En marzo de 2017, la entonces ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, habló sobre el proyecto previsional que planeaba el gobierno de Michelle Bachelet. Dijo una frase que generó revuelo. “Estamos claros, ni un peso más a las AFP. Quiero ser categórica, ni un peso más a las AFP”, declaró. La ministra se refería a que el 5% de cotización adicional que proponía el Ejecutivo en ese momento sería administrado por una entidad pública y, en parte, destinado a un fondo solidario.

Eso, con el anuncio del Presidente Sebastián Piñera de este domingo, ya es historia. Se sabía que la reforma previsional que el mandatario ingresaría al Congreso Nacional mantendría la misma lógica del modelo actual. Después de todo, él mismo lo transmitió durante su campaña presidencial.

El aumento de cotización de 10 a 14,2%, con cargo al empleador y a implementarse en ocho años, fue una de las principales propuestas, además del aumento inmediato del 15% en el aporte previsional solidario (APS) –aquellos pensionados con una jubilación inferior a $300 mil– y el aumento de un 10% en la Pensión Básica Solidaria (PBS). 

El costo fiscal de la reforma asciende, según La Moneda, a US$ 3.500 millones.

Con este nuevo proyecto de ley, Piñera no solo termina con cualquier indicio de ahorro colectivo esbozado en el gobierno anterior, sino que también desoye ideas que provienen desde el propio gremio de las AFP.

Prohibido retirar

El 4% de cotización extra podrá ser administrado por entidades que no sean las AFP, y en caso de que estas últimas reciban ese adicional, estarán capacitadas para cobrar una nueva comisión, además de la que ya reciben por el 10% que rige en la actualidad.

Si bien existirá la posibilidad para los trabajadores de acceder a las utilidades sobre el ahorro generado de ese 4% , el gobierno hizo caso omiso de un planteamiento realizado desde el mismo gremio.

En septiembre pasado, y en el marco del ‘Chile Day’ realizado en Londres, el presidente del directorio de AFP Hábitat, Cristián Rodríguez, le propuso al Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, que el gobierno considerara la posibilidad de que aquellas personas que tuvieran menos de 10 años de cotización puedan retirar sus fondos. El argumento de Rodríguez se ciñe a lo que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene como consideración: que imposiciones por menos de 10 años no califican como cotización y, por ende, no son válidas para pagar una pensión.

“Aunque aumente la pensión en un 40% en el futuro para todos, hablamos de pensiones de 30.000 a 45.000 pesos y eso no soluciona el problema. Sería bueno hacer la devolución en vez de estar pagando pensiones de 5.000 pesos mensuales”, dijo en una reunión privada con Macías, que quedó registrada en un audio al que tuvo acceso INTERFERENCIA (ver artículo: Lo que pasa en Londres queda en Londres).

Durante el punto de prensa realizado este lunes en La Moneda, este medio consultó al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respecto de la inclusión de un apartado como este en la propuesta nueva. La respuesta de la autoridad fue escueta: “No está incluido eso en el proyecto de ley”.

Este medio también contactó al presidente de AFP Hábitat para obtener su impresión sobre lo anunciado por el Ejecutivo. Uno de sus asesores comunicó que no darán declaraciones, pues primero deben estudiar la iniciativa.

Reacción de No+AFP

El movimiento No+AFP deploró el proyecto de ley. "La reforma mantiene y fortalece el modelo de AFP. Mantiene las pensiones sometidas a los avatares del mercado, y no hace más que instalar más trabas y candados para que ninguna reforma pensada contra el sistema de capitalización individual pueda ser discutido en el Congreso", dijo su su vocero Luis Mesina.

Esta organización, que hace algunos años convocó a cientos de miles de personas en marchas que pedían el fin del modelo de pensiones, hizo un llamado a los parlamentarios a tomar en cuenta las propuestas de este movimiento que, hasta el momento, no han sido escuchadas por el gobierno.