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Sábado, 28 de noviembre de 2020
Plebiscito Constitucional

El papel de Libertad y Desarrollo en el intento oficialista de minimizar los escaños reservados para pueblos indígenas

Paula Huenchumil
Camilo Solís

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Foto: La voz de Maipú (LVDM)
Foto: La voz de Maipú (LVDM)

El gobierno y Chile Vamos pretenden crear un padrón electoral especial para los indígenas a través de Conadi, lo que reduciría el número de votantes y representantes indígenas para el proceso constituyente, además de excluir al pueblo afrodescendiente chileno. Esta idea ha contado con el apoyo ideológico y técnico de abogados del centro Libertad y Desarrollo (LyD), actualmente dirigido por Marcela Cubillos.

A solo cuatro días del Plebiscito Nacional en que se decidirá si Chile aprueba o rechaza una nueva constitución, la Comisión de Constitución del Senado aún no logra definir el mecanismo de los escaños para los pueblos indígenas, ni quienes podrán votar por los candidatos indígenas. El principal foco de la discusión tiene que ver con el padrón electoral.

La oposición plantea que debiera respetarse el 13% de población indígena que hay en Chile según el último censo y que en el momento del voto, las personas puedan autoidentificarse como indígenas y de esa forma puedan votar por esos candidatos. El oficialismo plantea otro mecanismo:

“El gobierno quiere obligar a los indígenas a constituir un padrón electoral aparte. Para ello propone considerar los inscritos en Conadi, más otros que se inscriban en forma voluntaria. Lo que significa que los actuales electores indígenas, estimados en 1,4 millones de personas mayores de 18 años -que siempre han votado en el padrón único nacional- deban renunciar y trasladarse a otro padrón, lo que despierta por cierto un sentimiento de segregación”, explica Domingo Namuncura, vicepresidente nacional indígena del Partido por la Democracia (PPD).

Esto además bajaría el número de votantes indígenas, y por ende de escaños reservados, pues obligaría a realizar una gestión en Conadi que no necesariamente coincidirá con los 1,4 millones de personas estimados según los datos del censo. Estas posturas que limitarían la cantidad de los escaños reservados para pueblos originarios pueden rastrearse en las indicaciones presentadas por congresistas de Chile Vamos. 

La huella de Libertad y Desarrollo

Una de estas indicaciones fue presentada por los senadores Rodrigo Galilea (RN), Ena Von Baer (UDI), y Felipe Kast (Evópoli), la que busca que se cree un Registro Electoral Indígena administrado por el Servel donde puedan inscribirse ciudadanos que “acrediten su condición de pertenecientes a algún pueblo indígena vigente emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena”, lo cual conformará un “Padrón Especial Indígena”, según señala esa indicación.

El mismo texto dice que “el número de escaños reservados del distrito indígena se calculará de acuerdo al porcentaje del padrón nacional que representa el número de personas inscritas en el Padrón Especial Indígena”, no reconociendo el 13% de población indígena que hay en Chile según los datos del último censo.

También hay una indicación propuesta por los senadores Luz Ebensperger (UDI), Julio Durana (UDI), Francisco Chahuán (RN) y Kenneth Pugh (independiente), la que menciona que el padrón electoral especial indígena estará conformado por los electores que al 25 de octubre de 2020 detenten la calidad de indígena de conformidad ante el Servel “acompañando además el certificado que acredite la calidad de indígena vigente a la fecha de presentación, emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi)”. 

Estas posturas que restringirían la cantidad de escaños reservados para indígenas, han contado con el apoyo ideológico y técnico de abogados de Libertad y Desarrollo (LyD)  que han asistido a estas sesiones de la Comisión de Constitución. Cabe recordar que LyD es un think tank conservador cercano a la UDI, el cual fue fundado por Cristián Larroulet -principal asesor del presidente Piñera- y que actualmente es dirigido por la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos. 

Es el caso de Luciano Simonetti, abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, el cual expuso en la sesión de la Comisión de Constitución del martes 13 de octubre. En ella, Simonetti planteó que un régimen de autoidentificación cuenta con numerosos problemas que “atentan contra el fundamento de los escaños reservados -garantizar la representación de los miembros de los pueblos originarios”, y que este sistema “genera incerteza electoral y permite una potencial doble representación tácita”, según señala la propia web de LyD. Simonetti también señaló que “solo pueden votar por escaños para pueblos originarios quienes se inscriban en el padrón especial indígena”. 

Otra abogada de LyD que se ha hecho presente en la Comisión de Constitución es Natalia González, directora de Asuntos Jurídicos de esa corporación, la que en otras ocasiones ha señalado que hay terrorismo en la Araucanía

Sus intervenciones van en línea con evitar la autoidentificación de los electores y crear un padrón indígena especial, debido a que los escaños reservados serían una excepción a nivel de derecho constitucional comparado, y que van en contra de las democracias representativas. "Debiera crearse un registro electoral indígena administrado por el Servel y así certificarse la condición de pertenecer a algún pueblo indígena o pueblo originario mediante el correspondiente certificado de calidad indígena vigente emitido por Conadi”, señaló en un video publicado por LyD. Es decir, la misma postura sostenida por Chile Vamos. 

Esta idea ha sido sostenida anteriormente por Luís Larraín Arroyo, en una columna publicada en El Líbero en diciembre de 2019, cuando Larraín se desempeñaba como director ejecutivo de Libertad y Desarrollo: "En relación a escaños para pueblos originarios, son escasísimos los países que los establecen y en general representan porcentajes muy menores del electorado. Es el caso de Bolivia que tiene 7 escaños reservados en la Cámara de Diputados que representan el 5,4% de la población y Colombia, que tiene 5 diputados que alcanzan a 2,9% de la población", señaló en la columna. 

Además enfatizó que los escaños reservados existen "en escasos países, [y] éstos son muy pocos en relación al total. Una realidad muy distinta a la que han querido pintarnos acá en Chile, donde poco menos que presentan estas innovaciones como avances civilizatorios".

Los personeros del gobierno que se han encargado de gestionar estas negociaciones han sido principalmente la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar -de cuyo cartera depende la Conadi- y Cristián Monckeberg, ministro de Segpres.

Reacciones contra la propuesta del gobierno

En el marco del proceso constituyente, se conformó la red Convención Plurinacional, la cual está integrada por diversos exponentes como alcaldes mapuche, dirigentes indígenas de partidos de oposición, organizaciones sociales y fundaciones, quienes participaron en las primeras audiencias de la Comisión de Constitución del Senado en enero 2020. Hoy, denuncian que el Gobierno y Chile Vamos están poniendo obstáculos para la participación de los pueblos indígenas en el proceso.

Las principales demandas de la Convención Plurinacional, es incluir a los pueblos indígenas en la Convención Constitucional mediante escaños reservados, con una representación equivalente al 12,8% de la población indígena -porcentaje basado en los pueblos indígenas ya reconocidos legalmente (Ley 19.263) y al pueblo afrodescendiente (Ley 21.151). Respecto del sistema electoral, plantean que los actuales electores indígenas ya inscritos en el padrón nacional, voten por autoidentificación por los candidatos indígenas.

Respecto a esto último, el asesor legislativo, Jorge Millaquén, explica que plantean que sea el elector indígena quien emita su sufragio apelando al criterio de autoidentificación al momento de votar, de manera similar al mecanismo utilizado en el Censo de 2017. A su vez, Millaquén añade que este criterio está descrito en la Declaración Americana sobre derechos de los Pueblos Indígenas, el cual indica que “los Estados respetarán el derecho a dicha autoidentificación en forma individual o colectiva, conforme a las prácticas e instituciones de cada pueblo indígena”.

En el caso del pueblo afrodescendiente, Cristián Báez Lazcano de la ONG Lumbanga, indica a INTERFERENCIA que está situación se torna aún más compleja para el pueblo al que pertenece. “Es preocupante, porque el ejecutivo insiste en generar un padrón electoral que se basará en Conadi y ahí nosotros tenemos ese mismo problema, porque no tenemos institucionalidad. Se está cometiendo un acto de discriminación”.

En ese sentido, los afrochilenos el mismo año que fueron reconocidos como legalmente como pueblo tribal, también acusaron de racista al director de la Conadi por cuestionar sus derechos tribales. Además, las organizaciones desde el año pasado señalan que no han sido considerados en este momento constituyente. 

Sobre este tema también se pronunciaron parlamentarios. Es el caso de los senadores Francisco Huenchumilla (DC), Alfonso de Urresti (PS) y Pedro Araya (Ind), quienes redactaron una declaración fustigando el fracaso en las conversaciones con el gobierno. “Representantes del Gobierno y del oficialismo presentes en esta instancia han sostenido una permanente postura de obligar a los electores indígenas a constituir un padrón especial”, dice la declaración. 

Alfonso de Urresti, en conversación con INTERFERENCIA, señaló que estas “son excusas para no enfrentar este tema nacional. Está la autoidentificación que es que tú te identificas en un padrón indígena al momento de votar; y por otro lado el tema de que tú tengas una cantidad de constituyentes acorde a la población indígena, que es el 12,8% de los chilenos de acuerdo al último censo”, dijo el senador, quien agregó que “claramente el gobierno y la derecha no quieren que esto sea así, no han cedido nada en sus posiciones. Son los mismos de siempre, es la derecha la que no quiere avanzar en estas materias”.

INTERFERENCIA también tomó contacto con la diputada Emilia Nuyado (PS), la que también acusó la nula voluntad de avanzar del gobierno. “No tomaron en cuenta ninguna de nuestras indicaciones, las cuales fueron trabajadas y elaboradas por los pueblos indígenas y sus representantes al contrario de la propuesta presentada por los senadores de la derecha y apoyada por el gobierno que no cuenta con el apoyo de ninguna de las organizaciones indígenas”. 

Además, señaló que el registro de la Conadi no tiene datos actualizados de las personas con calidad indígena, y que fue construído con otros propósitos distintos de los electorales. Esta propuesta del gobierno es solo para entrampar y disminuir al mínimo la representación de los pueblos indígenas en el proceso constituyente”, enfatizó Nuyado. 

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Es decir, este gobierno, nada quiere entender lo que está pasando. Es tanta la miopía o la ideologización conservadora y racista, que quieren dejar fuera a un porcentaje de chilenos que quieren contribuir con propuestas a la futura Constitución.

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