Toda guerra civil es difícil de entender, pues son muchos y profundos los intereses cruzados que se enfrentan y por lo mismo las alianzas suelen ser febles y tácticas. Y eso es lo que está pasando en el Ministerio Público, donde el fiscal nacional, Jorge Abbott y el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, están protagonizando una batalla que nadie entiende por qué se ha dado, ya que no queda claro que alguno tenga algo que ganar dando pelea.

Pero el azar en las guerras a veces produce enfrentamientos en los que todos pierden, y el hecho de que Rancagua sea el epicentro de la batalla, puede ser parte la explicación, justamente porque la fortuna así lo quiso.

Es sabido que Abbott y Arias históricamente han tenido graves desavenencias públicas, por lo que el fiscal nacional -en cuanto pudo, durante Bachelet II- relegó a Arias a una fiscalía regional, de modo que estuviera lo más lejos posible los casos de alta connotación social, con lo que esperaba quitarle cámara y micrófono.

El destino fue Rancagua, y ya estaba en marcha el caso Caval (las famosas parcelas adquiridas por el matrimonio Dávalos-Compagnon están en Machalí), pero luego estalló el caso de abusos sexuales de los maristas, que afecta a la alta jerarquía del Arzobispado de Santiago, el caso del Teatro Regional, con 3.000 millones de pesos desaparecidos por la administración del alcalde Eduardo Soto (pro-UDI), el extraño caso en que el mismo alcalde acusa extorsión por parte de un joven quien a su vez lo acusa de abuso sexual, y -por si fuera poco- el caso de corrupción en que se acusa a los miembros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, cuyos antecentes salpican al poderoso senador de la región, Juan Pablo Letelier (PS).

 Ante ese juego del destino que concentró lo explosivo en Rancagua, todo parece indicar que Abbott -en connivencia con el fiscal Sergio Moya, subordinado a Arias en O'Higgins- intentó sacar a Arias de la mina de oro de exposición medial e influencia sobre la que estaba sentado en la Fiscalía rancagüina.

Para eso, Abbott al parecer usó a Moya, quien -a su vez- acusó a Arias de ocultamiento de información, tráfico de influencias, violación de secreto y obstrucción a la justicia. Varias de estas acusaciones tienen que ver con el caso Caval, y la supuesta ayuda que Arias prestó al abogado Luis Hermosilla, quien es cercano a Andrés Chadwick, y quien además representa los intereses de Herman Chadwick (sobrino del actual ministro del Interior, quien es a su vez primo del presidente), imputado en el caso Caval. También Hermosilla representa los interereses de Gonzalo Vial Concha, quien persiste en su acusación por estafa contra Sebastián Dávalos, el hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, en la única arista abierta del caso y los del alcalde Soto.

La acusación de Moya logró la suspensión de Arias, pero tuvo un revés más fuerte del esperado, pues abrió los cuestionamientos de este fiscal por su actuación en la Operación Huracán, en los tiempos en que servía en al Fiscalía de Temuco, siendo además allanada su casa y su oficina, donde se encontró material de la investigación de los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, siendo que estos elementos debieron estar en cadena de custodia. También Arias arrojó antecedentes que generaron suspicacias contra Abbott, quien habría blindado a Bachelet durante el caso Caval, al editarle algunas preguntas de oficio por parte de la Fiscalía.  

Si bien Moya no está suspendido (aunque de vacaciones), está hoy imputado por Huracán y la Fiscalía de Rancagua quedó actualmente despoblada de todos los casos de alto interés público, salvo el de robo de estatuas públicas por parte de Raúl Schuler. Abbott, por su parte, quedó expuesto en la reyerta al apoyar a un Moya sin trigos muy limpios, aunque -al parecer- se está desvaneciendo la tesis del blindaje a Bachelet, a propósito de unos correos que indican que incluso agregó preguntas al cuestionario de los persecutores.

Con esto, ambos bandos perdieron piezas importantes en el ajedrez. Arias salió de juego de momento y ya no controla casos de gran valor, Moya probablemente no va más y también pierde casos relevantes, como el de los jueces de apelaciones, y Abbott está en jaque, duramente cuestionado por permitir tamaña guerra civil bajo su jefatura (y por los acuerdos frustrados con la jerarquía católica chilena, considerados espúreos por muchos), y ya varios piensan que es hora de que renuncie o que sea destituido.

Hermosilla y los jueces sacan ventaja

Sin embargo, si alguien puede ganar en todo esto, o no perder tanto, ese es Luis Hermosilla, y por carambola, Andrés Chadwick. En cuanto Caval, ya logró separara quirúrgicamente a Herman Chadwick del proceso, sobreseyendo a todos en la arista que compete al pariente del ministro del Interior, pero -a la vez- sin asfixiar procesalmente el caso Caval, pues este continua a través de su cliente Vial Concha y su querella por estafa contra Dávalos-Compagnon.

Si es cierto que Arias y Hermosilla están en trenza -como parece serlo, ya que el propio Andrés Chadwick, socio entonces de Hermosilla, pedía al alcalde Soto blindar a Arias en 2017 por el caso Incendios- este bando ya no cuenta con la pieza de un fiscal regional afín. Pero los tiempos judiciales aseguran que seguirá habiendo desangre político por el caso Caval, y también es improbable que esa arista la tome el fiscal Moya. En cuanto a los casos que afectan al alcalde Soto, estos pasarán a la Fiscalía Metropolitana Sur, la que está saturada de casos de narcotráfico, lo que también asegura un ritmo más lento, al menos los suficientemente lento como para que no estalle antes de la elección municipal de 2020.

Otro caso que pasará a la Fiscalía Metropolitana Sur es el de corrupción de los ministros de la Corte de Apelaciones, lo que le da oxígeno a  Elgueta, Vásquez y Albornoz, tanto porque su caso saldrá de los titulares de los diarios por un tiempo (los que probablemente vuelvan sobre Huracán), hasta que la nueva fiscalía se entere de los antecedentes, como porque a Elgueta, Vásquez y Albornoz, les cayó del cielo el allanamiento al fiscal Moya, pues todas las pruebas del caso que estaban en su poder y supuestamente fuera de la cadena de custodia, seguramente van a ser objetadas por los abogados defensores. 

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