Desde que Interferencia dio a conocer este miércoles que el Ministerio de Justicia otorgó 56 rebajas de condena a presos por abuso sexual y violación de menores, el gobierno se desligó de la medida y apuntó a los tribunales. Los decretos, dictados entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre, corresponden a 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación, con una sola solicitud rechazada.

Al ser consultado, sin embargo, reconoció que los beneficiados de estos casos no recurrieron a tribunales para obtenerlas.

El ministro Rabat defendió las rebajas y sostuvo que el ministerio recogió el criterio que la Corte Suprema fijó en decenas de recursos de amparo, citados en cada resolución. Las describió como “cumplimiento de sentencias”.

Al ser consultado, sin embargo, reconoció que los beneficiados de estos casos no recurrieron a tribunales para obtenerlas. Para el ministro eso no cambia el fondo: dijo que las sentencias judiciales se cumplen mediante un acto administrativo y agregó que el gobierno no comenta los fallos.

Sin embargo, la justificación del ministro presenta puntos en discusión. Aunque Rabat invoca fallos de la Corte Suprema que acogieron recursos de amparo en casos similares, las 56 rebajas fueron otorgadas por vía administrativa, sin una resolución judicial individual que ordenara concederlas. Además, la Ley 21.421, publicada en febrero de 2022, modificó la Ley 19.856 para excluir de estos beneficios a condenados por determinados delitos sexuales contra menores, aunque su aplicación a hechos anteriores a la reforma ha sido objeto de controversia. A esto se suma que los fallos de la Corte Suprema no han sido uniformes: existen decisiones en ambos sentidos, por lo que no basta con invocar una doctrina general, sino que es necesario examinar los antecedentes y fundamentos jurídicos de cada caso.

El vocero Gonzalo Arenas siguió la misma línea: calificó la polémica de “malintencionada” y afirmó que el Ejecutivo no puede hacer mucho más que cursar las solicitudes, que corresponderían a casos previos a la reforma de 2022. El ministerio sostuvo, además, que no ha otorgado rebajas por hechos ocurridos después del 9 de febrero de 2022.

La presidenta de la Corte Suprema no confirmó ese relato. Consultada por las rebajas, Chevesich dijo no tener información, preguntó en virtud de qué se habían concedido y, condicionada a que lo informado fuera efectivo, indicó que el ministerio tendría las facultades para ejercerlas, aunque agregó que no lo sabía.

La polémica deja a los tres poderes del Estado en el mismo cruce. El Ejecutivo defiende las rebajas y las atribuye a la jurisprudencia del Poder Judicial. El Judicial, por boca de la presidenta de la Corte Suprema, dice no tener información sobre los casos. Y el Legislativo, desde la oposición, alistan una sesión especial y prepara un proyecto para aclarar la ley que está en el centro de la discusión.

Las reacciones políticas

En el Congreso, el diputado comunista Marcos Barraza anuncio una sesión especial en la Cámara, y la diputada Irací Hassler cuestionó la medida por su impacto en las familias que obtuvieron condenas en los tribunales. Su par Bernardo Salinas la calificó como “la peor señal que puede dar el país”. La jefa de la bancada del PPD, Andrea Parra, exigió identificar los 56 casos. El diputado Jaime Mulet (FRVS) las calificó de “indulto parcial” y cuestionó que se concedieran sin intervención judicial previa. La parlamentaria Lorena Fries cuestionó su coherencia con el discurso de seguridad del gobierno, y Jorge Guzmán reprochó que se concedieran sin pasar por tribunales. La diputada Emilia Schneider anunció un proyecto para aclarar las discrepancias de interpretación de la Ley 21.421, que prohíbe estos beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores.

En paralelo, diputados de Renovación Nacional presentaron una reforma constitucional, encabezada por Ximena Ossandón, que busca modificar las reglas para conceder rebajas de condena y libertades anticipadas a condenados por delitos sexuales. La iniciativa propone aplicar la normativa vigente al momento de resolver las solicitudes e incluye una disposición transitoria que establece dejar sin efecto los beneficios otorgados por vía administrativa durante los seis meses previos a la eventual publicación de la ley.

La Defensoría de la Niñez, por su parte, manifestó su rechazo a las rebajas y anunció que solicitará al Ministerio de Justicia los antecedentes que justificaron el cambio de criterio de la cartera. Su titular, Anuar Quesille, sostuvo que “detrás de estas condenas hay víctimas que tienen derecho a la justicia, a la protección y a la reparación” y advirtió que la decisión “representa un retroceso para la protección efectiva de la niñez”.

Parlamentarios del PC plantearon además la duda de si estas rebajas anticipan decisiones sobre indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos, un tema que el Presidente Kast no descartó en marzo. Sin embargo, el desgaste político que deja la polémica podría complicar esa decisión del gobierno, al menos en el corto plazo.