Las recientes revelaciones que muestran que el abogado Luis Hermosilla realizó una serie de gestiones a favor de candidatos que finalmente accedieron a la Corte Suprema de Chile tienen al poder judicial no sólo en la mira de la ciudadanía, sino también del Congreso. 

En el poder legislativo aumentan las voces para impulsar una acusación constitucional dirigida a dos magistrados especialmente expuestos hasta ahora, y que accedieron al máximo tribunal del país como candidatos externos al poder judicial. Se trata de Jean Pierre Matus, quien ingresó en octubre de 2021, y de Ángela Vivanco, ex vocera de la corte, quien asumió en agosto de 2018. Los dos fueron nombrados durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, siendo Vivanco cupo de la derecha, y Matus de la centroizquierda en la tradicional repartija duopólica que ha regido los nombramientos en Chile durante casi tres décadas. 

En entrevista con Interferencia, el diputado Eric Aedo (DC), asegura que la acusación constitucional en contra de ambos magistrados debería hacerse realidad esta semana, y que es necesaria para comenzar a limpiar las instituciones. "Creo que hoy en día, con todos los elementos que están a la vista, se hace absolutamente plausible una acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus", afirma el diputado en conversación con Interferencia. 

Creo que ha habido un convencimiento creciente de distintos sectores políticos y creo que la derecha se puede sumar a estas acusaciones, porque esto no se trata de un problema de derechas o de izquierdas, no es una pelea de derecha o izquierda, esto es simplemente que el sistema político se haga cargo de la crisis institucional por la que está pasando hoy día la Corte Suprema y la administración de la Justicia.

A continuación, una versión ligeramente editada por razones de extensión de la conversación que sostuvo con nuestro medio.

-Varios diputados ya anunciaron gestiones para iniciar una acusación constitucional en contra de Vivanco. Por lo que ha publicado en sus redes sociales usted está dispuesto a sumarse y también a incluir a Matus.

-Creo que hoy en día, con todos los elementos que están a la vista, se hace absolutamente inevitable una acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus. Están todos los antecedentes para esa acusación constitucional y de esta forma evitar que las faltas a la probidad o la corrupción dañen de manera irreparable a la Corte Suprema.

-¿Hay agua en la piscina? ¿La derecha en la cámara cree que se sumará?

-Creo que ha habido un convencimiento creciente de distintos sectores políticos y creo que la derecha se puede sumar a estas acusaciones, porque esto no se trata de un problema de derechas o de izquierdas, no es una pelea de derecha o izquierda, esto es simplemente que el sistema político se haga cargo de la crisis institucional por la que está pasando hoy día la Corte Suprema y la administración de la Justicia.

Los hechos que hemos conocido de un Supremo que miente y una suprema que toma medidas que van prácticamente atentando contra el debido proceso son lo suficientemente escandalosos para sumar voluntades en dos casos contundentes.

-La última acusación constitucional exitosa contra un magistrado de la Suprema fue hace más de 30 años. Varios otros intentos han fracasado. ¿Qué le hace creer que esta vez hay más chances?

-Los hechos que hemos conocido de un Supremo que miente y una suprema que toma medidas que van prácticamente atentando contra el debido proceso son lo suficientemente escandalosos para sumar voluntades en dos casos contundentes. Todo en medio de una crisis del sistema judicial del cual tenemos que hacernos cargo. La justicia es clave en un sistema democrático y no podemos permitir que se siga deteriorando como lo ha hecho hasta ahora. Eso también viabiliza la acusación constitucional.

-En virtud de los hechos conocidos, ¿cuáles son los que le parecen más escandalosos?

-Primero, en el caso de Matus, su falta de probidad, siendo ministro, mentirle al país. Eso es grave. La mentira fue lo que finalmente permitió que Hernán Cereceda fuese acusado constitucionalmente y creo que en ese caso Matus también le ha mentido al país. Por otra parte, en el caso de Vivanco, claramente ese tráfico de influencias que se aprecia en su relación con Hermosilla, siendo ya ministra de la Corte y además, la forma en que se encaró las decisiones en el juicio entre los bielorrusos y Codelco, saltándose, en mi opinión, el debido proceso de manera manifiesta.

-En el caso de que esta acusación avanzara, el último paso sería por el Senado, que actúa como jurado. De los chats entre Matus y Hermosilla sabemos que hubo lobby con varios de ellos antes de su nombramiento final, entre ellos Elizalde, Araya y Yasna Provoste. ¿los que siguen en ejercicio no deberían inhabilitarse si se llega a esa instancia?

Lo primero es que si a mí me preguntan si Chile cambió, estos hechos demuestran que Chile no cambió nada. Nada. Sigue la misma clase dirigente administrándose una justicia distinta que al resto de los chilenos. Lo segundo, justamente por la protección a la democracia, a nuestras instituciones, es que creo que el Congreso tiene que estar a la altura de las circunstancias y castigar de manera severa estos actos de corrupción al interior del Poder Judicial, en específico de la Corte Suprema.

-En el caso de Álvaro Elizalde como ya no es senador ya no hay inhabilidad en él. En el caso de Yasna Provoste, ella se abstuvo en la votación de Matus, por lo tanto, no veo por qué debiera inhabilitarse y en el caso de Araya, él ha explicado en qué consistieron sus conversaciones y tampoco creo que en ese caso opere una inhabilidad, Así que creo que ellos tienen que actuar como jueces, si es que esto fructifica en la Cámara de Diputados y pasa al Senado. Y si alguno de ellos cree, lo que me nombraste u otro, que no están en condiciones de votar, bueno, lo tendrán que decir en el momento oportuno, pero yo no veo que haya inhabilidad en ellos en este momento para concluir una votación.

-A raíz de este caso se ha vuelto hablar de la “elite” como fuente de muchos de los males que aqueja al país. Y a cinco años del estallido social, nada parece haber cambiado. ¿Ello puede ser el germen para que la gente pierda fe en la democracia y sus instituciones?

-Lo primero es que si a mí me preguntan si Chile cambió, estos hechos demuestran que Chile no cambió nada. Nada. Sigue la misma clase dirigente administrándose una justicia distinta que al resto de los chilenos. Lo segundo, justamente por la protección a la democracia, a nuestras instituciones, es que creo que el Congreso tiene que estar a la altura de las circunstancias y castigar de manera severa estos actos de corrupción al interior del Poder Judicial, en específico de la Corte Suprema.

-¿Y qué resolución espera?

-Con las acusaciones constitucionales y con un Comité de Ética de la Corte Suprema siendo firme en sus apreciaciones respecto a lo que está estudiando en el caso de estos ministros y otros. Además de una reforma al sistema de selección de los supremos en nuestro país.