A más de 4.200 metros sobre el nivel del mar en pleno altiplano de la región de Arica, la empresa Quiborax extrae ulexita desde el Salar de Surire, con la cual produce el ácido bórico que exporta a más de 50 países para ser utilizado como fertilizante.

Desde diciembre de 2022, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) tramita una denuncia ingresada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) contra la minera Quiborax por intentar eludir el sistema de evaluación ambiental.

La denuncia llegó tras una fiscalización de Conaf en agosto de 2022, que detectó que Quiborax estaba incumpliendo restricciones ambientales y poniendo en peligro la sobrevivencia de las tres especies de flamenco que utilizan el salar de Surire para reproducirse y que justifican su categoría de Monumento Natural. Un informe posterior de la propia Conaf dio cuenta que durante la temporada 2022-2023 ninguna de las especies de flamenco logró reproducirse.

Tras un litigio judicial que ganó Quiborax en 2010, la empresa acordó con Conaf que las pertenencias mineras denominadas Santa Marta tendrían algunas condiciones para su explotación, entre ellas mantener una distancia de 500 metros de los sitios de reproducción de los flamencos, y 200 metros de las lagunas.

En los correos electrónicos se puede leer que Quiborax, con la ayuda de la anterior administración de Conaf en Arica, a cargo de Héctor Peñaranda, buscó flexibilizar las restricciones establecidas en los permisos de tal manera que le fuera posible extraer mineral, al interior del Monumento, en zonas donde tenía prohibido acceder.

Sin embargo, una reciente investigación de Ciper y Mongabay, que analizó más de un millón de correos electrónicos enviados entre altos ejecutivos de la empresa filtrados por la agrupación hacker Guacamaya, señala que desde 2019 Quiborax comenzó una ofensiva para intentar relajar los límites a su explotación en los sitios regulados. 

En los correos electrónicos se puede leer que Quiborax, con la ayuda de la anterior administración de Conaf en Arica, a cargo de Héctor Peñaranda, buscó flexibilizar las restricciones establecidas en los permisos de tal manera que le fuera posible extraer mineral, al interior del Monumento, en zonas donde tenía prohibido acceder.

Además, en los correos consta que Quiborax desembolsó recursos para comprar regalos a los funcionarios públicos de Conaf, la SMA, el Servicio de Evaluación Ambiental y Sernageomin. A Héctor Peñaranda, por ejemplo, estaban destinadas una botella de whisky y dos de champagne. Otros nueve funcionarios de la Conaf regional también aparecen en el listado para recibir regalos.

El protocolo que acordaron fiscalizadores y fiscalizados

En el análisis de los correos se encontró la coordinación entre los altos ejecutivos de Quiborax y funcionarios de Conaf para elaborar un protocolo que permitiera relajar las restricciones en las pertenencias mineras y liberar mucho territorio para ser explotado. 

Durante septiembre de 2020 los ejecutivos estuvieron día trabajando distintas versiones del “Protocolo de intervención, demarcación de colonias de reproducción de flamencos y de lagunas permanentes al interior del monumento natural salar de Surire, para los fines del decreto n° 12 del año 1989”, a través de correo electrónico. 

La investigación señala que del análisis de los metadatos del archivo del protocolo, se descubrió que el borrador original fue creado el 5 de septiembre de 2020 por Carlos Nassar San Martín, entonces jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de Conaf en Arica. 

En correos que los ejecutivos de Quiborax intercambiaron, el ex director regional de Conaf, Héctor Peñaranda, aparece como un personaje clave para intentar influir en la decisión del fiscal de Conaf y permitir la flexibilización del protocolo.

Desde el 10 de septiembre el archivo comenzó a ser modificado. El autor original de esas modificaciones fue Rafael Fernández, de Quiborax. El 15 de septiembre, el borrador volvió a ser modificado, esta vez por Allan Fosk, gerente general y uno de los dueños de la empresa.

La investigación señala que: “En el documento aparece el concepto de ‘sitios potenciales de reproducción’, y se indica que la exclusión de esos sectores será de 500 metros, y no de 3000, como dicta el DS 12 de 1989. También se deja a firma la posibilidad de extraer a una profundidad mayor de 30 centímetros: ‘La extracción considerará el manto mineralizado, la que se hará por una sola vez, dando paso a su nivelación y etapa de cierre y abandono’. El promedio de profundidad de ese manto mineralizado es de 1,4 metros”.

En correos que los ejecutivos de Quiborax intercambiaron, el ex director regional de Conaf, Héctor Peñaranda, aparece como un personaje clave para intentar influir en la decisión del fiscal de Conaf y permitir la flexibilización del protocolo.

“Es importante que como autoridad regional él refuerce la posición de Conaf ante su Fiscalía”, escribió Daniel Ocqueteau, gerente legal de Quiborax, en un correo fechado el 15 de diciembre de 2020, donde le pedía a Rafael Fernández que, por favor, le insistiera con eso a Peñaranda.

“Héctor Peñaranda dice que el fiscal lo tiene claro”, respondió Fernández. “Me comentó que terminada la reunión del día viernes, se quedó con él reforzando y aclarando los beneficios ambientales de la propuesta”.

Sin embargo, finalmente la fiscalía a cargo concluyó que “bajo ninguna circunstancia” Conaf “podrá conferir permisos o autorizaciones no contenidas en pronunciamientos oficiales de los órganos del Estado pertinentes”, según una carta la que Ciper y Mongabay tuvieron acceso por transparencia y que confirma la elaboración del protocolo.

Por ello, cabe pensar que el pronunciamiento de la Fiscalía de Conaf habría frenado la firma del protocolo, del que ni el ente fiscalizador ni Quiborax guardan copia. 

“Es evidente que si CONAF no lo tiene, mal podría tenerlo la empresa”, dijo el fiscalizador en las respuestas enviadas a Mongabay. Según la Corporación, no existe ningún respaldo físico de los acuerdos que la empresa dice haber consensuado con la anterior administración.

Y si bien el protocolo no fue firmado la extracción completa del manto mineralizado no se concretó, fiscalizaciones Conaf en 2022 dieron cuenta de que en las concesiones de Quiborax, la profundidad de extracción superó los 30 cm en forma frecuente, aunque esto nunca fue advertido antes. Constataciones que acabarían dentro de la denuncia que la Corporación ingresó a la SMA y que hoy sigue en tramite.

Al respecto, desde la Dirección Regional de la Conaf en Arica, confirmaron a Mongabay que se abrió una investigación interna para indagar la relación entre los directivos de la administración anterior y Quiborax.

Así también, Conaf constató que la minera estaba extrayendo material a una distancia menor de 3000 metros de los sitios de reproducción, que según lo que aparece en los correos, fue una solicitud de la minera que habría sido aceptada por Conaf.

Otra de las infracciones descubierta fue la aparición de lagunas artificiales en el salar acotan el espacio disponible para que los flamencos puedan anidar y reducen el alimento disponible.

Según se puede leer en los correos, las lagunas artificiales preocupaban a los ejecutivos de Quiborax desde 2018, llevándoles a tomar medidas. Entre ellas, se puede encontrar dentro de los correos filtrados que “por acuerdos con Conaf”, la operación comenzaría contigua a las lagunas artificiales “con el propósito de homogeneizar el paisaje y no dejar piscinas aisladas”.

Al respecto, desde la Dirección Regional de la Conaf en Arica, confirmaron a Mongabay que se abrió una investigación interna para indagar la relación entre los directivos de la administración anterior y Quiborax.