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Sábado, 24 de octubre de 2020
Ministros de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos

Espina y Larraín, corresponsables de violaciones a DD.HH., siguen en sus cargos, mientras gobierno insiste en agenda de seguridad

Andrés Almeida Farga

La salida de Andrés Chadwick hizo pasar desapercibido la continuidad de estos ministros. En tanto, la nueva vocera Karla Rubilar aprovechó el incendio de Santa Rosa para levantar la agenda de seguridad ciudadana.

En la mañana del lunes 28 de octubre, ya se sabía que Andrés Chadwick no seguiría en el gabinete de su primo, el presidente Sebastián Piñera. Después de todo, su continuidad como ministro del Interior era inviable, al ser sindicado en la Gran Marcha, junto al propio presidente, como uno de los principales responsables de la violenta represión que ha vivido Chile, con un saldo de al menos 20 muertos, 1.132 heridos, 76 personas que acusan torturas (18 de ellas, a través de abusos sexuales y violaciones) y 3.535 detenidos.

Junto con Chadwick -también responsable del aumento de los niveles de victimización previos a la crisis- se fue del gabinete Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, quien bromeó con el precio de las flores ante una de las tantas alzas de precios que tienen al país económicamente insatisfecho, ante un crecimiento muy por debajo del prometido (el que seguramente estará por debajo de la proyección del Banco Central de agosto; 2,6%, dadas las protestas) y con un desempleo disparado por sobre el 7%. Junto con Larraín, se marcharon por las mismas razones, Juan Andrés Fontaine (ex Economía) y Nicolás Monckeberg (Trabajo).

Mejor suerte corrió Cecilia Pérez, quien dejó el ministerio de la vocería del gobierno, para reemplazar a Paulina Kantor en Deporte, lejos del gabinete político.

Sin embargo, no corrieron la misma suerte los ministros de Defensa ni de Justicia y Derechos Humanos, Alberto Espina y Hernán Larraín, quienes conservaron sus cargos. Ambos responsables de la crisis de derechos humanos que vive el país.

Espina es el responsable político del actuar del Ejército y la Armada, cuyos comandantes estuvieron a cargo de organizar la represión en 15 regiones de 16, es decir, todo el país exceptuando Aysén, cada una de las cuales tuvo un jefe militar diferente.

Según Jaime Bassa, constitucionalista entrevistado días atrás por INTERFERENCIA, en el actuar de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción, se produjo varios episodios de uso ilegítimo de la violencia que son incluso inconstitucionales, pues se usó normativa legal desfasada (Ley Orgánica Constitucional), que data de 1985, en plena dictadura, y que contraviene la reforma a la Constitución de 2005 en la materia.

En tanto Larraín es el responsable del resguardo de los derechos humanos en el país, en un contexto en que se ha vuelto necesaria la presencia de una misión de Naciones Unidas, la que iba a llegar este lunes 28 y que estaría hasta el 22 de noviembre, según informó Radio Universidad de Chile. Las razones del retraso de dicha misión son desconocidas al cierre de esta edición, aunque en el INDH fuentes no oficiales señalan que llegará el miércoles.

Larraín es responsable de la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuya misión es "contribuir a la promoción y protección de los derechos humanos, articulando de manera coordinada a organismos e instituciones públicas a fin de impulsar la elaboración de políticas y planes con enfoque de derechos humanos con impacto social; y para los casos de violaciones a los derechos humanos, propender a la verdad y garantías de no repetición en beneficio de toda la sociedad". Un actor ausente en lo público durante todos estos días de crisis.

Cabe señalar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), activo en la defensa de los derechos humanos durante esta crisis, no depende del ministerio encabezado por Larraín, pues es un ente autónomo.

La agenda de seguridad, un clásico

Tras el acto de juramentación del nuevo gabinete de Sebastián Piñera -una especie de selección juvenil del piñerismo promovida al primer equipo, que no dejó contento a RN ni a la UDI- se comenzó a juntar gente en Plaza Italia y partieron con la intención de protestar por la Alameda, produciéndose violentos enfrentamientos con Carabineros, quienes estrenaban a Gonzalo Blumel, como nuevo jefe, dado que es el nuevo ministro del Interior. Entre los incidentes, se produjo una particular escena a las 17:00, a una cuadra de Santa Rosa con Alameda; el violento atropello de un manifestante por parte de un retén móvil de Carabineros.

Unas tres horas después, como a las 20:00 horas, empezó un incendio en el edificio de la mentada esquina, el que se extendió a otros dos edificios de la cuadra, produciendo una gruesa columna de humo negro, y la atención completa de los canales de televisión, junto con otros dos intentos de quema de las estaciones del Metro; Baquedano y Santa Lucía.

A las 20:30, fue la nueva vocera, Karla Rubilar, y no el nuevo ministro del Interior, quien habló desde La Moneda. Compartiendo pantalla con el incendio de Santa Rosa, el que trabajaban 17 compañías de bomberos, la ministra volvió a llamar a la unidad a propósito de estos hechos de violencia, tal como hizo Chadwick en la tarde del domingo 20, pero en un tono más conciliador. 

"Le pedimos a todos los sectores políticos, a todas las personas que tienen alguna posibilidad de dar su opinión y de ser escuchados, a todos lo que tienen algún tipo de vocerías que condenen sin tapujos la violencia que estamos viendo", dijo Rubilar. Al igual que Chadwick, Rubilar dio crédito a la existencia de grupos violentistas organizados. La vocera habló, en concreto, de 6.500 personas presuntamente responsables de los actos de violencia y convocantes a la "marcha de los guerrilleros", según expresó por TV. Horas después, el fuego se extinguió, sin víctimas fatales, conforme INTERFERENCIA pudo averiguar con Bomberos.

En horas de la mañana, la polémica por esta suerte de casus belli que ha enarbolado el gobierno desde el principio de la crisis, que justifica la acción violenta del gobierno y cuyo resultado concreto son graves violaciones a los derechos humanos, tuvo otro capítulo.

Se trató de una publicación en portada de La Tercera, en la que el matutino sugiere la participación de agentes cubanos y venezolanos en las quemas de estaciones del Metro, a partir de información de la comunidad de inteligencia del Estado.

La nota salió firmada por un periodista de la redacción en las ediciones en papel de regiones y luego -en la edición posterior de Santiago y online- el artículo fue firmado por "Equipo de La Tercera".

Tras desatarse una amarga polémica por las afirmaciones sin comprobación y cuyas fuentes no son confiables, teniendo en el horizonte la Operación Huracán, además de la crítica de la comunidad venezolana migrante, expuesta a ataques xenófobos, el diario decidió publicar una errata en la que reconoce que debió corroborar la información y que dice que su intención no fue "criminalizar a ciudadanos extranjeros que están viviendo en Chile".

Ubilla, el nuevo Aleuy

Otro que no fue removido de su cargo fue el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. Según varias fuentes entrevistadas off the record, la mantención de la autoridad en el cargo es relevante ya que él va a ser el verdadero jefe de seguridad del gobierno, y no Gonzalo Blumel, el nuevo ministro del Interior, quien debiese tomar un liderazgo más mediático.

En la práctica, estas fuentes señalan que el rol de Ubilla va a ser muy parecido al de Mahmud Aleuy durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, tras la caída del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo en 2015. En ese entonces, Aleuy, con el mismo cargo actual que Ubilla, tomó las riendas del orden interior del país y el liderazgo en varias materias políticas de primer orden.

Tras el caso del asesinato de Camilo Catrillanca en 2018, fuentes en off aseveran que Chadwick cortó relaciones con Carabineros, pues ni él ni el presidente confían en ellos, entendiéndose solo con la PDI. Dado ese quiebre, también estas fuentes dicen que Ubilla habría tomado la relación directa con la policía uniformada, siendo hoy el único puente con el gobierno, además de los jefes militares de las zonas declaradas en estado de emergencia.

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