La auditoría señala que la omisión “conlleva el riesgo de que la gestión de las camas no se realice de manera ordenada” y que no se ajusta a transparencia y control. También apunta a registros de pacientes que fueron derivados después de fallecer: "afecta la calidad y confiabilidad de la información".

INTERFERENCIA había informado una semana atrás sobre la inminencia de esta sanción, la cual corresponde a sumarios que enfrentaba la ex subsecretaria por no transparentar información pública. También fueron sancionados el subsecretario Dougnac (65% del sueldo)  y Juan Francisco Galli de Interior (30% del sueldo). Daza evitaría la multa de aproximadamente $5,1 millones debido a su reciente salida del cargo.

El Consejo Para la Transparencia resolvió el 9 de noviembre si multar o no a Paula Daza y Alberto Dougnac por infracciones a la Ley de Transparencia. Contactados por INTERFERENCIA, desde el Consejo no transparentaron cuál fue la decisión, ya que se encuentra en etapa de notificación a los incumbentes. Según algunos trascendidos, serían multados en altos porcentajes de su sueldo, aunque la renuncia de Daza para ir al comando de Kast podría librarla de la eventual sanción.

La denuncia fue interpuesta ante Contraloría por la diputada Marcela Hernando (PR) y se encontraron 141 ventiladores mecánicos sin cobrar sus arriendos correspondientes. Los hospitales UC (suma $76 millones), Red Salud Bicentenario ($47 millones) y Clínica Las Condes ($41 millones) registran los mayores montos.

INTERFERENCIA ingresó tres solicitudes de amparo ante el Consejo para la Transparencia por la falta de respuesta, de los cuales dos ya fueron acogidos y uno se encuentra en revisión. La cartera registra 110 incumplimientos de decisiones del Consejo, un 22% más que hace un mes y medio; siendo la falta de transparencia una tendencia al alza en la cartera de Salud.  

El informe de auditoría a Redes Asistenciales establece que el subsecretario de entonces no veló por la eficacia ni eficiencia en el uso de los recursos, ni por evitar conflictos de intereses. Por ejemplo, la residencia de Mosqueto arrendada a su subalterno cobró alojamientos de extranjeros que ya no estaban en Chile.

Pese a la llegada ayer de más de 44 mil vacunas, a la fecha menos de la mitad de los 18.000 funcionarios UCI, UTI y de emergencias del país ha recibido las dos dosis que los inmuniza contra el virus. El proceso va más lento de lo previsto y hay 100.000 vacunas estacionadas, sin haber podido ser aplicadas. Chile tiene cerca de medio millón de funcionarios de salud, de los cuales el 98% aún no ha sido inoculado completamente.

Decidió dejar la Subsecretaría de Redes Asistenciales para llegar al Congreso o a un asiento de constituyente representando a la UDI, invitado por Jacqueline Van Rysselberghe. Pero todavía tiene temas pendientes, principalmente en Fiscalía y Contraloría, donde se desarrollan investigaciones por las irregularidades en la contratación de residencias sanitarias.

Un 53% de las personas sometidas a ventilación mecánica invasiva en este hospital de la zona norte de Santiago murieron durante el mes más duro de la pandemia. Por otra parte, el 42% de estos pacientes falleció en el Hospital Sótero del Río durante el mismo mes. Cifras considerablemente más elevadas que en junio del año anterior.

A un año de una auditoría, la subsecretaría no subsanó observaciones por un software que no usó en al menos dos de tres años de licencia que pagó. Además, enfrentará un juicio de cuentas por $110.869.565, cuyo fin es establecer responsabilidades en pérdida o deterioro de recursos.

El modelo CWH-3010 de la empresa china Chen Wei llegó en mayo como parte de una donación de ese gremio empresarial. Pero muchos especialistas denuncian que esas máquinas apenas sirven y el propio Minsal los dio de baja, aunque después los envió a regiones. 

Hotel Clínico Spa, empresa vinculada a Orlando Durán, ex jefe de Atención Primaria del Ministerio de Salud, albergó a pacientes de Covid-19 entre marzo y junio de este año. Estaba ubicada en un edificio residencial en el centro de Santiago y nunca tuvo las autorizaciones necesarias para funcionar.

INTERFERENCIA había revelado que fueron 187 millones los que se pagó a Hotel Puerto Mayor para que albergara a pacientes de Covid-19. El recinto pertenece a la familia del subsecretario y vicrepresidente de la UDI, Cristóbal Leturia y dejó de funcionar por el alto precio de sus habitaciones.

En medio de los cuestionamientos a los contratos de residencias sanitarias por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, los antecedentes dan cuenta que este organismo -junto con la Subsecretaría de Salud Pública- han desembolsado millones en esta empresa, pagando cada mascarilla por más de 500 pesos, valor superior al de otros proveedores.

Representantes de la DC y de RN, por separado, solicitaron al Ministerio Público que se indaguen los antecedentes revelados por INTERFERENCIA, en donde al menos dos órdenes de compra del organismo del subsecretario Arturo Zúñiga, han beneficiado a funcionarios del gobierno.

Al contrato hecho por el subsecretario Arturo Zúñiga por $ 205 millones para arrendar una residencia sanitaria ligada a uno de sus subalternos, se suma ahora que el Servicio de Salud de Valparaíso, contrató un hotel que es negocio de la familia de Cristóbal Leturia del MOP, quien también es vicepresidente de la UDI.

INTERFERENCIA reveló que el subsecretario de Redes Asistenciales contrató por $205 millones un hotel vinculado a un alto cargo del servicio. La autoridad aseguró que ordenó un sumario y detener el pago, pero los correos de sus cercanos sugieren todo lo contrario. 

El subsecretario de redes asistenciales firmó una orden de compra con Hotel Clínico Spa, cuya dirección y teléfono coinciden con un negocio hotelero perteneciente a Orlando Durán, jefe de la División de Atención Primaria y encargado de coordinar las residencias sanitarias. Este último dice que la coincidencia fue por error de una funcionaria.

Para este consultor la situación más preocupante es la falta de recursos humanos y la disponibilidad de camas críticas en el sistema. “Una cama crítica es mucho más que un ventilador”, explica Teke, quien calcula que falta espacio, equipamiento y personal como para hacer que todos los ventiladores sean útiles.

Jaime Mañalich aseguró que el Hospital modular de Cerrillos empezaría su construcción a más tardar la última semana de abril. Ahora, empezando mayo, el avance es nulo y el Minsal puso en duda que realmente vaya a existir.

Jaime Mañalich aseveró hace dos semanas que la obra debiera partir en estos próximos siete días. El periodo ya está corriendo, pero no se observa ningún preparativo, como por ejemplo, conexión de instalaciones sanitarias o eléctricas. Redes Asistenciales dice que todo está encargado al extranjero y que todavía no llega al país.

A medida que pasan las semanas, las autoridades han corregido –siempre a la baja– la disponibilidad de respiradores, aumentando las sospechas de que las cifras no cuadran. La preparación de Chile que el Presidente y el ministro le han transmitido al país queda en entredicho.

Fueron adquiridas por el Servicio de Salud Araucanía Norte, pero el proveedor encargado de llevarlas a Angol todavía no lo hace. Según fuentes del servicio, en el norte de la región aún cuentan con stock disponible, mientras que en otros lugares de la Araucanía, como Temuco, este tipo de insumos escasean entre los ciudadanos y los funcionarios hospitalarios.

Sin mencionar a la multinacional suiza Roche, la autoridad reconoció la situación de desabastecimiento informada por INTERFERENCIA, aunque le restó importancia pues asegura que existen otros proveedores que pueden sostener el ritmo de detección del virus en el país.

El ministro de Salud ha entregado datos que se contradicen con la evidencia internacional, y ha propuesto acciones que a las pocas horas son desechadas. También ha desoído propuestas del Colegio Médico. Todo indica que Mañalich es parte del problema, más que de la solución. ¿Llegó la hora de sacarlo para salvar vidas?

La empresa Pronova, patrocinada por el abogado Ciro Colombara, acusa irregularidades en el proceso de compra pública del sistema tecnológico que reunirá los datos clínicos de muchos chilenos en internet, abriendo otro flanco al cuestionado subsecretario luego del fallo en el caso Frei Montalva. El contrato de  4.450 millones de pesos fue adjudicado a Claro.