Ayer lunes el Instituto Nacional nuevamente amaneció rodeado de violencia. La jornada estuvo marcada por el ingreso de un alto contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros al recinto, esparciendo bombas lacrimógenas al interior, deteniendo a estudiantes que encontraban a su paso, mientras un grupo de encapuchados lanzaba bombas molotov a los policías desde los techos del recinto ubicado en la calle Arturo Prat, en pleno centro de Santiago.
En los últimos meses esta escena se ha vuelto habitual en el establecimiento, un movimiento que partió con un petitorio inicial de los alumnos que exigían mejoras en la infraestructura, pero que fue escalando hasta el actual nivel de violencia. Hoy los adolescentes piden a las autoridades detener el constante asedio policial en las afueras y al interior del lugar en donde se educan. En tanto, los adultos a cargo de las decisiones políticas, siguen apostando por una estrategia policial y de mano dura.
Ayer fue un día clave para el Instituto Nacional, ya que estaba pactada una reunión entre autoridades de gobierno con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, después de que este solicitara ayuda al Ejecutivo para enfrentar la crisis al interior del primer liceo público fundado en Chile en 1813.
La cita destacó por ser a puertas cerradas. Además de Alessandri, estaban la ministra de Educación, Marcela Cubillos, la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, y el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Incluso se especuló de que estaría el presidente Sebastián Piñera, pero finalmente ello no sucedió. En tanto, ningún actor de la comunidad educativa del Instituto Nacional fue invitada, ni siquiera su rector, Fernando Soto, menos algún representante del Centro de Estudiantes o de los tres centros de apoderados.
Si bien durante el día se especuló con que esta junta podría determinar el cierre adelantado del año académico en el recinto, esto no ocurrió. Tras el encuentro las autoridades anunciaron nuevas medidas, las que siguen en la línea de reafirmar la estrategia policial que ha implementado el actual gobierno en contra de varios liceos públicos, las que hasta ahora consistían en revisar mochilas, solicitar carnet de identidad a la entrada de clases y aplicar la ley Aula Segura –consistente en expulsión– a quienes participen de hechos de violencia.
En un punto de prensa posterior a la reunión, la intendenta Karla Rubilar anunció que solicitarán a Carabineros un mayor trabajo de inteligencia -es decir, una posible infiltración entre los alumnos de ese liceo- y aumentar la capacidad operativa. Asimismo, el gobierno pediría al fiscal nacional, Jorge Abbott, un fiscal con dedicación exclusiva para investigar a los responsables de emplear bombas molotov desde el recinto escolar, algo que ya había exigido un grupo de apoderados hace unos meses.
Ayer el alcalde Alessandri -cuyo municipio es el encargado de todos los colegios de la comuna de Santiago, entre estos el Nacional- explicó que este 30 de agosto termina la gestión del rector Fernando Soto, y que posterior a esto se designará a uno interino en el cargo, mientras se abre el concurso público para definir a un nombre definitivo que dirija el Instituto Nacional. Además, anunció que se realizará un plan de modernización, el cual contempla convertir el liceo en mixto y modificar el currículum educativo.
Coincidentemente, ayer lunes se cumplieron seis meses desde que se promulgó la ley de Aula Segura. Cuando se estaba discutiendo este proyecto, especialistas le advirtieron al gobierno que esta medida punitiva sólo contribuiría a aumentar la violencia, tal como publicó INTERFERENCIA en noviembre del año pasado.
Los resultados están a la vista. Las aulas del Nacional no están más seguras.
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