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Domingo, 28 de Noviembre de 2021
Fin al centralismo

La discusión sobre descentralización en la Convención que pondrá freno al hiper-presidencialismo

Camila Higuera

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Integrantes de la Comisión (3) de Forma de Estado
Integrantes de la Comisión (3) de Forma de Estado

El clima político e intelectual de la Convención no solo camina hacia reducir las atribuciones ejecutivas del Presidente, sino que también a que tenga menos peso sobre las decisiones en los territorios, con lo que se reducirá la injerencia de Santiago. Varios convencionales cuentan a INTERFERENCIA cuales son sus ideas, aunque advierten que siguen a la espera de las audiencias y consultas que nutrirán la discusión definitiva.  

La Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal (o Comisión 3), tiene la labor de discutir cómo se transformará el actual modelo político y administrativo centralizado en Santiago, para que los distintos territorios puedan tener mayor autonomía y poder de decisión sobre sus necesidades locales. En eso hay amplio acuerdo.

Según lo establecido en el Artículo 64 del Reglamento General de la Convención, esta Comisión tiene como objetivo mínimo abordar temáticas tales como la estructura organizacional y la descentralizada del Estado, los gobiernos locales, las autonomías territoriales e indígenas, los territorios insulares y las zonas extremas, la reforma administrativa, la igualdad y las cargas tributarias, entre otras.

La Comisión 3 tiene como coordinadores a Jenniffer Mella (FA) y a Adolfo Millabur (escaño reservado del pueblo mapuche), quienes fueron electos por los 25 convencionales miembros del espacio el 19 de octubre. Desde entonces, los integrantes de la Comisión han recibido audiencias públicas tanto en la sede principal de la Convención en el ex Congreso en Santiago como fuera de la capital. 

Este pasado martes sus 25 miembros se trasladaron hasta la Región de Valparaíso y sesionaron en las comunas de Putaendo y Calle Larga, mientras que hoy jueves la Comisión llegará hasta las comunas de Peumo y Malloa en la Región de O’Higgins. 

La Comisión 3 tiene como objetivo mínimo abordar temáticas tales como la estructura organizacional y la descentralizada del Estado, los gobiernos locales, las autonomías territoriales e indígenas, los territorios insulares y las zonas extremas, la reforma administrativa, la igualdad y las cargas tributarias, entre otras.

Desde instalada la Convención, el tema de la descentralización ha estado en el centro de la discusión. Y es que un espacio donde se reúnen 154 convencionales de todos los rincones del país, por lo que la perspectiva de los territorios ha sido fundamental para abordar las discusiones políticas que decantarán en una propuesta de nueva Constitución. En ese sentido, las críticas al centralismo con que han operado hasta ahora las políticas públicas se han hecho más presente que nunca. 

Si algo está claro es que cada territorio tiene sus particularidades, realidades y necesidades diferentes, por lo que la vieja política donde todas las decisiones se toman desde la capital ya quedó obsoleta. De esta forma, desde que se inició el espacio constituyente la descentralización ha sido uno de los principios que se ha aplicado junto a la plurinacionalidad y la paridad de género al momento de integrar las comisiones, la mesa directiva e incluso al momento de otorgar las palabras en el Pleno.

Si bien la Comisión recién se encuentra en el periodo de audiencias y aún falta que se ingresen iniciativas populares de norma, el resultado de los cabildos, asambleas territoriales y la consulta indígena, ya se vislumbran algunas ideas que rondarán el debate. 

Es evidente que para los convencionales la forma y estructura organizacional del Estado que ha existido hasta ahora ha funcionado en desmedro del correcto desarrollo de las regiones y territorios lejanos a la capital. También se tiene claro que las medidas de descentralización que se adopten estarán completamente ligadas a la forma de gobierno que establezca la Comisión sobre Sistema Político (Comisión 1) y las atribuciones que tenga o no tenga el Ejecutivo en el nuevo modelo.

Con Rapa Nui en el horizonte

“Yo creo que la principal relevancia, no solo para mi, sino que de los escaños en esta Comisión, es profundizar con respecto a la autonomía como principio; autonomías territoriales indígenas”, dice a INTERFERENCIA la convencional Tiare Aguilera, representante del pueblo Rapa Nui y vcepresidenta de la Convención.

Aguilera indica además que si bien Rapa Nui es considerado como un territorio especial por la actual Constitución, que reconoce su autonomía y autoridades ancestrales, esto no se ha podido implementar debido a falta de voluntad política. Sin embargo, menciona que el antecedente de la autonomía de la isla puede ser un gran referente al momento de que se sienten las bases respecto a la materia. 

Y es que en 1888 el pueblo Rapa Nui firmó un tratado de voluntades con el Estado de Chile. En aquel pacto, el Estado anexó el territorio de la isla al territorio nacional, mientras que al mismo tiempo reconoció la autoridad de la Honui –Consejo de Ancianos conformada por los jefes de los 36 clanes– y la mantención del derecho de propiedad sobre sus tierras. 

Se reconoció que tanto Rapa Nui como el Archipiélago de Juan Fernández son territorios especiales, por lo que su gobierno local y administración se regirá bajo estatutos también especiales, según indica el Artículo 126 BIS de la Carta Magna. A la fecha estos estatutos especiales aún no existen.

Más de cien años después, en 2007, mediante una reforma a la Constitución actual, se reconoció que tanto Rapa Nui como el Archipiélago de Juan Fernández son territorios especiales, por lo que su gobierno local y administración se regirá bajo estatutos también especiales, según indica el Artículo 126 BIS de la Carta Magna. A la fecha estos estatutos especiales aún no existen.

Este tratado y las otras normativas que reconocen cierta autonomía del territorio insular polinésico, sirven como antecedentes. “También da las directrices de cómo se debería implementar esta autonomía. No sólo en términos administrativos, sino que también políticos. Porque en ese tratado, el Estado de Chile reconoce a las autoridades tradicionales y eso es autonomía política”, agregó la convencional Aguilera.

Esta propuesta de autonomía política está acompañada además de una autonomía fiscal, puesto que Rapa Nui también está exenta del pago de tributos según establece la Ley 16.441, más conocida como Ley Pascua.

Ideas previas a las consultas territoriales

En ese sentido, la convencional representante de Aysén, Yarela Gómez (FA), mencionó que su zona también debiera ser considerada como territorio especial por sus características geográficas y culturales. Sin embargo, plantea que la descentralización no trata solamente del aspecto administrativo, sino que conlleva una serie de cambios en la estructura de gobernanzas territoriales. 

Si bien Gómez indica que las definiciones del nuevo modelo de ordenamiento del Estado tienen que ser discutidas por todos los integrantes de la Comisión en base a lo expuesto en las diversas instancias de participación popular, agrega que “hay que hacer un avance para que los gobiernos locales sean efectivamente gobiernos y no administraciones municipales”.

Otro de los aspectos importantes para la convencional de Aysén tiene que ver con cómo los territorios podrán o no administrar sus propios recursos naturales y lo importante que es repensar la relación que existe con el uso del agua. 

“Hay que hacer un avance para que los gobiernos locales sean efectivamente gobiernos y no administraciones municipales”, dice la convencional Yarela Gómez (FA) de Aysén.

“Nuestro territorio posee muchas islas, por lo que pensar el maritorio para nosotros es crucial. Pensar en las costas, visualizar un territorio en el que no entre la disociación de la tierra y el agua, que ha sido como se ha venido visualizando, sino como un todo. Es una nueva forma que tenemos que poder instalar en la nueva Constitución. Vamos a tener que mirar qué hacemos con las cuencas hidrográficas y cómo generamos esa administración”, manifesta la convencional a esta redacción.

Por otro lado, el convencional César Uribe (Pueblo Constituyente, por el Distrito 19: Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Cobquecura, Coelemu, Coihueco, El Carmen, Ninhue, ñiquén, Pemuco, Pinto, Portezuelo, Quillón, Quirihue, Ránquil, San Carlos, San Fabián, San Ignacio, San Nicolás, Treguaco, Yungay) dice que si bien piensa que “el Estado unitario no tiene mucha chance de mantenerse como está”, aún no tiene claro si prefiere un modelo federal o regionalista parecido al de España.

Para Uribe es una discusión que aún se tiene que dar y que estas son algunas ideas que se han cotejado de manera general en la Comisión. El convencional además plantea que el sistema de Estado está estrechamente vinculado con el sistema político que resulte. “Por ejemplo, el sistema regionalista o federal hace que derechamente el sistema hiper presidencial que hoy existe ya no va”, puntualiza a este periódico.

En esa misma línea, Uribe plantea que si bien es necesario que se fortalezcan los gobiernos comunales, este no puede reproducir los vicios de la concentración de poder. “Los gobiernos comunales tienen que ser muy potentes, pero no desde la toma de decisiones de forma jerárquica. Si se genera una autonomía comunal, por ejemplo, está bueno, pero esta autonomía realmente se entiende no desde un poder jerárquico -que puede ser un hiper alcaldismo- como el hiperpresidencialismo”, dice.

"Algunos países latinoamericanos hicieron esas modificaciones de normas que quedaron muy bonitas en la Constitución pero que han pasado casi diez años y aún no han logrado implementar”, advierte la convencional Geoconda Navarrete (Evópoli) de Aysén.

Mientras que la convencional Geoconda Navarrete (Evópoli, también por Aysén) planteó que es necesario repensar una nueva forma de distribución político administrativa del país que permita el funcionamiento descentralizado del país, siendo cuidadosos de no instalar un modelo que luego en la práctica no pueda ser aplicada. “Por ejemplo, algunos países latinoamericanos hicieron esas modificaciones de normas que quedaron muy bonitas en la Constitución pero que han pasado casi diez años y aún no han logrado implementar”, advierte la convencional.

“Nuestro mayor trabajo está centrado en cómo reordenar el territorio conforme a vocaciones productivas, a la historia e idiosincrasia para poder ayudar a la descentralización. Es decir, que los territorios puedan tener una mayor autonomía y capacidad de decidir sobre sus destinos y sobre su progreso”, agregó Navarrete. 

La convencional, rescata el hecho de que los problemas derivados de la centralización afectan a cada territorio de manera particular pero que también tienen aspectos en común. Esto -a su juicio- quedó de manifiesto en la visita a terreno que realizaron el pasado martes. “Vemos que lo que cobra más importancia son las necesidades o las brechas que existen hoy día en los distintos territorios se repiten en términos de infraestructura, de acceso a servicios, de facilitar la vida del ciudadano común y corriente”, puntualiza Navarrete. 

Si bien la Comisión recién se encuentra en el periodo de audiencias y aún falta que se ingresen iniciativas populares de norma, el resultado de los cabildos, asambleas territoriales y la consulta indígena, ya se vislumbran algunas ideas que rondarán el debate.

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