La piocha de O´Higgins y la banda tricolor son los símbolos republicanos de la investidura presidencial. La insignia es siempre la misma -aunque la original fue destruida durante el bombardeo a La Moneda en 1973- y constituye un ícono del añoso y pesado conservadurismo del Estado. Lo que cambia es la banda tricolor de la que pende la vieja pieza metálica, confeccionada en tela liviana y a la medida de cada nuevo presidente.

Desde este mediodía Boric carga el peso histórico de la piocha, pero luce una estola tricolor hecha por las trabajadoras del Sindicato Revolucionario Textil (Siritex), en un esfuerzo por demostrar el anclaje popular y ciudadano de su nuevo gobierno. El guion de gestos populares también incluye un desayuno con dirigentes sociales en Valparaíso y un “cambio de mando ciudadano” en La Pintana. 

Pero todos sabemos, especialmente Boric, que ésta bien lograda ritualidad de iniciación tendrá un efecto breve y sufrirá los rigores de la crisis económica y la estrechez fiscal. El vínculo con la ciudadanía debe subir de piso, desde lo simbólico hacia lo sustantivo, incluso si aquello significa sufrir derrotas políticas en el corto plazo. 

Particularmente efímero es el encanto comunicacional en un contexto de urgencias críticas como el control migratorio, el crimen organizado y la violencia desatada en el Wallmapu. Una trilogía de conflictos ausentes en el primer programa boricista, que requiere una estrecha y obediente colaboración de Carabineros. De más está recordar la intervención prometida para esa institución que, además, ha tenido una compleja relación con la izquierda por su desprecio a los derechos humanos y escasa probidad.

En cuanto a otros desafíos transformadores y redistributivos, la adversidad en el frente legislativo es manifiesta y la guerra de la nueva oposición ya fue declarada. Sin embargo, el proceso constituyente abrirá caminos para generar las leyes impuestas por las definiciones que se aprueben en el plebiscito.

Es posible que la nueva ministra de Interior, Izkia Siches, logre algunos éxitos rápidos pero circunstanciales en la llamada “macrozona sur”, donde inició contactos antes de asumir y podrá apoyarse en el sello plurinacional de los borradores de a Constitución. También en la frontera norte se espera una agenda regional con mejor diplomacia hacia Bolivia y mayor receptividad de los organismos humanitarios y de cooperación de la ONU. Por lo demás, la vara está muy baja en la gestión de ambos conflictos y cualquier innovación mejorará las cosas.

Distinto es el escenario del narcotráfico, que también tiene tentáculos en el Wallmapu y en la frontera norte. Su combate requiere una inteligencia policial inexistente y una política de prevención necesariamente demorosa.

En cuanto a otros desafíos transformadores y redistributivos, la adversidad en el frente legislativo es manifiesta y la guerra de la nueva oposición ya fue declarada. Sin embargo, el proceso constituyente abrirá caminos para generar las leyes impuestas por las definiciones que se aprueben en el plebiscito. No es lo mismo emprender trasformaciones con la Constitución del 80 -su ideología de subsidiariedad y sus quorum supramayoritarios-, que hacerlo cuando se haya escrito una carta magna con mejores estándares de tutela de derechos sociales y una relación de nuevo tipo entre el sector privado y los bienes públicos.

La estrategia de navegar en el Congreso por la corriente constitucional ya la adelantó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, cuando anunció que se abstendría de impulsar la legalización del aborto para aguardar a la consagración constitucional de derechos sexuales y reproductivos. La misma suerte podría tener el sistema nacional de cuidados, la gobernanza de la crisis hídrica y la regulación de concesiones o permisos de explotación de recursos naturales, cuando sean obligaciones de la carta magna.

Los avances podrían resultar lentos y hasta escasos lo que será comprendido por la ciudadanía si el gobierno demuestra que cuidar el equilibrio fiscal no significa servir al poder económico.

Boric debe considerar que las movilizaciones son las aliadas que aumentarán su fuerza ante el Congreso. O sea, no sacarse la banda que le encargó al sindicato textil y guardar para el protocolo la pesada piocha de O´higgins.

Hace cinco meses se conocieron los resultados de la encuesta regional Latinobarómetro: un 86% piensa que en Chile se gobierna para los poderosos. Por cierto, es una sabia conclusión de los encuestados, tras haber sido gobernados por un magnate sin escrúpulos en sus conflictos de interés.  Pero también da cuenta de una ciudadanía vigilante, a la que no le basta que su presidente viva en la comuna de Santiago y se abstenga de usar corbata.

El pueblo, mejor dicho, los pueblos, necesitan renovar sus votos con la democracia; tener certezas de que sus intereses son protegidos, obtener pruebas permanentes de la lealtad de sus gobernantes con los intereses de las grandes mayorías.

Las protestas no se detendrán con los encantos del presidente. Para honrar su pretendido anclaje popular, Boric debe considerar que las movilizaciones son las aliadas que aumentarán su fuerza ante el Congreso. O sea, no sacarse la banda que le encargó al sindicato textil y guardar para el protocolo la pesada piocha de O´higgins.