Según los últimos datos que maneja la Defensoría de la Niñez, en Chile hasta el 27 de noviembre se han vulnerado los derechos de 374 niños, niñas y adolescentes por parte de agentes del Estado, en el contexto de las protestas del llamado “estallido social” iniciado el 18 de octubre. Del total, 171 de esos menores de edad estaban vinculados a programas del Sename, no necesariamente residentes estables de esta institución.

Estas cifras y la voz de alerta al respecto vienen la Defensoría de la Niñez, liderada por Patricia Muñoz, quien es la primera persona designada en este cargo nacido en abril de 2018. La joven institución ha alertado sobre la vulneración a niños, niñas y adolescentes desde antes del estallido, pero con las protestas, la labor del organismo se ha visto acentuado, debido a que varios de los vejámenes han sido sufridos por menores de edad.

INTERFERENCIA conversó con Patricia Muñoz sobre su exposición en la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizada el pasado 11 de noviembre en Ecuador, donde interpeló a los representantes del gobierno de Sebastián Piñera frente a la represión policial y la necesidad de generar espacios de participación democrática de niños, niñas y adolescentes en un Chile más inclusivo.

- Dio vuelta el mundo su imagen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde interviene en favor de los derechos de niñas, niños y adolescente, donde se le ve un poco molesta ante la intervención del gobierno de Chile que negaba estos hechos. Ya han pasado varios días, ¿Cuál es su opinión sobre la intervención del gobierno de Chile? ¿Mijail Bonito, asesor jurídico del Ministerio del Interior y representante del gobierno en dicha cita, mintió en esa intervención?

- No es lo que creo yo. Quedó de manifiesto que lo que hicieron los representantes del gobierno chileno no fue dar cuenta de la realidad que en ese momento se estaba dando en el país, en relación con los derechos humanos reprimidos por parte de agentes policiales. Lo que yo sostuve en la Comisión Interamericana se basaba en los informes de la Defensoría de la Niñez, con denuncias que habían llegado a nuestra institución de manera directa, y que han sido ratificadas y confirmadas por al menos dos instituciones internacionales que ya se han pronunciado respecto a la situación de Chile, tales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Desde ese momento, solo se ha consolidado la información que entregamos, y que ratifica la lamentable exposición que los representantes del gobierno de Chile hicieron. Ahí el representante del Ministerio del Interior, Mijail Bonito, se permitió asegurar que Carabineros no disparaba ningún tipo de munición que no fuera de goma, lo que ha quedado descartado, incluso por la misma institución policial.  

Efectivamente estaba muy molesta, porque como dije en la comisión, lamentaba mucho que mi país estuviera exponiendo de esa forma, faltando a la verdad con lo que ocurriría. Lo sigo sosteniendo y es algo que he presentado a las autoridades políticas del país.

- ¿Y qué ocurre en Carabineros, que hay tantos casos de niños y niñas vulnerados en sus derechos? Usted decía que hay preparación de carabineros en temas de derechos humanos ¿No está funcionando? ¿No está enfocada en niños y adolescentes?

- Queda de manifiesto que la preparación de los funcionarios policiales no es la adecuada en lo que dice relación con los estándares internacionales en derechos humanos. Esto es algo que además, desde la Defensoría de la Niñez, al menos desde diciembre de 2018, empezamos a presentar oficios al ministro del Interior de la época, Andrés Chadwick, como al general director de Carabineros, Mario Rozas, acerca de la adecuación de los protocolos, en materia de resguardo y protección reforzada de niños, niñas y adolescentes y esa es una situación que desafortunadamente se desatendió en su momento. Ahora se demuestra que ha tenido consecuencias muy dramáticas para los niños que han sido víctimas de esta situación. 

Cuando tú tienes un caso, donde nosotros intervenimos y el INDH se querelló, donde carabineros golpea en el cuerpo a un niño de tres años que estaba con sus padres, es un reflejo claro que no se han integrado conceptos como el resguardo y protección de la integridad física y psíquica de niños, niñas y adolescentes, porque no hay nada que pueda explicar que un carabinero se permite agredir a un niño de tres años. Y casos así se repiten con niños de diversas edades.

Acá hay un lógica del empate, bien lamentable a nivel político, de decir que los niños estaban en una manifestación, muy por el contrario, estaban en situaciones absolutamente cotidianas con sus familias y fueron violentados por personal policial. Y aunque se tratara de jóvenes que estuviesen cometiendo delitos, no hay ninguna justificación para el abuso policial, porque el límite infranqueable del ejercicio de la fuerza policial son los derechos humanos de las personas, donde están incluidos los niños, niñas y adolescentes. 

- Ustedes ya habían puesto en alerta a Carabineros antes de octubre de este año, como por ejemplo, en el caso del asesinato de Camilo Catrillanca y del adolescente que lo acompañaba, que sobrevivió al ataque.

- Esto lo venimos alertando desde el comienzo del trabajo de la Defensoría de la Niñez, no solo por el caso Catrillanca y del adolescente que estaba con él quien fue torturado, sino también por la violencia policial ejercida de manera estructural contra los niños, niñas y adolescentes de comunidades mapuche y también con otros grupos especialmente vulnerables, como los niños y adolescentes en situación de calle, que viven persistente represión policial. Y también de los secundarios, estudiantes, donde se ha tratado por la vía de la represión policial injustificada de inmovilizarlos, de evitar que ellos manifiesten sus legítimas demandas, que podrán ser compartidas o no, pero que ellos tienen todo el derecho a manifestar y eso es algo que venía ocurriendo desde mucho antes. 

Nosotros veníamos advirtiendo y pidiendo al alto mando de la institución que se hicieran cargo de que aquí hay una estructura de funcionamiento de la policía uniformada, donde lo que ocurre es que se validan y se normalizan comportamientos que tienen que ver con hechos abusivos que no están permitidos y no deben ser tolerados en un estado democrático como el nuestro.

- ¿A usted le parece relevante el debate de analizar si son vulneraciones de derechos humanos sistemáticas o no? ¿Hay que discutir eso ahora?

- Es que ahí hay dos debates distintos. Lo que hemos sostenido nosotros es que hay graves violaciones a los derechos humanos constituidas en actos generalizados y sistemáticos, esto último consiste por una parte en la persistencia de actos abusivos cometidos en contra de un grupo específico de la población, que desde nuestra perspectiva se manifiesta de manera muy clara. 

Y otro caso se relaciona con las exigencias para determinar si existen crímenes de lesa humanidad o no. En eso, un aspecto a analizar tiene que ver con las instrucciones o que las autoridades concuerdan acciones para violar los derechos humanos. Nosotros no hemos constatado eso, no hemos recibido ninguna denuncia de ese tipo. Pero es relevante sostener que acá no hablamos en ningún caso de casos aislados y excepcionales, como lo ha tratado de sostener el Ministerio del Interior y Carabineros. Hay casos generalizados y sistemáticos que se mantienen en el tiempo y llevamos más de 40 días observando cómo funcionarios, especialmente de carabineros, siguen ejerciendo acciones que involucran el abuso del poder que le da la delegación de la fuerza estatal. Eso es una situación de máxima gravedad, que no es tolerable.

- Y desde el estallido social, y después de informes de organismos internacionales, querellas del INDH e información de la Defensoría de la Niñez ¿El gobierno está escuchando y tomando medidas efectivas para que Carabineros no vulnere los derechos humanos? ¿Han visto cambios en los protocolos?

- Hasta el momento, los protocolos no han sido cambiados. Lo que sí, nosotros lo que hemos recibido son antecedentes donde se nos solicitan observaciones. Pero nosotros esperamos que lo que alertamos pueda ser atendido. 

Pero hemos visto que a pesar de las graves vulneraciones a los derechos humanos que hemos observado, hemos recibido oficios, por ejemplo, que muestran que la autoridad policial pretende restringir antes y per sé el ejercicio legítimo que tienen los adolescentes a manifestarse. Y eso evidencia que a pesar de todo lo que hemos hablado, Carabineros sigue sin entender que dentro de sus obligaciones fundamentales está asegurar el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes y que parte de sus derechos es el derecho a manifestarse y a participar de reuniones pacíficas. 

Vemos ahí una desconexión que aún persiste, que es lo que me ha hecho llamar de manera clara a una reestructuración total y absoluta de Carabineros, a la máxima brevedad, para que ojalá el enfoque de los derechos humanos de una buena vez esté presente en la policía, que en un estado democrático de derecho el límite en su accionar es el respeto irrestricto a los derechos humanos.

- Vimos que el inicio de las protestas, que comenzaron con evasiones en el metro, fue con adolescentes saltando los torniquetes. Ellos históricamente han sido un grupo que ha iniciado movimientos sociales, que están conectados con las demandas de los ciudadanos en Chile ¿Cómo caracterizaría a los adolescentes?

- Nosotros lo que hemos dicho es que los jóvenes son agentes clave para su propio desarrollo y para el desarrollo de un país. Y lo que ocurre es que en este país se sigue invisibilizando de manera permanente la participación efectiva en espacios de decisión de niñas, niños y adolescentes. Y eso tiene un problema, porque si no escuchas ni atiendes las demandas de ese grupo, las cosas estallan por las vías que hemos conocido.  

Las movilizaciones y acciones públicas de aspectos más contestatarios son las que les permiten a ellos llamar la atención a las autoridades. Entonces, este es un llamado de atención para las autoridades, que lo que han hecho es vetar espacios de participación y de escucha efectiva para este grupo de la población, y en definitiva lo que hacen es favorecer estallidos que no tienen que ver con la legitimidad de una reunión, de un trabajo permanente donde se escuchen y se atiendan los temas que les afectan. Desde nuestra perspectiva esto es una vulneración al derecho de ser oídos y de participar de niños, niñas y adolescentes.

Cuando en la Defensoría de la Niñez hablamos de participación no solo hablamos del voto, sino también de participación en otros entornos, que no tiene que ver con el ejercicio del sufragio, sino con la posibilidad de ser oídos, de tener espacios para que se integren sus necesidades. En Noruega, por ejemplo, se habla de que quienes son expertos en niños, niñas y adolescentes son los mismos niños, niñas y adolescentes. Hay que abandonar esa perspectiva adultocentrista de que solo los adultos hablemos de sus necesidades.