Pese a su carácter público -al menos en el papel-, desde hace varias décadas Televisión Nacional de Chile (TVN) ha venido desarrollando un modelo de negocio, que en la práctica no lo diferencia de los canales privados, en cuanto a tener que autofinanciarse. En este marco, salió a competir con el resto de los canales de la televisión abierta, en particular en los horarios donde los avisadores ponen el grueso de sus recursos, con una programación en algunos casos exitosa en los números, pero dejando de lado la calidad de lo que se exhibe en pantalla.

Por ley, TVN es una persona jurídica de derecho público, autónoma del Estado, incluido su financiamiento, el que debe ser "obtenido a condiciones de mercado".

Salir a la competir en este mercado se debe a que, por ley, TVN es una persona jurídica de derecho público, autónoma del Estado, incluido su financiamiento, el que debe ser “obtenido a condiciones de mercado”.

Hoy, las aguas están revueltas. A la salida del director ejecutivo, Jaime de Aguirre, se sumó hace pocos días el paso al costado que dio Francisco Orrego, como presidente del directorio del canal. Y el tema del financiamiento, al igual que en casos anteriores, está siempre presente.

Cada vez que aparece el asunto de los dineros de los canales públicos salen a la vista los ejemplos de otros países. Hay unos que son más citados que otros, y que hablan de distintos modelos de sustentación. Materia que constituye todo un desafío en TVN, que tuvo que recurrir de urgencia a las arcas estatales para buscar una capitalización y no ahogarse en los números rojos.

Sistema de impuestos

Algunos artículos que han analizado el tema de la British Broadcasting Corporation (BBC), fundada en octubre de 1922, indican que este canal público es parte de la identidad de muchos de sus ciudadanos. Esto se debe, entre otras cosas, a que cada habitante que quiere acceder a sus contenidos debe pagar un impuesto anual.

La fórmula anterior deja a los televidentes libres de recibir publicidad, así como también la BBC cumple con estándares de transparencia cada año, informando en qué serán destinados los gastos recibidos por este impuesto.

La televisión pública japonesa tiene un sistema parecido. NHK, acorde a su sitio web, es la “única corporación de radiodifusión pública en Japón”. Sus servicios comenzaron en 1925, y su modelo de financiamiento es “a través de las cuotas de recepción que deben pagar los hogares que poseen televisión”.

Con ello se pretende que las emisiones no solo sean imparciales y libres de la influencia de organizaciones políticas o privadas, sino que también den prioridad a las opiniones de la audiencia.

La fórmula mixta

En Alemania existen dos canales públicos: ARD y ZDF, que tienen distintos alcances y se diferencian en sus años de antigüedad –el primero se fundó en 1950, mientras que el segundo en 1963.

Ambos se financian de manera mixta: por un impuesto directo mensual, superior a los 17 euros, que pagan los televidentes, y por medio de publicidad, que está limitada también por ley. Este modelo también aplica para la televisión pública francesa, en donde los ciudadanos a través de su impuesto son los principales aportantes, llegando a representar 66% del total de ingresos en 2015.

Si bien los canales alemanes y franceses se diferencian del modelo de BBC y la NHK de Japón, resaltan a la autonomía y el servicio público como una de sus principales características que tienen a la hora de transmitir.

Si bien los canales alemanes y franceses se diferencian del modelo de BBC y la NHK de Japón, resaltan a la autonomía y el servicio público como una de sus principales características que tienen a la hora de transmitir.

Esto no significa que desestimen tener una programación de entretención; más bien, los hace independientes de sumarse a las tendencias que pueden imponer medios de comunicación privados.

Sistema español

Un sistema distinto al británico y alemán es el de la televisión pública española, representada en el canal RVTE. Su financiamiento proviene, en parte, por el Presupuesto General del Estado, junto con un impuesto cobrado a las empresas telefónicas, lo que ha causado polémica y ha escalado a las cortes judiciales de España sin éxito para las denominadas "telecos".

Además de poder recibir donaciones, RVTE recauda aportes que, acorde a la ley, "deben realizar las sociedades concesionarias y prestadoras del servicio de televisión de ámbito geográfico estatal o superior al de una Comunidad Autónoma"; es decir, de los canales privados.