Un editorial publicado en 1941 por el diario El llustrado -vocero del partido conservador- decía que “en la derecha están los propietarios, los industriales, los comerciantes, los agricultores la gente que afana, trabaja y produce”. Así lo recuerda la historiadora Sofía Correa, autora de un análisis histórico de la derecha chilena del siglo XX titulado “Con las riendas del poder”.

En parte de su obra la académica relata el proceso de fundación de la Confederación de la Producción y del Comercio, a mediados de los años ’30, y asegura que “sintieron que debían unir sus fuerzas para enfrentar el creciente poder del movimiento sindical e influir en el aparato estatal que cada vez intervenía más en la economía”. Agrega que “las élites empresariales estuvieron interconectadas en una sola clase” lo que les permitió estar de acuerdo “en lo que ellos mismos consideraban como asuntos esenciales, esto es, la limitación de las atribuciones del Estado en la esfera económica, los temas tributarios y el control del movimiento sindical”.

Para conversar acerca de uno de esos “asuntos esenciales”, el tributario, la nonagenaria confederación empresarial fue a La Moneda el martes y se puso “a disposición”, según dijo su presidente, Ricardo Wemes, del desafío de “dar vuelta a la página” del rechazo a la reforma tributaria del Gobierno y “ver cómo podemos llegar a un acuerdo transversal”. 

La aparente condescendencia con el Ejecutivo se desvaneció rápidamente cuando Wemes informó a la prensa que habían retirado de la mesa su propuesta de aumentar hasta dos puntos el impuesto a las grandes empresas; una idea que él mismo había planteado a cambio de no gravar el patrimonio de los super ricos, como proponía el proyecto del gobierno.

“Lo que pasa es que ahora el escenario cambió y por lo tanto tenemos que revisar las propuestas”; esa fue la explicación del presidente de la CPC para justificar que aquello que les parecía técnicamente correcto dejó de serlo en unos cuantos días ¿Cambió la proyección de crecimiento, la inversión externa, cambió la productividad? No, cambió la posición de fuerza de los empresarios para imponer sus términos, a tal punto, que no se conforman con negociar los mecanismos o fuentes de recaudación sino incluso la magnitud de los recursos que requiere el Estado para cumplir su tarea de protección social. “Hay que flexibilizar la magnitud” dijo el dirigente de los empresarios.

Como bien recordó en una columna el periodista Daniel Matamala, ninguna reforma tributaria estructural desde la recuperación de la democracia ha tenido éxito sin la venia del gran empresariado. Y no sería un Gobierno de izquierda, con minoría parlamentaria, baja popularidad y alta hostilidad mediática el que cambiara esta triste costumbre.

Desde sus cimientos más remotos la tradición republicana chilena se funda en el poder político del dinero. El arquitecto del Estado de Chile fue el empresario controlador de la Sociedad Portales, Cea y Cía. generadora del partido denominado de Los Estanqueros, por haber conseguido, en 1824, el monopolio del tabaco y otras especies. Los actos de Diego Portales como ministro y su ideario sobre la forma autoritaria de ejercer el poder se institucionalizaron en la Constitución de 1833.  

La aparente condescendencia con el Ejecutivo se desvaneció rápidamente cuando Wemes informó a la prensa que habían retirado de la mesa su propuesta de aumentar hasta dos puntos el impuesto a las grandes empresas; una idea que él mismo había planteado a cambio de no gravar el patrimonio de los super ricos, como proponía el proyecto del gobierno.

A comienzos de los ’90 el entonces joven parlamentario del ala liberal de Renovación Nacional, Andrés Allamand, denunció que la Iglesia Católica, los militares y los grandes empresarios se habían erigido en “poderes fácticos” para resistir la recuperación de una democracia plena. A esta tríada de poder sólo le sobrevive el indestructible empresariado, cuya influencia se despliega sin tapujos, hasta el límite de la postulación del ex presidente de la CPC, Juan Sutil, a un escaño en el Consejo Constitucional. Si Diego Portales escribió la primera Constitución de la República (después de los llamados ensayos constitucionales), por qué no podría hacerlo una de sus reencarnaciones contemporáneas.

Y mientras Sutil y sus subordinados del Instituto Libertad y Desarrollo intentan dominar el nuevo diseño institucional, la CPC se encarga de delinear la reforma tributaria y revitalizar las fracasadas industrias de la salud y la previsión.

La diferencia entre lo que Allamand identificaba como un poder fáctico y la incidencia democrática de un partido político de derecha radica en las convicciones y en los votos. Un grupo de presión se mueve por intereses y ejerce la coerción para imponerse, mientras que un partido político se orienta por ideas que son respaldadas por los sufragios de la ciudadanía. Esa explicación quiso dar al Diario Financiero el presidente de la UDI Javier Macaya sobre el rechazo de su sector al proyecto del Gobierno: “Estábamos ideológicamente obligados a votar en contra de la reforma tributaria”, dijo. 

La pregunta es si hay alguna ideología detrás de la decisión de clausurar un debate tributario al votar en contra de la idea de legislar, o se trata más bien de la necesidad de cumplir el mandato de los financistas, que apuntalaron las carreras políticas de los dirigentes de la derecha.  ¿La UDI se comporta realmente como un partido ideológico o es solo el brazo legislativo de un grupo de presión?

Si se debate acerca de los defectos de un impuesto a las utilidades retenidas o si es mejor ampliar la base de tributos a las personas, podríamos estar en presencia de una disyuntiva ideológica, pero revestir de convicciones una decisión fundada en intereses corporativos, no es ideológico, es ocultar el beneficio a los grandes empresarios detrás de una pretendida cosmovisión política.  Lo que hace Macaya no es defender una ideología sino cumplir las instrucciones de quienes financian a su sector. Como el niño de los mandados.