Este jueves 17 de marzo, la empresa de electricidad Enel, de capitales italianos, decidió presentar una acción judicial en contra del actual gobierno. La medida se dirige, en específico, contra la delegada presidencial de la Provincia del Bío Bío, Paulina Purrán (independiente pro PS), y contra Carabineros, por “privación en el legítimo ejercicio de garantías constitucionales”, al no recibir protección judicial frente a una manifestación ocurrida en el acceso de la Central Hidroeléctrica Pangue.

El recurso, presentado en la Corte de Apelaciones de Concepción, afirma que las autoridades no habrían cumplido con la Resolución Exenta Electrónica N°11.246 emitida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles el Bio Bio, del 12 de marzo de este año, que le solicitaba a Purrán y a Carabineros hacer uso de la fuerza pública para desalojar zonas tomadas y liberar el acceso a la hidroeléctrica (ver documentación adjunta).

La iniciativa legal solicita que se cumpla la resolución de la Superintendencia y que se haga presente un grupo de uniformados en la zona para sacar a los manifestantes del lugar, junto con “otorgar el auxilio de la Fuerza Pública permanente” a la hidroeléctrica.

Semanas de protestas

Según narró la empresa, “desde el día 24 de enero de 2022, un grupo de 10 a 20 personas han mantenido bloqueados los accesos a la Central Pangue”, supuestamente liderados por María Cruz Curriao, activista pehuenche de la zona. 

El recurso afirma que Purrán y Carabineros no habrían cumplido con la solicitud de hacer uso de la fuerza pública para desalojar zonas tomadas y liberar el acceso a la hidroeléctrica.

La empresa informa que ha presentado ocho denuncias en Carabineros ante estos hechos, ante lo que considera un peligro para la “continuidad operacional de la unidad generadora”. Y agregan que esta interrupción en la generadora podría también afectar a la Central Ralco. 

La empresa interpuso una acción penal por este tema. El pasado 17 de febrero la fiscalía concedió rondas periódicas de Carabineros de Chile como medida de protección para la empresa y sus trabajadores, las que se han cumplido, pero según la empresa, han sido insuficientes para evitar la interrupción de la ruta.

El recurso continúa narrando que el pasado 12 de marzo “un grupo de 10 a 20 personas ingresó violentamente a las instalaciones de la Central Pangue, amenazando al personal de seguridad que, finalmente, tuvo que retirarse y dejar las instalaciones a merced de este grupo de manifestantes en consideración al inminente peligro que existía”. Tras este evento, afirman que la delegada presidencial se reunió con los manifestantes para dialogar con ellos, sin ordenar la intervención policial que solicitaba la empresa.

Enel alega que, con esta decisión, se ha vulnerado el derecho a la vida y a la integridad física de sus trabajadores, el derecho a trato justo frente a la ley y su derecho a desarrollar una actividad económica lícita.

El pasado 17 de febrero la fiscalía concedió rondas periódicas de Carabineros de Chile como medida de protección para la empresa y sus trabajadores, las que se han cumplido, pero según la empresa, han sido insuficientes para evitar la interrupción de la ruta.

Ya hace varios días, Enel había manifestado, a través de medios de comunicación su intención de interponer alguna acción judicial ante las manifestaciones que continuaban desde hace unas semanas en el acceso a la hidroeléctrica.

Coincidencia con el Sernac

La iniciativa de la empresa eléctrica coincide con una demanda colectiva del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) contra Enel por irregularidades en venta de seguros, asistencia y otros servicios que fue presentada en la misma jornada. 

La acción del servicio se produjo tras detectar una serie de irregularidades en la venta de seguros y servicios de asistencia a los consumidores, que derivan en el cobro sin consentimiento en la boleta de electricidad. 

Se recopilaron 864 reclamos y 5 alertas ciudadanas que se recibieron desde marzo del año pasado, apuntando a que los ejecutivos de la compañía habrían utilizado una serie de malas prácticas para inducir a los consumidores a contratar seguros y servicios de asistencia, con cargo a la cuenta de electricidad, sin otorgar información básica respecto de los mismos.

El objetivo de esta acción es que la empresa -cuyo directorio es presidido por Herman Chadwick Piñera- compense a todos los clientes afectados y que, además, la compañía sea sancionada con multas por haber infringido la Ley del Consumidor.