Los áridos son materiales rocosos naturales, como las arenas o las gravas, usados como material de construcción “que suelen encontrarse en los cauces de las corrientes continuas o discontinuas pudiendo procederse a su extracción”, define la RAE. Hoy su extracción afecta a distintos territorios, principalmente por la falta de fiscalización.
Francisco de la Barrera, biólogo ambiental y académico de la Universidad de Concepción, explica que “la extracción de áridos es una actividad industrial que es bien masiva, porque necesitamos cosas con cemento. En algunos casos lo hacen desde canteras, eso quiere decir que se rompe un cerro rocoso para ir sacando el material, y en otros casos-que es el mayoritario porque es más fácil- lo sacan del lecho del río, para lo cual intervienen una fracción del lecho y modifican el cauce de las aguas. Eso termina impactando a las especies, microorganismos y flora que puedan existir en el lugar, porque en algunos casos se modifica el hábitat de forma muy severa y la calidad de las aguas, particularmente porque aumenta la suciedad”.
"El impacto que causan va muy de la mano con el volumen que extraigan", dice Francisco de la Barrera, biólogo ambiental y académico de la Universidad de Concepción.
El especialista sostiene que “el impacto que causan va muy de la mano con el volumen que extraigan. Las mejores soluciones en algunos países tienen que ver con reutilizar materiales, pero eso en Chile es bajísimo. Para que no generen tanto daño ambiental hay que mejorar la normativa, pero también se necesita mucha formación, que los profesionales que están vinculados con esto comprendan los impactos que tiene, para ejecutar mejores medidas”, reflexiona el también doctor en Geografía.
La disputa en Quepe
Jorge Lautraman Huenteleo de la comunidad Lamencura de Nueva Imperial y coordinador de activismos del Fridays For Future Araucanía, denuncia que desde el 2015 se instaló en el río Quepe la empresa Áridos Bascur SPA, la cual "comenzó a extraer áridos de forma ilegal y que más adelante sacó los permisos. Hay un daño notorio al entorno natural del río durante estos años, pero también se quitó la posibilidad del acceso al río a las personas, porque tienen cerrado el paso con portones, argumentando que tienen maquinarias, es un problema socio- ambiental porque afecta a las persona que vivimos en este territorio".
"Hay un daño notorio al entorno natural del río durante estos años. También se quitó la posibilidad del acceso al río", dice Jorge Lautraman coordinador de activismos del Fridays For Future Araucanía.
“Si bien es cierto que la empresa de William Basur compró un predio que está colindante, la extracción está siendo al frente del predio de nuestra familia, por lo que el borde del río también fue intervenido, esta empresa modificó y destruyó el acceso al río para la entrada y salida de camiones. Había una especie de isla, o piedral, como se le conoce coloquialmente, y de ahí se extraen los áridos. Entonces talaron árboles, sacaron rocas, se destruyó la playita que había ahí, debido a la extracción de áridos se hicieron pozos dentro del propio río”, añade.
Lautraman también hace un llamado a hacer visible esta temática desde las comunidades afectadas. “Es un problema que altera el ecosistema, quisiera hacer un llamado a la legislación chilena, a las autoridades, porque no son estrictos, debemos tener conciencia para que estas situaciones se detengan”.
Esta práctica la han denunciado comunidades mapuche del sector y la familia Calfil Lorca del sector Lamecura, quienes enviaron una carta al alcalde de la comuna, Manuel Salas Trautmann (Partido Demócrata Cristiano), respecto a las acciones de la empresa de Áridos Bascur SPA: “Los camiones circulan a una velocidad mayor a 30 km/h y, además, no cuentan con medidas de abatimiento de material partículado, ya que nunca han realizado humectación en la zona de extracción y traslado de áridos. La DOH adjunta en la aprobación de recomendaciones, indica claramente que el municipio debe fiscalizar, que no se dañe a terceros, a propietarios y que no se menoscabe moralmente a personas en el área de extracción, faltando esta acción a realizar”, indica parte de la misiva.
“Nuestra mayor tristeza no es solo por el daño ecológico, esto también atenta contra nuestro feyentun (creencias) y nos convoca la defensa del Quepe leufü (río), dice Camila Lorca Calfil.
“Nuestra mayor tristeza no es solo por el daño ecológico que en el último tiempo se ha venido haciendo a los ríos que circulan en Imperial, esto también atenta contra nuestro feyentun (creencias) y nos convoca la defensa del Quepe leufü (río). El río está lleno de socavones, cambiando su curso normal, dañando la flora y fauna y los ngen (se puede traducir como “espíritus”) y otros seres que como mapuche reconocen como vida. Con mi familia nos hemos visto fuertemente afectados en lo emocional y material por el impacto de la empresa Bascur, los Calfil históricamente hemos transitado libremente por nuestro territorio, también los animales, además de quitarnos el acceso, están malogrando irreparablemente el itrofill mongen (biodiversidad), plantea Camila Lorca Calfil.
William Basur indica a INTERFERENCIA que su extracción es baja. “Lo mio no es nada, trabajo al centro del río, ni siquiera me meto por la orilla. Yo creo que están malinterpretando las cosas. El camino es mio, yo puedo darle permiso a quien yo quiera, si uno tiene una casa no deja el portón abierto, ese acceso al río es mío, soy dueño de la propiedad. Uno trabaja y da trabajo a la gente, tengo cinco trabajadores. la gente que reclama vive fuera del camino. Yo voy a defenderme, me dicen ‘mis abuelos eran dueños’, si ellos vendieron, qué culpa tengo yo, estoy haciendo las cosas de forma legal, tiene que reclamarle al Estado”.
"Yo voy a defenderme, me dicen ‘mis abuelos eran dueños’, si ellos vendieron, qué culpa tengo yo, estoy haciendo las cosas de forma legal, tiene que reclamarle al Estado", dice William Bascur.
Sobre el daño ambiental que acusan familias mapuche, comenta “yo no estoy haciéndole daño al río, hay empresas que hasta sacan 100 mil metros cúbicos, ellos hacen daño ambiental, yo saco el embancamiento [acumulación de arenas y sedimentos en el lecho o fondo de los ríos]. Yo puse una querella porque me dijeron que me harían daño, porque cumplo con la cuota del permiso- Uno tiene derecho a vivir tranquilo, tengo todos los permisos, no quieren el paso al río, quieren plata”.
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Desbalance hídrico en Pitrufquén
La comunidad Indigena Dalpin-Coihueco del sector Dalpin, Comuna de Pitrufquén, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Temuco en contra de la empresa Sociedad Agrícola, Ganadera y Transportes Fonseca SPA, representada por Leonidas Fonseca Salas, por la extracción de áridos en el río Toltén de la comuna de Pitrufquén, región de La Araucanía, quienes afirman que esto ha generado diversas afectaciones al medio ambiente, pérdida de sitios de significancia cultural y un detrimento en la disponibilidad y calidad de agua para consumo humano, evidenciado un menor abastecimiento de los pozos de captación a nivel domiciliario.
La abogada Manuela Royo, elegida como constituyente y parte del equipo de Modatima, patrocina esta acción legal. “Participamos en la redacción y presentación en un recurso de protección en contra de una empresa particular, que producto de la extracción indiscriminada de árido, ha roto las napas impidiendo que la gente de las comunidades de este sector de Pitrufquén tengan acceso al agua. Además,el lugar donde se extraen los áridos corresponde a un Título de Merced y el derecho internacional ha establecido en el marco de los derechos indígenas, que tienen derecho a sus territorios ancestrales”, explica a INTERFERENCIA.
"La extracción indiscriminada de árido ha roto las napas impidiendo que la gente de las comunidades de este sector de Pitrufquén tengan acceso al agua", explica la abogada Manuela Royo del equipo de Modatima.
Mientras que Raquel Amulef San Martín, presidenta de la comunidad mapuche donde está operando la empresa que está extrayendo áridos, indicó a Radio Biobío que esperan que las faenas efectivamente terminen. “Se llenan los bolsillos y nosotros nos quedamos sin agua, sin pozos”, afirmó.
El vacío de la fiscalización
Tanto las comunidades de las cercanías del río Quepe y Toltén han recurrido a sus respectivos municipios para detener lo que denominan como una extracción masiva de áridos. Según informa Manuela Royo, en noviembre de 2020 se dejó constancia por parte de la inspección municipal sobre lo que actualmente denuncian, pero que seguiría operando.
Para el académico Francisco de la Barrera, “son actividades muy difíciles de fiscalizar porque se les aprueba un cierto volumen de lo que pueden extraer por día, por mes o periodo de total, pero eso es muy difícil de medir, es decir, es muy complejo de fiscalizar que estén extrayendo lo que les fue autorizado, tendría que haber fiscalizador contando cuántos camiones salen y con cuanto material sacan”.
Respectos a posibles soluciones, plantea que las empresas podrían “ser responsables y estar dispuestas a hacerlo de buenas manera y extraer exactamente lo que dicen” o que “pueda existir un auto fiscalización con tecnología que demuestre cuánto está saliendo”, y la otra posible solución es “una fiscalización por parte del Estado, que es la más difícil y es lo que genera un daño ambiental mayor. Lo que se puede fiscalizar es el tema del volumen y de qué manera se hacen cargo de los impactos ambientales que generan, normalmente lo hacen a través de declaraciones de impacto ambiental, argumentando que son actividades extractivas que no superaran ciertos los volúmenes, pero normalmente los superan.
Desde el área de comunicaciones del Ministerio de Bienes Nacionales explican que la cartera “otorga arrendamientos de bienes fiscales para la extracción de áridos, siempre con estricta sujeción a la legislación vigente, es decir, mediante la presentación de un proyecto de extracción que entre otras cosas, determina la cantidad de material que será extraído, la obtención de la resolución de calificación ambiental (RCA), si procede, la fiscalización activa a la que deben someterse los particulares, e incluso, a través de la obligación de ejecutar un plan de abandono, una vez que se termine el contrato”.
"Es muy importante precisar que una gran parte de las denuncias que se realizan en relación a la extracción de áridos, es sobre la que se realiza en los cauces de los ríos. Esos terrenos son bienes nacionales de uso público y sobre ellos el Ministerio no tiene el dominio", explican desde Bienes Nacionales.
Sobre la advertencia de especialistas medioambientales del impacto de esta práctica y falta fiscalización en distintas zonas del país, indican que “es muy importante precisar que una gran parte de las denuncias que se realizan en relación a la extracción de áridos, es sobre la que se realiza en los cauces de los ríos. Esos terrenos son bienes nacionales de uso público y sobre ellos el Ministerio no tiene el dominio, sino que ejerce un control superior de dichos bienes. Quienes tienen su administración son las Municipalidades, La Dirección General de Aguas, y, en ciertos casos por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, las que otorgan los respectivos permisos o concesiones para la extracción del material.
“El Ministerio ha llevado adelante un plan especial de fiscalización sobre esta actividad ilícita, ya que se trata de terrenos que generalmente se encuentran emplazados en zonas rurales, de difícil acceso y muy alejadas de las ciudades. Se crearon dos canales para que la ciudadanía pueda denunciar. Una vez recibida la denuncia, profesionales fiscalizadores concurren al lugar y si corresponde, se presenta la denuncia en el Ministerio Público y se acciona judicialmente a través del Consejo de Defensa del Estado. El Ministerio se ha reunido con el Fiscal Nacional para mejorar nuestra fiscalización y actuar en coordinación con la PDI y Fiscalía en una mejor persecución de estos ilícitos. Por otra parte, a través del Plan especial de fiscalización se han identificado más de 573 lugares, que están siendo fiscalizados. También hemos oficiado a la Superintendencia del Medio Ambiente en aquellos casos en que la extracción ilegal compromete el medio ambiente y/o normas o instrumentos de carácter ambiental”, agregan.
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