Emilia Nuyado

La parlamentaria se refiere a la huelga de hambre que llevan adelante 11 comuneros mapuche en Concepción e insta al Gobierno a iniciar un diálogo para cumplir sus demandas, aunque advierte: "no hay confianza en los territorios, porque la mayoría de las comunidades en el Bío Bío y en La Araucanía, pese a querer dialogar, a querer encontrar el entendimiento, se encuentran con sus territorios militarizados".

"Con esta ley se reconoce a aquellos colonos, empresas forestales y privados a los que el Estado les entregó tierras", dice la diputada Emilia Nuyado a Interferencia.

Luego de decretarse el 17 de mayo de 2022 el primer estado de excepción 'acotado', la medida ha sido prorrogada hasta totalizar 500 días con las Fuerzas Armadas en labores de colaboración del orden público. ¿Estado de excepción?

La medida alcanzó su prórroga número 29 en el Congreso y alcanza los 450 días con las Fuerzas Armadas desplegadas en el sur de Chile (y más de 100 días con el Ejército en el norte del país). A raíz de los últimos hechos reportados en Traiguén, Republicanos junto con la UDI han solicitado considerar la aplicacíón del estado de sitio. Mientras, el Gobierno anunció la instalación de una base militar.

Durante la semana pasada se cayó la alternativa de sustituir los estados de excepción con una reforma constitucional para el resguardo de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, lo que obligó al Gobierno a buscar una nueva prórroga del decreto que militariza las rutas en Wallmapu, pero sin que haya claridad de que tenga los votos en el Congreso en la semana que viene.

La diputada es crítica con la gestión del Gobierno. Además, aborda la figura del subsecretario Manuel Monsalve, a quien separa de su antecesor Mahmud Aleuy. También explica cómo son los procesos autónomos de decisión de las comunidades mapuche y el respeto que se les debe a cada una de ellas, pues "se acabó la paciencia".

El gobierno y Chile Vamos pretenden crear un padrón electoral especial para los indígenas a través de Conadi, lo que reduciría el número de votantes y representantes indígenas para el proceso constituyente, además de excluir al pueblo afrodescendiente chileno. Esta idea ha contado con el apoyo ideológico y técnico de abogados del centro Libertad y Desarrollo (LyD), actualmente dirigido por Marcela Cubillos.

El ex fiscal militar y asesor de Pinochet dirigió causas judiciales estando encarcelado en dicho recinto penal, lo cual motivó la reacción de parlamentarios de las comisiones de Derechos Humanos como también de Constitución y Justicia, quienes además piden un sumario al Ministerio de Justicia.

El general subdirector de Carabineros, Diego Olate, evadió reiteradas veces preguntas de diputados de la Comisión de Derechos Humanos sobre la justificación para no interrogar al ex teniente coronel Claudio Crespo, a pesar de ser el funcionario que más disparó en el lugar y a la hora en que cegaron a Gustavo Gatica. Consultado sobre los antecedentes de violencia del efectivo, Olate lo describió como “intachable”.

Pese a que Carabineros tardó doce horas en informar a la Fiscalía sobre la explosión de una antena de telecomunicaciones en la Provincia de Arauco, el gobierno no tardó en reaccionar anunciando el envío de Fuerzas Armadas para “resguardar las rutas”. En la misma semana, la Comisión de Seguridad Pública del Senado le dio el carácter de suma urgencia al Proyecto de ley para proteger a empresas forestales.

INTERFERENCIA tuvo acceso al borrador del informe de la Cámara de Diputados, el cual obliga al Ministerio Público a investigar los antecedentes referidos a la producción del informe de la Conadi que en plazo récord dijo que las tierras de Ubilla no eran indígenas.

El subsecretario del Interior acudió a la comisión investigadora que ve las compras irregulares de tierras indígenas, motivada por su adquisición en Pucón de unas hectáreas en una comunidad mapuche. Frente a la información presentada por INTERFERENCIA respecto de las amenazas por parte de su subalterno Germán Quinteros a la familia que lo demandó, Ubilla guardó silencio en varias ocasiones, pese a los reiterados requerimientos de los diputados y los periodistas.

El miércoles 26 de junio en las afueras de la cárcel de Angol cerca de 300 mapuche se reunieron para celebrar junto a ocho presos, el We Tripantu, o la nueva salida del sol. Pero Gendarmería no permitió la celebración y todo terminó con actos de represión policial.

Diputados del PPD, la DC y del PR le hicieron un gran favor al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, al llegar atrasados a la constitución de la "Comisión Ubilla", aquella que debe indagar las compras que el subsecretario realizó en tierras mapuche cerca de Pucón, contraviniendo la Ley Indígena. Ahora, la presidencia de la comisión investigadora quedó en manos de un militante del mismo partido que Ubilla.

La acción se suma a la demanda interpuesta en su contra el fin de semana y a los cuestionamientos de consejeros de la Conadi ante la Contraloría. Pese a estar cercado en tres frentes, el gobierno y el afectado mantienen que todo está en orden.

El subsecretario del Interior aseguró que su compra de tierras indígenas fue “bajo el apego de la ley”. Este miércoles irá a la Cámara de Diputados para explicar la situación. Pero los ánimos en la oposición son de no levantar demasiado polvo.

La única instancia que recoge la representatividad de los pueblos indígenas en la institucionalidad estatal indígena, desafía a la autoridad de la Conadi al solicitar un informe escrito y fundado respecto del supuesto carácter no indígena de los predios del subsecretario. Así lo había afirmado el director subrogante, Fernando Sáez respecto a estos terrenos, que están en la mitad de la comunidad mapuche Mariano Millahual en Pucón.

Mientras los representantes del oficialismo se cuadraron con la defensa planteada por Rodrigo Ubilla, y los opositores piensan en caminos de acción, desde el mundo mapuche el rechazo fue transversal: Héctor Llaitul, Aucán Huilcamán y Pedro Cayuqueo plantearon sus críticas tras la compra ilegal hecha por el subsecretario del Interior.

Tras el asesinato de Camilo Catrillanca, el gobierno de Piñera congeló el Plan Araucanía. Muchos mapuche, que se unieron en la indignación por ese homicidio, no tienen claro cómo seguir adelante en sus reivindicaciones.

Tanto el Frente Amplio como la ex Nueva Mayoría carecieron de una estrategia política para desafiar a un gobierno que no tuvo un buen año. Cuatro hitos muestran lo perdida que estuvo la oposición este año.

El ministro del Interior defendió el actuar del gobierno y culpó a un grupo "reducido" de Carabineros de entregar información falsa. La interpelación, realizada por la diputada socialista de origen mapuche Emilia Nuyado, comenzó con palabras en mapudungún, que fueron recibidas con burlas por parte de algunos parlamentarios oficialistas.