se haya fundamentado ni entregado antecedentes de esa decisión. 

En el informe se señala que tampoco se definieron los procedimientos ni los criterios que debían seguir los servicios de salud del país para derivar pacientes, ni los que debía seguir la propia Subsecretaría en el proceso de selección y contratación de residencias sanitarias.  De tal modo, no se dispuso de los medios para verificar la idoneidad técnica y sanitaria de las alternativas seleccionadas como residencias sanitarias, ni los mecanismos para corroborar la prestación de los servicios pactados.

A su vez, no consta en qué contexto ni bajo qué criterios, se decidió el envío desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales a los servicios de salud del país de un listado de hoteles para su funcionamiento como residencias sanitarias, ni de las cotizaciones y condiciones contractuales y de negociación con que se confeccionó ese listado. 

En particular, respecto de los hoteles que actuaron como residencias sanitarias, el documento establece que Redes Asistenciales, en su rol de encargado de la estrategia de residencias sanitarias, no estableció oportunamente criterios que permitieran uniformar las condiciones de negociación con distintos proveedores. De tal modo, se advirtieron contrataciones que consideraron sólo el pago por la utilización efectiva de las habitaciones o camas existentes en el inmueble, y otras que contemplaron un pago por una ocupación mínima, o de cuotas fijas mensuales, independientemente de la ocupación efectivamente utilizada.

Tampoco se establecieron parámetros de calidad para estandarizar los servicios. Por ejemplo, respecto de la alimentación, su cantidad y calidad de las raciones.

También la Contraloría advirtió que en la Subsecretaría dirigida en ese momento por Zúñiga no había procedimientos, instrucciones ni lineamientos para evitar conflictos de intereses e irregularidades en los procesos de levantamiento, selección y contratación de servicios.

La residencia de Mosqueto

En cuanto a Hotel Clínico Spa, la residencia ubicada en Mosqueto 552 que alertó sobre las primeras irregularidades en el manejo de las residencias sanitarias por parte de Redes Asistenciales, la Contraloría corroboró que el jefe de la División de Atención primaria de la época, Orlando Durán Ponce, quien intervino en el proceso de contratación del Hotel Clínico SpA, poseía vínculos con dicho establecimiento y su representante. Esto sin que conste alguna abstención por parte de ese funcionario ni que haya manifestado algún eventual conflicto de intereses.

Tampoco consta que dicho inmueble haya sido inspeccionado o evaluado antes de iniciar sus operaciones, para verificar si satisfacía las condiciones técnicas y sanitarias como residencia sanitaria. Producto de lo anterior, la División dirigida por Durán no pudo acreditar ante la Contraloría la existencia de las 40 habitaciones con baño privado contratadas o que las instalaciones hayan garantizado las condiciones de aislamiento requeridas. Tampoco le consta a la Contraloría que el Hotel Clínico SpA haya contado con la autorización sanitaria otorgada por la Seremi de Salud.

También la Contraloría estableció el parentesco entre Alexandra González Silva, la representante de Hotel Clínico SpA, y D´angelo Isalvatore Silva, quien entonces era funcionario de la División de Atención Primaria de la Subsecretaría, aspecto que no fue advertido por las instancias internas de control.

Otro de los hallazgos es que no existió un registro consolidado de las personas ingresadas al Hotel Clínico SpA. El registro se confeccionó posteriormente a la salida de Durán de su cargo, y en el 88,3% de los casos a partir de entonces, no consta la procedencia.

Dentro de los aspectos más llamativos encontrados por la Contraloría, en el análisis del referido registro, está que 54 de los 96 huéspedes extranjeros de la residencia sanitaria habían abandonado el país antes del periodo en que aparecen registrados en la residencia de Mosqueto, conforme información cotejada con la PDI.