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Bolivia quiere dar un giro drástico y buscar la transición energética. Este nuevo ciclo implica la exploración de tierras raras en diversas zonas del país. Ahora, está búsqueda por minerales críticos podría profundizar el modelo extractivo y vulnerar los derechos de las pueblos originarios de la Amazonía, que desde hace años padecen por la contaminación de sus ríos, provocada por la minería aurífera, advierten comunidades y expertos.
En los últimos años, Bolivia comenzó a explorar y explotar minerales como torio, niobio, níquel, cobalto y otros elementos esenciales para la industria tecnológica y la transición energética. Muchos de estos proyectos se ubican en regiones de alta biodiversidad y con presencia indígena, como la Chiquitania, el Pantanal y la Amazonía norte.
Según Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), más de la mitad de los proyectos extractivos de minerales críticos en América Latina y el Caribe afecta de manera directa o indirecta a territorios indígenas titulados.
Además del impacto ambiental -como la pérdida de bosques y el aumento del estrés hídrico-, Vargas afirmó que la explotación de estos recursos genera riesgos sociales y culturales, entre ellos, desplazamiento forzado, fragmentación territorial, migración y debilitamiento de los sistemas de autoridad y toma de decisiones comunitarias.
Vargas explicó a Mongabay Latam que en Bolivia el área de la Chiquitania es la zona de transición a la Amazonía y que toda actividad extractiva en comunidades chiquitanas tendrán efectos en los pueblos amazónicos, que abarcan los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz.
Además, el experto añadió que esta actividad de tierras raras puede dañar a las comunidades indígenas del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), que reúne a los pueblos tacana, cavineño y ese ejja.
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“Hay que mirarlo de una manera más integral, ya que el Ministerio de Minería (de Bolivia), en 2023, publicó el mapa que habla de las fajas metalogénicas, que son los proyectos en los que se están trabajando a prospección y explotación vinculados a tierras raras y minerales tecnológicos. Los directos están en la Chiquitania”, detalló Vargas. Pero Vargas resalta que esta explotación se conectará con la minería aurífera en el río Madre de Dios, en la Amazonía.
Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos considerados estratégicos en el proceso de transición energética, debido a que son indispensables para la fabricación de dispositivos electrónicos, imanes para turbinas eólicas, vehículos eléctricos, así como armas de alto rendimiento, entre otros muchos usos. Un ejemplo es el color en las pantallas de los celulares o tabletas, que no sería posible sin algunas de las denominadas tierras raras.
Lugares de prospección
Según el Viceministerio de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, en Bolivia hay dos lugares donde actualmente se desarrollan los proyectos para explotar tierras raras. Uno de ellos se encuentra en Ayopaya, en el departamento de Cochabamba, donde según el gobierno boliviano existen 16 000 hectáreas de terreno para explorar y explotar.
El otro corresponde al Cerro Manomó, en el departamento de Santa Cruz, con 12 000 hectáreas para explotar, de acuerdo con información oficial a la que hizo referencia el viceministro de esa cartera, Ismael Rodríguez, en una conferencia de prensa en abril de este año.
Entre los elementos que se han encontrado en suelo boliviano están el lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, terbio y gadolinio, entre otros.
Mongabay Latam envió una solicitud al Ministerio de Minería para conocer los cuidados ambientales que se realizan en estos proyectos, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió una respuesta.
Sin embargo, la diputada Elsa Romero, que es del partido gobernante y presidenta de la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente, afirmó a Mongabay Latam: “Sobre la situación de tierras raras no tenemos una información actual. Sabemos que se definieron zonas y se identificaron el tipo de minerales que cualquier proyecto extractivo». Además, explicó que todo proyecto debe contar con una licencia ambiental y la aprobación de los pueblos indígenas que habitan la zonas donde se pretende explotar recursos naturales.
“Pese a la obligación legal de realizar consultas previas, libres e informadas, los proyectos de prospección y explotación minera avanzan sin la participación ni el consentimiento de las comunidades afectadas, amparados en la Ley de Minería y Metalurgia, que exime a estas actividades de la consulta obligatoria”, afirmó Vargas, quien añadió que “lejos de representar una salida al modelo extractivo, la llegada de proyectos de prospección y explotación de tierras raras y minerales críticos tiende a profundizarlo”. “Esto genera mayores presiones sobre los territorios y nuevas violaciones a los derechos indígenas”, aseguró.
El experto dijo que es importante la necesidad de restituir salvaguardas efectivas y garantizar la consulta previa en todas las etapas de los proyectos mineros, como condición mínima para una transición energética verdaderamente justa y respetuosa de los pueblos indígenas y el medio ambiente.
El director del Cejis consideró que el aprovechamiento de tierras raras y minerales críticos no solo conlleva importantes impactos ambientales, sino también consecuencias sociales y culturales. Entre ellas destacó el riesgo de desplazamiento forzado de comunidades indígenas y la amenaza a su identidad cultural, debido a la migración, la fragmentación territorial y la transformación acelerada de sus modos de vida.
Según Vargas también se observa una afectación en los mecanismos de toma de decisiones y el sistema de autoridades, especialmente por la decisión de las autoridades estatales de no respetar el derecho a la consulta.
En la actualidad, Bolivia atraviesa una profunda crisis económica y energética, resultado del colapso del modelo basado en la explotación de hidrocarburos, según Vargas. El investigador detalló que el aumento de los precios internacionales del petróleo, junto con la drástica disminución de las reservas de gas, ha provocado un severo desequilibrio fiscal.
Modelo extractivo
Vargas resaltó que el gobierno boliviano ha decidido profundizar el modelo de desarrollo extractivo, ampliando la frontera hidrocarburífera y minera en la Amazonía, como informó Mongabay Latam, junto con el interés por explotar tierras raras y minerales críticos.
“Si bien la atención internacional en relación a la transición energética se ha centrado en los proyectos de explotación de litio en el sudeste del país, resulta fundamental prestar atención a los proyectos de prospección y explotación de tierras raras y minerales críticos en regiones como la Amazonía, la Chiquitania, el Chaco y Pantanal”, dijo.
Mientras, Héctor Córdova, investigador de la Fundación Jubileo, remarcó que para procesar todos los elementos de tierras raras se utilizan diversos reactivos químicos que pueden generar desechos tóxicos. “En medio de la selva eso me parece muy grave”.
Adicionalmente, el experto consideró que, de concretarse la propuesta del Gobierno, “seguramente sería una mina a cielo abierto”, lo que ocasionaría que “se destruya el entorno”.
“El yacimiento más importante está en el cerro Manomó, en Santa Cruz, en medio de la selva amazónica. Entonces, se podría destruir un hábitat muy frágil. Ese es el principal problema porque la concentración de tierras raras no es muy alta”, señala el experto en minería de la Fundación Jubileo. “Se tendría que movilizar una gran cantidad de material del suelo para obtener muy poca cantidad de estos elementos. Y hacer eso en la selva es verdaderamente dañino”, agregó Córdova.
El proyecto en el cerro Manomó tiene como objetivo identificar y cuantificar reservas de minerales tecnológicos como torio, niobio, níquel, cobalto, cromo, oro y tierras raras.
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Actualmente, no existe una base de datos oficial sobre la presencia de minerales tecnológicos y tierras raras en territorios indígenas del Oriente, el Chaco y la Amazonía boliviana.
Aun así, un ejercicio de traslape entre el Mapa de Minerales Tecnológicos y Tierras Raras en Bolivia y la superficie de los 58 territorios indígenas reconocidos formalmente por el Estado, realizado por el Cejis, permite identificar que estos proyectos se concentran principalmente en las regiones de la Chiquitania, el Pantanal y la Amazonía norte.
En este sentido, Kadir Lanza, director de la carrera de Ingeniería Económica y Financiera de la Universidad Franz Tamayo, afirmó que es necesario un marco normativo claro y predecible, que garantice seguridad jurídica para incentivar la inversión privada en el sector de tierras raras y minerales tecnológicos.
“La promoción de la competencia y la libre empresa facilitaría el desarrollo de infraestructura, la generación de empleo y la inserción en cadenas de valor globales”, manifestó el académico.
Al respecto, Jorge Canamari, presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana, lamentó que en estos proyectos no existan estudios de impacto ambiental y procesos de consultas. “Por ejemplo, lo que ocurre con la minería ilegal en el norte de La Paz incluye directamente a los pueblos amazónicos, nos contaminan con mercurio. Con esto de las tierras raras, puede pasar lo mismo”, dijo el dirigente indígena.
Según Vargas, Bolivia se encuentra en una encrucijada: persistir en un modelo extractivo o avanzar hacia formas de desarrollo que respeten la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Imagen principal: Las colas que salen de la mina salen directo sobre el lecho del río, la pala mecánica las carga sobre el camión para que los desechos sean llevados metros más abajo de la mina donde se encuentran los relaveros. Foto: Miriam Telma Jemio.
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