Cada año, el Festival de Viña del Mar se convierte en el epicentro del entretenimiento latinoamericano, atrayendo la atención de millones de espectadores de todo el mundo. En ese escenario, “El Puma” Rodríguez llamó a “escuchar la voz del pueblo” en plena dictadura de Pinochet. Allí vimos crecer, en vivo y en directo, las carreras de artistas como Miguel Bosé, Alejandro Sanz y, por supuesto, Shakira. También vimos a Luis Miguel y a Myriam Hernández convertirse en los referentes más importantes de la canción en español. La Quinta Vergara ha sido escenario para actuaciones icónicas, rarezas irrepetibles, de artistas como Morrissey, The Police y Faith No More. Fue en Viña donde la Sonora Palacios rompió el año 1989 con los prejuicios sociales contra la cumbia, el segundo baile nacional, columna sonora vertebral del continente latinoamericano. Fue allí donde comenzó la Sodamanía en 1987. Y también donde Jorge González protagonizó momentos imprescindibles para entender la historia de Los Prisioneros, en 1991 y en 2003

Sin embargo, detrás de las luces y el glamour, surgen preguntas cruciales sobre la transparencia y la gestión de este evento icónico. ¿Qué se esconde tras bambalinas? ¿Estamos realmente viendo el mejor espectáculo posible, o hay factores ocultos que limitan su potencial?

La adjudicación de la producción del Festival para el período 2025-2028 a Megamedia, en alianza con la productora de eventos Bizarro Live Entertainment, ha levantado cejas y generado un debate hasta ahora subterráneo, pero sin duda necesario en la industria de espectáculos local. Este proceso de licitación, llevado a cabo por la Municipalidad de Viña del Mar, resultó en que Mega fuera el único canal en presentar una oferta formal. Dentro de este proceso, el Concejo Municipal juega un rol clave al aprobar la adjudicación y monitorear que se respeten las condiciones acordadas, como se vio en la sesión extraordinaria del 2 de mayo de 2024, donde se ratificó la oferta con una votación de 9 a 1.

La Comisión de Apertura y Evaluación de Propuestas, designada por el municipio, tuvo la tarea inicial de revisar las ofertas presentadas y asegurar que cumplieran con los requisitos administrativos y técnicos de las bases antes de elevar su informe al Concejo. Este grupo actúa como un filtro técnico, pero no tiene un rol de auditoría continua tras la adjudicación.

En términos de fiscalización externa, el Tribunal de Contratación Pública puede intervenir si se presentan controversias o impugnaciones, como ocurrió cuando Canal 13 demandó el proceso en abril de 2024, alegando irregularidades en la propuesta de Megamedia. Sin embargo, el tribunal no suspendió la licitación y su función se siguió limitando a resolver disputas específicas, no a una auditoría constante. 

Si bien la aprobación por parte del Concejo selló el pacto, nunca se ha analizado ni compartido públicamente en detalle los criterios que se utilizaron para evaluar la oferta de Megamedia y si estos criterios fueron lo suficientemente rigurosos para asegurar la mejor propuesta para la ciudad ¿Se tomaron todas las medidas necesarias para asegurar la participación de diversos actores de la industria televisiva y del entretenimiento? Estas son preguntas que merecen una respuesta clara y transparente por parte de las autoridades competentes.

La Municipalidad de Viña del Mar, encargada de amparar y supervisar el legendario evento anual, ha demostrado una aparente falta de entusiasmo en fiscalizar el cumplimiento de los términos acordados en las bases de la licitación del Festival de Viña. Basta recordar el bochornoso episodio de 2023, en que se quiso prescindir de la orquesta de músicos del evento, lo que hubiera contravenido flagrantemente una de las cláusulas de las bases públicas del festival. La casuística nos ha demostrado que la supervisión interna puede ser insuficiente para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las municipalidades. Tal vez, no sea mala idea fortalecer los mecanismos de control externo e, incluso generar mecanismos y conductos de participación de la ciudadanía en la fiscalización del evento. La ciudadanía podría tener un rol activo en una supervisión popular para que el Festival sea un verdadero aporte a la comunidad.

El Concejo Municipal juega un rol clave al aprobar la adjudicación y monitorear que se respeten las condiciones acordadas, pero tampoco parece haberse esmerado en fiscalizar que el festival sea un aporte y no una fuente de controversia. Esta falta de control plantea serias dudas sobre el compromiso de las autoridades con la transparencia y la defensa de los intereses de la comunidad. Por ejemplo, la patente falta de diversidad artística no solo afecta la calidad de las últimas ediciones del evento, sino que también reduce la capacidad de elección del público.

De este aspecto deriva lo que, en mi parecer, es una de las aristas más cuestionables de la realidad del festival hoy: el monopolio de una sola productora sobre la parrilla artística. La concentración de poder en una sola empresa limita la diversidad de propuestas y reduce la posibilidad de que Viña constituya la inyección de energía y trabajo que históricamente ha sido para el gremio de las productoras de espectáculos. ¿Cómo se seleccionan los artistas que se presentan en el Festival? ¿Qué criterios se utilizan para definir la parrilla programática? En tiempos de redes sociales y en un escenario donde la probidad se toma la agenda noticiosa cotidiana, estas son preguntas que deben ser respondidas con total transparencia.

Punto aparte merece la nula capacidad de opinión y fiscalización del Concejo Municipal sobre los contenidos del Festival. Esta situación es inaceptable, ya que el Concejo Municipal es el órgano representativo de la ciudadanía y tiene la responsabilidad de velar por que el Festival no baje de calidad y no solo esos contenidos respeten a la comunidad viñamarina, sino que tampoco atenten - según indican las bases de licitación - contra la buena imagen de la ciudad y del evento. Está fresca aun la escena de los insultos, con groserías que rozaron lo pornográfico, emitidas hace pocos días por el humorista George Harris sobre el escenario, en contra de la audiencia que reprobaba una actuación que evidentemente venía precedida de una controversia innecesaria. Hubiera sido una situación contrafactual que este humorista extranjero, que se ha jactado de su desprecio por personajes chilenos relevantes de la historia local, hubiera salido airoso de su incursión en el Festival. El bochorno era predecible.

¿Por dónde partir? A veces los escenarios complejos se deben enfrentar con medidas simples pero macizas. Es hora de que el detalle de los contratos de los artistas sea público. La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto se paga a cada artista y en qué condiciones se acuerda su participación. La publicación de estos contratos no solo fortalecerá la transparencia, sino que también permitirá un debate informado sobre la inversión de recursos públicos en el Festival. Además, sentará un precedente importante para otros eventos de similar envergadura.

La transparencia en el Festival de Viña del Mar es solo un ejemplo de la tendencia actual de fortalecer la transparencia en toda la gestión municipal chilena. Es fundamental que las autoridades adopten medidas concretas para garantizar el acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y fortalecer los mecanismos de control externo. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se invierten los recursos públicos, cómo se toman las decisiones y quiénes se benefician de ellas.

El Festival de Viña del Mar es mucho más que un evento de entretenimiento. Es un reflejo de nuestra sociedad, un producto turístico de alto impacto, una muestra de cuán lejos se puede llegar a nivel técnico en las transmisiones de TV chilenas, un esfuerzo de logística y producción altamente sofisticado y un epicentro de negocios para la industria del entretenimiento latino mundial. 

Nunca es tarde para que las autoridades, actuales y futuras, del municipio viñamarino tomen medidas concretas para garantizar que el Festival se convierta en un ejemplo de transparencia y buenas prácticas, con espíritu participativo, una impronta que beneficie a toda la comunidad. Solo así podremos asegurar que lo que ocurre cada año en el escenario de la Quinta Vergara siga siendo un patrimonio cultural y motivo de goce y orgullo para la ciudad, el país y la comunidad artística hispanoamericana.