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Lunes, 27 de mayo de 2019
Nuevo vuelo sale la próxima semana

Gobierno retoma Plan Retorno pese a que violencia alcanzó a embajador chileno en Haití

Maximiliano Alarcón G.
Vicente Valdivia

Pese al grave asalto con disparos de AKA 47 sufrido por una comitiva de la ONG América Solidaria -en la cual peligró la vida del embajador Patricio Utreras, su esposa, Brenda Iriarte, y otros 10 chilenos- Extranjería no se ha replanteado una política que expone al peligro a cientos de migrantes haitianos que vuelven a un país en crisis.

Después de que el embajador chileno en Haití, Patricio Utreras, y su esposa Brenda Iriarte, se salvaran por poco de morir en un atentado ocurrido en la ciudad de Boutin, la crisis que se vive en el país caribeño recién comienza a hacer ruido al interior del gobierno de Sebastián Piñera, el mismo que ha expulsado a 1.021 haitianos con destino a su tierra.

Cabe señalar que si bien los haitianos que abandona Chile lo hacen voluntariamente, deben firmar un documento que les impide volver al país en un periodo de nueve años.

Ayer miércoles a las 11:00 horas de Haití (12:30 en Chile), un grupo de cinco personas atacó con armamento de guerra a una comitiva de la ONG América Solidaria, mientras iban camino a visitar “Wash”, una iniciativa que pretende entregar agua en la ciudad ubicada a dos horas de Puerto Príncipe, la capital.

En la caravana de asaltados, al menos 18, se encontraban once chilenos, entre ellos el mencionado embajador, su esposa y cuatro funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes repelieron el ataque. Pese a esto último, el atentado terminó con un voluntario de la ONG muerto, dos heridos -entre ellos el chofer del auto en que viajaba Patricio Utreras– y dos presuntamente secuestrados.

La gravedad de lo ocurrido ayer miércoles obligó a las autoridades chilenas a reaccionar. El primero en hacerlo fue el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

“Este es un hecho muy excepcional que se ha producido y obviamente todos sabemos que en Haití hay un nivel de violencia importante y por eso tenemos que tener todas las precauciones", dijo.

Al respecto, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, manifestó que “producto de lo que hemos venido observando de la situación de Haití, se había solicitado un refuerzo con Policía de Investigaciones, para protección del embajador, nuestra misión y nuestros funcionarios en Puerto Príncipe”.

Pese a este énfasis en la seguridad y a las “precauciones” de Chadwick, todavía no se ha discutido la continuidad del Plan de Retorno Voluntario de haitianos, la principal política pública local en relación a los migrantes de dicho país.

En la Subsecretaría del Interior, de la cual depende la Dirección de Extranjería y Migración, señalaron a INTERFERENCIA que hasta el momento no hay modificaciones en el Plan Retorno, pero que ante los hechos de ayer miércoles, es probable que se lleve a cabo una reunión para analizar la situación del país caribeño, pero que de igual forma hay un vuelo programado para las próximas semanas y una lista de espera de al menos 2.100 personas.

En tanto, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Pablo Vidal (RD), cuestionó la continuidad de la iniciativa del Ejecutivo.

"Entiendo que no existe ningún plan de seguimiento a la condición en que esas personas están hoy día al haber vuelto a su país, son personas que dejaron vínculos en Chile, son personas que vivieron en nuestro país y que vuelven a Haití, a un país que está en la práctica en una especie de guerra civil. Y nuestro país se 'deshace del problema´, cuando estas personas no habían provocado ningún problema y les impiden volver a Chile y no tenemos idea de cómo están ellos. Creo que no se le puede dar el carácter de humanitario a un plan de esas características. Creo que más bien tiene un carácter comunicacional", dijo a nuestro medio.

Haití atraviesa actualmente una crisis político social, marcada por el caso de corrupción de Petrocaribe, plan de subsidio energético auspiciado por Venezuela con los países del ALBA. En este, tras una auditoría interna, se determinó que existió un desvío de 2 mil millones de dólares de parte 15 ex funcionarios de gobierno.

La población no quedó conforme con el resultado de la investigación y se volcó a las calles en violentas protestas pidiendo la renuncia del presidente Jovenel Moisie. Entre el 7 y el 22 de febrero la movilizaciones dejaron una decena de muertos y cientos de heridos.

Cabe recordar que en medio de la crisis interna que atraviesa el Departamento de Extranjería y Migración chileno, se suspendió un vuelo anunciado para el pasado 20 de marzo.

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