Monte Verde es un territorio de bosques coníferos con suelos húmedos y pantanosos ubicado a 26 kilómetros de Puerto Montt, en la ribera norte del estero Chinchihuapi. En 1977, luego de que años antes un lugareño encontrara restos fósiles, el arqueólogo estadounidense Tom Dillehay halló en el sector los vestigios de un asentamiento humano con una data de 14.800 años. Con este descubrimiento, Dillehay puso fin al conocido “consenso de Clovis”, teoría que fechaba en 13.500 años la llegada de los primeros habitantes al continente americano.
Dado el valor arqueológico del sitio, en 2008 fue declarado Monumento Histórico Nacional con un acto en el que participaron la entonces ministra de Educación, Yasna Provoste, el vicerrector de la Universidad Austral, Renato Westermeier, y el entonces senador Carlos Kuschel, quien era además propietario de parte del terreno.
En efecto, el lugar declarado como monumento estaba repartido entre tres propietarios: el senador y ahora diputado Carlos Kuschel, el lugareño Arnoldo Barría y la Fundación Monte Verde, una organización sin fines de lucro constituida en 2003 por el propio Tom Dillehay para preservar y promover el sitio arqueológico. Hoy los únicos dueños son Kuschel, quien adquirió el predio de Barría, y la Fundación Monte Verde. Como consecuencia, esta duplicidad de intereses involucrados en el sitio ha derivado en un conjunto de encuentros entre el diputado y el organismo sin fines de lucro, los que han sido motivados por hechos que se arrastran desde la década de 1980.
El rol de Carlos Kuschel
Carlos Kuschel Silva es un ingeniero comercial oriundo de Frutillar y militante de Renovación Nacional que ha desarrollado una contundente carrera política. Entre 1990 y 2006 fue diputado por el distrito Nº 57, entre 2006 y 2014 fue senador por la 17ª circunscripción, y actualmente es diputado por el distrito Nº 26.
Con anterioridad a dichos cargos, entre 1982 y 1989, fue jefe de la Oficina de Proyectos de la Municipalidad de Puerto Montt y, posteriormente, alcalde designado de la misma ciudad, entre enero y junio de 1989. Según ha relatado Tom Dillehay en varias oportunidades, fue precisamente en la década de los 80 cuando, mientras él dirigía las excavaciones en el sitio arqueológico, Kuschel le ofreció ayuda para proteger el territorio y terminó comprando una parte del mismo:
“En los 80, cuando estuve dirigiendo la excavación en Monte Verde, [Kuschel] me visitó y usando su cargo político de la época me dijo que quería ayudarnos a proteger el sitio y prevenir la erosión. Él me preguntó dónde estaban los demás sectores y se los mostré. Desde entonces, no he tenido ningún otro contacto con él, pero a través de mis abogados me enteré que compró ese sector a un lugareño, que construyó un museo de sitio (una casita) en el sector y, además, puso la marca registrada en su nombre”, contó Dillehay en 2010 al diario El Llanquihue.
En efecto, con anterioridad a la declaratoria de monumento histórico, Kuschel ya había construido una cabaña en el sitio arqueológico, la que, según acusan desde la Fundación Monte Verde, ha sido en ocasiones utilizada para exhibir propaganda electoral. Asimismo, según los registros del Diario Oficial, Kuschel inscribió en 1987 y 1991 la marca “Monteverde” para emplearla como “agencia turística y de servicios de visitas de curiosidades turísticas y culturales”. Ahora bien, dicho registro de marca no está vigente actualmente.
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También ha sido objeto de polémica el traspaso de parte de su propiedad al fisco, para así acelerar el proceso de declaración del sitio como Patrimonio de la Humanidad. Esto ha conllevado una serie de ofertas de venta y donación del terreno por parte de Kuschel, las que nunca han llegado a concretarse. Entretanto, desde el 2009 existe una carpeta de expropiación solicitada por el Consejo de Monumentos Nacionales.
Sin embargo, una de sus actuaciones que ha generado mayor controversia dice relación con una intervención directa del terreno cuando éste ya era monumento histórico.
La intervención del sitio arqueológico
El 15 de agosto de 2016, durante una visita a Monte Verde en la que participaron el propio Tom Dillehay, el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, y los directores regionales del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) y del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), se comprobó una alteración en el terreno de Carlos Kuschel que es parte del monumento histórico. Ésta consistió en la instalación de una tarima empotrada en el suelo con poyos de cemento, y de una vitrina también empotrada con poyos de cemento dentro del sitio.
Eduardo Alvar, secretario ejecutivo de la Fundación Monte Verde, cuenta a este medio que “los poyos de cemento posiblemente tienen entre 20 o 30 centímetros de profundidad, y las primeras piezas en Monte Verde han aparecido a los 10 o 15 centímetros. Entonces, sobre esto la ley es clara. No puede haber ningún tipo de intervención en un monumento nacional”.
Consecuentemente, el artículo 12 de la Ley de Monumentos Nacionales prohíbe cualquier intromisión en un lugar de estas características: “Si el Monumento Histórico fuere un inmueble de propiedad particular, el propietario deberá conservarlo debidamente; no podrá destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, el que determinará las normas a que deberán sujetarse las obras autorizadas”.
Asimismo, agrega: “Si fuere un lugar o sitio eriazo, éste no podrá excavarse o edificarse, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, como en los casos anteriores”. El mismo artículo señala luego que de infringirse esta prohibición, se deberá cursar una multa de cinco a doscientas unidades tributarias mensuales.
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En vista de los hechos, la Fundación Monte Verde realizó una denuncia ante el Consejo de Monumentos Nacionales, la que fue recepcionada el 29 de septiembre de 2016 y respondida el 12 de mayo de 2017, a través del oficio Nº 2169. En él se menciona que el 30 de septiembre de 2016, un equipo de profesionales de la secretaría técnica del Consejo visitó el lugar para constatar los hechos denunciados. “En dicha instancia se verificó la existencia de dos estructuras de madera sobre bases o bloques de hormigón, ubicadas dentro del polígono definido para este Monumento Nacional”, prosigue la respuesta.
El Consejo agregó que ofició a Kuschel para solicitarle un expediente técnico de cada intervención realizada en el área, y que debía hacer entrega del mismo en un plazo de dos meses después de haber recibido el oficio, sin que se explicite dicha fecha. Acto seguido, le pidió a la Fundación “tener a bien complementar la denuncia con información adicional que estime pertinente, para profundizar en el conocimiento de los hechos”.
Consultado sobre esta respuesta, Alvar dice a INTERFERENCIA “que en ese entonces nos llamó la atención la celeridad de la visita a terreno, que fue al día siguiente de haber recibido la denuncia, y por consiguiente la demora excesiva en emitir la respuesta, de casi ocho meses. Pero lo que nos pareció más sorprendente fue que nos solicitara más antecedentes, si ellos estuvieron en terreno y lo vieron”.
Alvar también acusa que “ante una intervención de un Monumentos Histórico por un particular se debe cursar una multa y eso no ha ocurrido, recurriendo [el Consejo] en su respuesta a argumentos dilatorios e inoficiosos e incumpliendo el mandato de la ley. Nada dice la ley de interpretaciones posteriores o informes del propietario”.
Ante estos hechos, cabe mencionar que, con anterioridad, la Fundación Monte Verde quiso instalar paneles de información sobre los suelos del sitio y el Consejo de Monumentos Nacionales le impuso un conjunto de trabas, aduciendo que debía contar con un plan de manejo arqueológico. En aquel entonces, mediante el oficio Nº 2999 del 11 de septiembre de 2006, el Consejo solicitó que se realice una evaluación arqueológica previa a cualquier excavación y/o remoción de tierras, y que esos resultados deberían ser aprobados por el organismo. Asimismo, solicitó que en cualquier construcción se remitan a “utilizar materiales naturales y eviten el desarrollo de obras con concreto u otro material extraño al medio”.
En vista de este dispar accionar del Consejo de Monumentos Nacionales, la Fundación denunció posteriormente los hechos a la Policía de Investigaciones, el mismo año 2016. Estas diligencias se retomaron el pasado diciembre de 2019, cuando la Brigada de Delitos Económicos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural concurrió al lugar para revisar el terreno, según informó en su momento El Llanquihue.
INTERFERENCIA se comunicó con el diputado Carlos Kuschel para conocer su versión de lo sucedido. Ante las consultas de nuestro medio sobre las intervenciones en el sitio, señaló: “Las dos estructuras son superficiales, no afectan las capas de fierrillo que son de 3.000 y 8.000 años, y que son las que protegen los hallazgos. Es todo superficial lo que tengo allí. Ha ido la Fiscalía, han ido todas las autoridades jurídicas pertinentes y ese proceso está en marcha. No sé qué resultará, pero yo estoy totalmente tranquilo”.
Luego, consultado sobre si cuando levantó las estructuras solicitó la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, Kuschel respondió: “No, porque entendía que esto era menos dañino que un cerco. Yo entendía que esto no iba dañar y, de hecho, creo que no ha dañado en nada, y estoy dispuesto a sacarlo. Pero es muy superficial”. Finalmente, en relación a las denuncias posteriores ante el Consejo, dijo: “El Consejo ha ido dos veces, pero no sé qué ha resultado de todo eso, no he recibido nada formalmente”.
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