La llegada de Omar Morales (PR) a la dirección nacional del Registro Civil en diciembre de 2022 marcó un giro en la administración del servicio, hasta entonces cuoteado con funcionarios de Renovación Nacional. (Revise la cobertura de Interferencia haciendo clic aquí).

Tras ser nombrado por el presidente Gabriel Boric (CS), el ex director del Registro Civil en Valparaíso contrató dentro del servicio a varios de sus colaboradores más cercanos en el Partido Radical y la región. Al respecto, Interferencia publicó este martes el artículo Director radical del Registro Civil contrató a directivos de su partido como jefes con sueldos millonarios: no tienen experiencia en el servicio.

En la nota se dio a conocer las contrataciones del consejero regional del PR, Luis Cisternas Sánchez, y del tesorero nacional del partido, Mario Pérez Campos, como jefes del Departamento de Gestión y del Subdepartamento de Atención en Terreno con sueldos de $5,3 y $3,6 millones de pesos mensuales, respectivamente. Ninguno tenía experiencia anterior en el Registro Civil.

Esta vez se trata del presidente del Tribunal Supremo del Partido Radical, Osvaldo Soto Valdivia, quien fue contratado en febrero de 2023 como “apoyo profesional de la Unidad de Transparencia y Sistema de Integridad”, por un sueldo de $2,6 millones de pesos. 

Ahora, nuevos antecedentes de Interferencia revelan la contratación de más militantes radicales en el Registro Civil hoy dirigido por Morales.

Esta vez se trata del presidente del Tribunal Supremo del Partido Radical, Osvaldo Soto Valdivia, quien fue contratado en febrero de 2023 como “apoyo profesional de la Unidad de Transparencia y Sistema de Integridad”, por un sueldo de $2,6 millones. 

Según registros de Portal Transparencia, Soto entró como personal de planta en calidad de suplente externo que percibe asignación profesional. El reemplazo debía durar hasta julio, pero fue extendido hasta el 31 de diciembre de este año.

Registro de Osvaldo Soto en Portal Transparencia.

Registro de Osvaldo Soto en Portal Transparencia.

Abogado de profesión, Soto es un nombre conocido en el Partido Radical, pues pertenece al lote del actual presidente de la tienda, Leo Cubillos. En 2016, Soto fue subsecretario General de Gobierno durante el segundo mandato de Michelle Bachelet. Su último empleo público fue en 2021, cuando se sumó a la gestión del alcalde de San José de Maipo y militante radical, Roberto Pérez, como administrador municipal.

Sin embargo, Soto fue destituido en abril de 2022 por el Concejo Municipal, en vista de su mal desempeño laboral que generó la pérdida de confianza de los concejales. 

La remoción no fue sencilla, pues el alcalde Pérez defendió a Soto votando contra su destitución. Ello propició un recurso de protección por parte de los concejales, en vista que el alcalde no tiene derecho a votar en este tipo de instancias ya que no es un concejal.

También se contrató a la secretaria del Tribunal Supremo del Partido Radical, Geraldine Rosas, por un sueldo variable que llegó hasta $716 mil pesos. Sin embargo, a diferencia de Soto, la suplencia de Rosas no fue extendida, finalizando en agosto pasado.

Finalmente, el abogado renunció al cargo en octubre de 2022, luego de que la Corte de Apelaciones de San Miguel acogiera el recurso de protección de los concejales que pidió su remoción. Ese mismo mes, la sentencia fue ratificada por la Corte Suprema, tras la apelación del Municipio.

Esta no fue la única polémica de Osvaldo Soto en el aparato público. El abogado también fue director de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la Región Metropolitana hasta 2015. Ese año, fue requerido por el gobierno de la Nueva Mayoría para encabezar la Subsecretaría General de Gobierno.

Durante el verano de 2016, en que asumió brevemente como vocero subrogante, a Soto le reventó una bomba: Contraloría decidió auditar su gestión a cargo de la Corporación de Asistencia Judicial, tras una denuncia que lo acusó de reestructurar el servicio para contratar operadores políticos con sobresueldos, generando un déficit de $2 mil millones de pesos.

El resultado de la auditoría se publicó en julio de 2016 y terminó por tumbar la carrera de Soto en la Subsecretaría, siendo removido del cargo una semana después. Y aunque Contraloría no detectó un déficit generado por la reestructuración, el informe final acusó que la gestión de Soto vulneró “los principios de control, eficacia y eficiencia”.

El presidente de Valparaíso del PR, Christián Román, pidió reevaluar las contrataciones. "En este caso vemos que se contrataron personas sin experiencia en cargos de mucha responsabilidad técnica y administrativa", comentó a El Mercurio de Valparaíso.

Por otra parte, cabe también mencionar la contratación de la secretaria del Tribunal Supremo del Partido Radical, Geraldine Rosas, en el servicio. Al igual que Soto, Rosas entró al Registro Civil en febrero de 2023 a realizar un reemplazo en la “atención de público en Estación Central” por un sueldo variable que llegó hasta $716 mil pesos. Sin embargo, a diferencia de Soto, la suplencia de Rosas no fue extendida, finalizando en agosto pasado.

Respecto al ingreso de militantes sin experiencia al Registro Civil, el presidente regional del Partido Radical en Valparaíso, Christián Román, pidió reevaluar las contrataciones. "En este caso vemos que se contrataron personas sin experiencia en cargos de mucha responsabilidad técnica y administrativa", comentó a El Mercurio de Valparaíso.

"[Esperaría] luego de esta noticia, que el director nacional, Omar Morales, con la experiencia que tiene y la buena gestión que ha demostrado en otros espacios, pueda revaluar la contratación de estas personas porque, además, se hace evidente que fueron contratados poniendo sobre la mesa su militancia política primero y no otros aspectos", afirmó dirigente radical.