Hay decisiones políticas que se explican por lo que se defiende y otras por lo que se teme perder. La de José Antonio Kast de sostener al ministro de Justicia, Fernando Rabat, parece pertenecer a las segundas. Desde Europa, en plena gira, el Presidente reafirmó su confianza en el secretario de Estado, asumió personalmente la responsabilidad política por las rebajas de condena a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores y emplazó a la oposición: “Que la presenten y que se vote”.

El respaldo no es un gesto aislado, sino una arquitectura con tres capas. La constitucional: nombrar y remover ministros es facultad exclusiva del Presidente, no del Congreso. La personal: Kast se hizo cargo del costo para que no recaiga solo en el ministro. Y la operativa: llamadas a parlamentarios, una reunión de emergencia del vicepresidente Claudio Alvarado con las directivas de Chile Vamos y un asado con la bancada UDI en Concón.

Pero el blindaje tiene una rareza: protege a la persona, no su tesis. Cuando ratificó a Rabat el 26 de octubre, Kast reconoció que el gobierno había cometido un error y tomó distancia del argumento jurídico con que el ministro justificó los decretos, el apego a la ley y a pronunciamientos de la Corte Suprema. Además, le encargó impulsar reformas y revisar los decretos para revertir sus efectos. El Presidente sostiene así a un ministro que debe corregir lo que él mismo firmó.

¿Un ministro difícil de reemplazar?

Rabat no milita en ningún partido ni pertenece al círculo histórico de Kast, ni siquiera se conocían cuando lo convocó al gabinete. Sin embargo, según Ex-Ante, en siete meses se transformó en una voz escuchada por el Presidente, con asesoría jurídica y legislativa a Seguridad, Transportes, Desarrollo Social y la cartera de la Mujer, un asiento en el comité de seguridad y un rol de acompañante de otros ministros en el Congreso. Esa utilidad operativa explica parte de la resistencia a soltarlo.

A eso se suma el precedente. Ceder en pocas semanas ante la oposición, las encuestas y los aliados instalaría la idea de un Mandatario que gobierna a pedido. Por eso la frase de que a los ministros los nombra y los cesa el Presidente suena más a defensa de una prerrogativa que de una persona. El problema es que responde a quién puede removerlo, no a por qué no lo hace.

El costo se acumula

La última Cadem, del 1 de noviembre, muestra una aprobación presidencial de 26%, su mínimo, y un 70% en desacuerdo con que Kast mantenga a Rabat, seis puntos más que cinco días antes. La desaprobación del ministro llegó a 78%, y un 81% considera que debió ponderar las consecuencias políticas y sociales de sus decisiones. Criteria registra 25% de aprobación y 72% de rechazo a la continuidad de Rabat; Pulso Ciudadano, 22,1% y 74,2%. Son mediciones distintas, pero apuntan en la misma dirección.

La encuesta también cambió quién paga, y la entrevista de Evelyn Matthei en Tolerancia Cero, el lunes por la noche, lo dejó en evidencia. La excandidata presidencial de Chile Vamos dijo que votaría a favor de la acusación constitucional si fuera parlamentaria, y aclaró que no lo haría por creer que existe una falla constitucional, sino porque “ese ministro ya no es viable”. Comparó a Rabat con una gangrena que hay que cortar para que no muera el paciente completo, afirmó que ella lo habría removido de inmediato y habló de una preocupante falta de criterio, tanto en el Presidente como en quienes en el gabinete defendieron mantenerlo. Ese es el efecto central del blindaje: lo que pudo ser una crisis ministerial se transformó en una decisión presidencial, con su costo asociado.

A eso se agrega el frente penal. El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que Rabat tiene calidad de imputado por una denuncia de los diputados Luis Cuello y Juan Santana por prevaricación administrativa. Valencia precisó que esa condición deriva de la existencia de una denuncia nominativa, sin juzgar su mérito, y Rabat ha dicho que colaborará y que las decisiones correspondían a una comisión legalmente facultada. Nada de eso acredita un delito, pero mantiene el tema abierto semana a semana.

La calle también presiona

Este martes, pasadas las 19.00 horas, organizaciones feministas se concentraron en la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda y al Ministerio de Justicia, para exigir la renuncia de Rabat. La manifestación fue pacífica, con intervenciones artísticas y consignas dirigidas a la sede de Gobierno, y terminó tras dos horas sin incidentes ni enfrentamientos con Carabineros. 

Es la segunda semana consecutiva en que agrupaciones sociales y feministas salen a las calles de la capital por las rebajas de condena, que beneficiaron a 56 condenados por delitos sexuales contra menores y a dos por violaciones a los derechos humanos. La convocatoria, además, no se limitó a Santiago: se extendió a otras ciudades del país.

La vocera de la organización 8 de Marzo, Margarita Peña, apuntó directamente a la jornada de respaldo del Presidente: Kast había reafirmado su confianza en el ministro desde Roma horas antes, y por eso, dijo, el Mandatario “es el que está en problemas”. Su crítica no pasa por si existe o no una falla constitucional, sino por una promesa incumplida: que el gobierno prometió estar del lado de las víctimas y perseguir a los delincuentes, y hace lo contrario. Es el flanco que la defensa jurídica de Rabat no cubre. La calle no vota la acusación, pero instala el argumento de coherencia política en el mismo momento en que el Presidente lo desafía a votarla, y se suma al rechazo que ya muestran las encuestas.

La derecha en la encrucijada

El respaldo presidencial no ha ordenado a los suyos. RN emitió una declaración que cuestionó la conducción política de la crisis; Andrea Balladares y Luciano Cruz-Coke insistieron en sus reparos tras la cita en La Moneda, mientras el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, admitió un error político pero sostuvo que no constituye infracción constitucional. La senadora María José Gatica abandonó el comité político ampliado, y Andrés Longton renunció a la subjefatura de la bancada RN tras defender al ministro. El diputado Hotuiti Teao recibió una llamada del propio Kast y mantuvo su postura.

Lo más relevante de Matthei no es su voto hipotético, sino su argumento. Al separar lo constitucional de lo político, desarma justamente la distinción en la que descansa la defensa del Gobierno: se puede dudar de que existan causales y, aun así, concluir que el ministro no puede seguir. Además advirtió que, si Rabat permanece, “le van a vetar de todo”, y que el Ejecutivo no está siendo leal con su propia coalición. Es una voz externa al Congreso, pero funciona como una señal para los parlamentarios de Chile Vamos que dudan. Ramírez la despachó como una opinión personal, y RN ha precisado que no ha pedido la renuncia y que esa decisión le corresponde al Presidente.

La aritmética importa. El 29 de octubre la Cámara aprobó por 68 votos a favor, 42 en contra y 7 abstenciones una resolución que pedía la salida de Rabat y de los subsecretarios Silva y Mira. La oposición tiene 65 diputados; seis de los votos favorables vinieron de Chile Vamos y parte importante del PDG también apoyó, mientras 12 opositores estuvieron ausentes. Con esos datos, los impulsores de la acusación calculan cerca de 80 votos, por sobre los 78 que dicen necesitar. Son cálculos, no compromisos: los 14 diputados del PDG esperan conocer el libelo antes de definirse.

Por eso el desafío de Kast es de doble filo. “Que la presenten” busca llevar la discusión a un terreno donde el argumento jurídico, que exige causales específicas y distingue la pérdida de confianza de una infracción constitucional, favorece al gobierno. Pero Matthei mostró que ese terreno es frágil, porque se puede rechazar la tesis constitucional y votar a favor igual, y además la acusación obliga a cada parlamentario oficialista a votar sobre Rabat en público, con una mayoría ciudadana en contra. 

Si el libelo prospera con votos de la derecha, no será solo la caída de un ministro, sino la derrota de la autoridad que el Presidente puso en juego. Y si fracasa, quedará una coalición que pagó el costo de salvarlo. La pregunta de fondo ya no es si Rabat sobrevive, sino qué le queda a Kast si sobrevive en estas condiciones.