El gobierno de Sebastián Piñera, a través de su canciller Roberto Ampuero y del jefe de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), Rodrigo Yáñez, están extremando recursos para conseguir aprobar el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica (CPTPP), mejor conocido como TPP-11. 

A tal extremo ha llegado su apuro por materializar este objetivo, que el 15 de enero pasado la Direcon, que depende de la cancillería, distribuyó en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados una minuta que apuntan a minimizar el riesgo de este acuerdo comercial.

En esta se sostiene –a modo de introducción- que en las cinco sesiones realizadas en esa Comisión para tratar el tema del TPP-11 (en que expusieron representantes de la sociedad civil y del mundo académico) se evidenció “cierto desconocimiento” y se vertieron “interpretaciones erradas de algunas disposiciones del CPTPP”.

Aluden a las presentaciones de la Fundación Equidad Chile, de la Plataforma Chile Mejor sin TLC y del académico Hassan Akram, entre otros.

En el Punto 9 de esta minuta –que lleva por título Explicación Disposiciones CPTPP- se indica: “Se ha señalado que el capítulo de inversiones facilitaría a los inversionistas demandar al Estado a través del sistema de solución de controversias. Lo anterior conllevaría a que el Estado no implemente nuevas regulaciones con el objeto de evitar demandas”.

Luego, a modo de aclaración se afirma. “Chile no es usuario activo del sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estado: a la fecha sólo ha sido demandado una vez bajo este sistema en un TLC”. 

Esta aseveración es errónea toda vez que, hasta diciembre de 2018, Chile ha sido demandado al menos en cinco ocasiones ante este sistema. En cuatro de ellas, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y en una ocasión ante un tribunal dependiente de la ONU. 

Los casos son: 

1.- Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende (España) versus Chile (ICSID Case No. ARB/98/2). Este caso que se ventila en el CIADI empezó en 1998. Se alega la expropiación directa de la Junta Militar chilena, en 1973, de los activos del diario Clarín. Se remite al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y España (1991). Actualmente está en tramitación.

2.- Hay una segunda demanda contra Chile de la Fundación Presidente Salvador Allende y de Víctor Pey, por la expropiación de Clarín y cuyo proceso se desarrolla en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Este caso está rolado como: PCA Case No. 2017-30 y está en tramitación.

3.- Una tercera demanda contra Chile es la Carlos y Francisco Ríos versus Chile (ICSID Case No. ARB/17/16). El caso –que se estudia en el CIADI- comenzó en 2017 con una demanda en contra de la empresa operadora colombiana del Transantiago “Alsacia”. Esta entró en proceso de quiebra por supuestas condiciones desfavorables para su negocio impuestas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Se basa en los preceptos establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Colombia de 2000. También está en tramitación.

4.- Otro caso es MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. versus Chile, que se tramita en el CIADI (ICSID Case No. ARB/01/7). Este proceso tiene su origen en 1997, cuando MTD Capital Berhad (de Malasia) proyectó invertir más de US$ 1.000 millones en un proyecto inmobiliario en Pirque. Sin embargo, no pudieron materializarlo en razón que el Plano Regulador Metropolitano de Santiago definía dichas tierras como de uso exclusivamente agrícola.

MTD Capital Berhad demandó a Chile ante el Ciadi, el 6 de agosto de 2001. Fundó su acción en el hecho de que, al firmar el contrato de inversión, Chile no advirtió a la firma de Malasia de la prohibición que pesaba sobre las tierras en cuestión. El CIADI emitió su decisión final el 25 mayo 2004 adjudicando a los demandantes US$ 5,8 millones.

5.- El caso de la Sociedad Anónima Eduardo Vieira versus Chile (ICSID Case No. ARB/04/7) se relaciona con la asignación de cuotas de pesca y se basa en el TLC entre Chile y España. Ganó Chile. 

Los tribunales no favorecen a los Estados

Una segunda imprecisión en la que incurrió el texto de la Direcon dice relación con la orientación de los fallos de los tribunales arbitrales. La minuta señala: 

“Respecto de la crítica general sobre el diseño del sistema en favor de los inversionistas, cabe indicar que las estadísticas internacionales han demostrado consistentemente que los tribunales bajo este sistema fallan la mayoría de las veces en favor del Estado”. 

No se citan fuentes para avalar esta afirmación. Sin embargo, investigaciones académicas coinciden en establecer que los tribunales arbitrales internacionales favorecen por lo general a los inversionistas, en detrimento de los Estados. El estudio de “Arbitrator Behaviour in Asymmetrical Adjudication (Parte II) de G. Van Harten, publicado en 2016, arroja que en un 72,5% de las resoluciones de controversias los árbitros han fallado en contra de los Estados. 

De acuerdo a cifras de la UNCTAD en 50% de los casos los Estados pagan una indemnización. En 33% de los casos ganan los Estados, mientras que un 17% los demandantes abandonan los casos. Pero según aclara en conversación con INTERFERENCIA el economista de la Universidad de Cambridge Hassan Akram, los inversionistas que abandonan sus casos lo hacen –generalmente- porque los Estados cambian la regulación impugnada para evitar los juicios de resolución de controversias.

La tramitación del TPP-11

Este acuerdo comercial y de inversiones es continuador del Trans Pacific Partnership (TPP), con la diferencia que ahora lo componen once países, luego del retiro de Estados Unidos. De ahí que sea conocido como TPP-11.

Fue firmado el 8 de marzo de 2018 en Santiago y ya entró en vigencia en los 7 países que lo han ratificado: México, Canadá, Vietnam, Singapur, Japón, Canadá y Australia. Resta que lo hagan Perú, Brunei, Malasia y Chile.

La retirada de Washington de este pacto comercial y de inversiones se concretó el 23 de enero de 2017, mediante orden ejecutiva del recién asumido presidente Donald Trump. 

Chile –en el segundo mandato de Michelle Bachelet- se abocó a la tarea de concretar este acuerdo, incluso sin la presencia de Estados Unidos.

Expresión de esto es la invitación cursada por el entonces canciller Heraldo Muñoz al Diálogo de Alto Nivel de Iniciativas de Integración de Asia Pacífico, celebrado el 14 y 15 de marzo de 2017 en Viña del Mar. En esta “cumbre” participaron cancilleres y ministros de comercio de los países que un año después suscribirían el Acuerdo.

Tras concluir en Tokio la última ronda de negociaciones el 23 de enero de 2018, Heraldo Muñoz se ufanó del protagonismo que tuvo Chile en la materialización del TPP-11. "Es un gran éxito para la política exterior de nuestro país, porque la idea de seguir adelante sin EE.UU., haciendo algunas modificaciones al texto, surgió en el diálogo de Viña del Mar".

Además, el entonces canciller Muñoz anunció en la ocasión que Santiago sería la sede de la firma oficial del acuerdo, tal como sucedió el 8 de marzo de 2018, tres días antes del cambio de mando en que Sebastián Piñera asumió su segundo mandato presidencial.

Con el cambio de mando, nada varió en términos de las prioridades de la política de acuerdos comerciales chilena. El gobierno de Piñera mantuvo su interés en este acuerdo, aunque no fue sino hasta el 29 de octubre de 2018 que envió el proyecto respectivo al Congreso Nacional, ingresándolo por la Cámara de Diputados. 

El 15 de enero le puso Suma Urgencia a la tramitación de este acuerdo, lo que implica que debe ser despachado en un plazo máximo de 15 días, en cada cámara legislativa.

Un día después, era aprobado por 10 votos contra 2 y una abstención. Los representantes de la derecha votaron en bloque a favor de este proyecto; mientras que la oposición se dividió: le dieron su aprobación el radical Carlos Jarpa, el democratacristiano Manuel Matta; los socialistas Jaime Naranjo y Jaime Tohá. Se manifestaron en contra los diputados del Frente Amplio Vlado Mirosevic y Pablo Vidal. En tanto la diputada comunista Carmen Hertz se abstuvo.

El martes 5 de marzo, la Comisión de Hacienda aprobó este Tratado por 9 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. El representante comunista Daniel Núñez votó en contra, mientras que los socialistas Manuel Monsalve y Marcelo Schilling se abstuvieron. El Frente Amplio, representado en esta instancia por Giorgio Jackson, mantuvo su voto en contra.

La aprobación de este polémico tratado está en el primer punto de la tabla de la sesión del Congreso este miércoles 13 de marzo, aunque tratativas de última hora podrían postergarlo.